Paritarias santafesinas: la tensa disputa entre inflación e ingreso
La recomposición del salario el año pasado fue atrás de la inflación en todos los gremios. La negociación de este año arranca con saldo negativo
La recomposición del salario el año pasado fue atrás de la inflación en todos los gremios. La negociación de este año arranca con saldo negativo
El combo de inflación récord por encima del 47%, megadevaluación y tarifazos, que impactaron el año pasado en el costo de vida de los trabajadores _tanto privados como estatales_ llevaron a un esquema de discusión salarial que parece no tener principio ni fin. Pese a las cláusulas gatillo y revisiones periódicas, los asalariados perdieron alrededor 20 puntos de poder adquisitivo y con ese desfase comienzan las discusiones de un año que promete ser muy duro para el bolsillo de argentinos.
De arranque y en un lapso de pocas semanas, las estimaciones de inflación para 2019 fueron subiendo conforme se dieron a conocer los informes oficiales y privados. Ya no hay dudas de que el piso será de un 30%, bajo el supuesto de que no haya un salto abrupto del precio del dólar, considerando las presiones que el calendario electoral ejerce sobre el tipo de cambio. En este contexto, queda analizar cuál será el techo salarial que fije el gobierno, que a priori, si se adecua al 23% de pauta inflacionaria establecida en el presupuesto será una nueva poda sobre el ingreso.
El año pasado el primer techo impuesto por el gobierno y del que se valieron también los privados se sustentó en la meta inflacionaria del presupuesto del 15%. Sin embargo, crisis cambiaria mediante, la mayoría de los sectores encararon procesos de revisión, la mayoría de los cuales incluyeron incrementos que recién se consolidarán en el primer trimestre de este año. Con esa condición, los aumentos de los gremios más representativos cerraron aumentos salariales superiores al 40%, aunque muy pocos lograron empardar a la suba de precios que ya, a enero de este año superó el 50%.
De hecho, esos porcentajes representaron los números de salida de una paritaria que fue muy peleada y revisada a medida que la inflación escalaba. Algunos, incluso se terminan de consolidar recién en el primer trimestre de este año, con lo cual arrastran la inercia inflacionaria de 2018 (ver aparte).
Además, la recomposición salarial del año pasado no logró equiparar la pérdida de los ingresos pese al bono de 5.000 pesos que por decreto dispuso el gobierno ya que, al no tratarse de una suma obligatoria sino que sus condiciones podían ser negociadas entre empresarios y gremios, no llegó a todos los sectores.
«El poder adquisitivo de la remuneración normal y permanente desestacionalizada, considerando la evolución del IPC-Indec y REM, se retrajo 21,5% en la comparación entre el promedio del poder adquisitivo promedio de 2015 y el medido en diciembre de 2018, es decir, unos $7.046 mensuales, considerando la remuneración normal y permanente de $32.776 en diciembre de 2018», graficó el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), en un diagnóstico sobre la situación laboral y social de la Argentina, a tres años de la gestión de Cambiemos.
A ello Cepa agrega el bono de 5 mil pesos, aunque con varias apreciaciones al respecto: no lo cobran todos, las actividades o sectores en crisis o «declinación productiva» pueden discutir plazos y montos alternativos, y se compensa con montos de bonos y reaperturas paritarias de cada gremio.
Recientemente la Junta Interna de ATE Indec dio a conocer su informe de la Canasta de Consumos Mínimos, que al mes de diciembre de 2018 significó $39.409. Con un salario mínimo oficial hoy a $11.300 y «casi la totalidad de las paritarias cerradas muy por debajo del 49% de inflación interanual a enero, se calcula que cada estatal perdió $112.940 entre 2015 y 2018», detalló.
Con una perspectiva inflacionaria para este año superior al 30%, la Junta Interna también realizó el cálculo de cuánto perdieron los empleados de la Administración Pública Nacional entre 2015 y 2019, con paritarias sucesivas muy por debajo de la inflación real. De noviembre de 2015 a diciembre de 2018 para un trabajador categoría D0, que gana $19.607, la pérdida fue de $112.940 (considerando las sumas fijas por única vez), lo que hace un promedio mensual de $3.052, y que representan el 15,6% del salario normal de diciembre de 2018.
