Más pobreza, más represión
Hace pocas semanas, a través de un riguroso estudio, Unicef precisó que el 48,20 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país se sitúa en el plano de la pobreza, a lo cual se debe agregar el aumento de la inseguridad alimentaria.
Hace pocas semanas, a través de un riguroso estudio, Unicef precisó que el 48,20 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país se sitúa en el plano de la pobreza, a lo cual se debe agregar el aumento de la inseguridad alimentaria. Nadie seriamente puede suponer que la gravedad que implica que la mitad de nuestra niñez viva en la pobreza puede constituir un hecho aislado del conjunto de medidas económicas que agravian fuertemente a las familias más humildes y despojan de derechos fundamentales a los niñxs que las componen. Este modelo económico define conceptualmente a esta franja de la población como “descartable”, expresado muy gráficamente cuando la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires hizo pública su opinión sobre la imposibilidad de que los niños pobres lleguen a la universidad.
En las últimas horas, la ministra de Seguridad de la Nación y otros funcionarios nacionales relanzaron la campaña destinada a bajar la edad de imputabilidad. En declaraciones públicas, la ministra Patricia Bullrich expresó que “hoy la edad de imputabilidad es de 16 pero estamos creando una imputabilidad penal a los 15 y una imputabilidad administrativa a cualquier edad”. Esta afirmación, acompañada de datos inexactos, desconoce por un lado las obligaciones del Estado nacional con el derecho internacional de los derechos humanos, expresado en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 40) y muy especialmente con las recientes observaciones y recomendaciones efectuadas por el Comité de Naciones Unidas, en las cuales explícitamente se requiere que las modificaciones de la legislación penal juvenil se efectúen de acuerdo a los estándares internacionales y sin disminuir la edad mínima penal. Al mismo tiempo, bajo la denominación de imputabilidad administrativa, Bullrich argumentó: “Será un régimen muy estricto compuesto de imputabilidad y tratamiento”. El avance en esta dirección implicaría un profundo retroceso en el sistema jurídico elaborado en armonía con la Convención mencionada y retomaría los principios del Patronato y, consecuentemente, el desconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos.
Mientras estos anuncios movilizan a sectores de la sociedad civil, las iglesias, los partidos políticos democráticos, los sindicatos y el mundo académico, para rechazar la iniciativa exigimos simultáneamente que se garantice el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales que resguardan y protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Por Norberto Liwski
* Ex vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas; presidente de Defensa de los Niños Internacional Sección Argentina.