A nivel provincial, «si bien la aplicación de la cláusula gatillo mitigó en parte este abismo, la realidad es que llega tarde y mal. Salvo en el caso de trabajadores municipales cuya aplicación es automática, para el resto de dependientes del Estado provincial la recomposición llegó con dos o tres meses de retraso, operando a la baja salarial. Es decir, no se recompone el poder adquisitivo y se lo reduce con la tardía aplicación del gatillo. A eso se suma el sostenimiento de mecanismos de precarización laboral que cercenan derechos a parte de los trabajadores y trabajadoras», señala un informe difundido por la CTA Autónoma Rosario.
Con gatillo no basta
«Sólo con la cláusula gatillo no recomponemos salarios», planteó el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad, y reclama que los trabajadores de la provincia recuperen el poder adquisitivo y se termine con el trabajo en negro. «La aplicación de esta cláusula, con dos meses de atraso, nos llevó a que el aumento que percibimos en el mes de diciembre (de 2018) sea del 41,6% con una inflación anual del 49,3%. A lo que se suma que en algunos meses hemos perdido entre el 10% y el 15% del poder de compra del salario», señaló el gremio.
«Entendemos que en comparación con algunas provincias esta cláusula fue un paliativo que amortiguó en parte la devaluación de nuestros sueldos. Pero la discusión salarial para 2019 debe centrase en cómo recomponer salarios para jerarquizar nuestras funciones y el sistema público de salud; que el superávit fiscal de más de 1.000 millones de pesos declarado por el Ministro de Economía, Gonzalo Saglione, se vuelque a garantizar no sólo la inversión en infraestructura sino en el recursos humanos que garantice la atención en el Hospitales y centros de salud»
«Si yo miro mes a mes lo que cobró cada trabajador en algún gremio determinado o en términos promedios en salarios registrados, y lo comparo con la inflación, nos vamos a encontrar con una sorpresa brutal. Por ejemplo, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2018 el conjunto de los salarios perdió para cada trabajador, 4,8 veces su salario actual. Es decir, un salario actual de 30 mil pesos, perdió casi 150 mil», estimó el economista Sergio Arelovich, integrante del Mirador de la Actualidad de la Economía y el Trabajo (Mate).
«Las paritarias a la baja en la mayoría de los sectores, generaron una pérdida entre 5 y 10 puntos del salario en el segmento estatal. De 2015 en adelante, los salarios del sector público crecieron por debajo del privado y los en negro, por debajo de esos dos. La perspectiva en función de cómo fueron elaborados los presupuestos y los antecedentes acreditables, lo que ya ocurrió en los procesos de paritarias estatales ya sea nacional, provincial o municipal en el caso de 2016, 2017 y 2018, ratifican que es trascendente, con lo cual los recursos crecieron más que los salarios, la inflación más que los recursos y nada hace pensar que en 2019 esto vaya a cambiar. Los salarios, por su peso en el gasto público, van a disminuir brutalmente», vaticinó Arelovich.
Y agregó que la transferencia de ingresos del sector asalariado al del capital en los últimos tres años ha sido de más de 1,2 billones de pesos.
La discusión que arranca
Amsafe Rosario, ATE Rosario y el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), plantearon cómo viene el panorama de situación paritaria. La docencia pública presentó un informe en su primera asamblea de delegados de 2019, (el 5 de febrero último), donde dio cuenta de cómo la aplicación tardía de la cláusula gatillo atenta contra el poder adquisitivo de los salarios. A la par, se denunció que «un 65% de compañeros que no tienen vivienda propia alquilan, destinando un 60% del salario solo en el alquiler y un 30% de nuestros compañeros viven de prestado».
Los estatales de ATE vienen reclamando que sus salarios se equiparen a la canasta de consumos mínimos que difunde ATE Indec, pero la realidad es que una buena parte de ellos está incluso por debajo de la línea de pobreza.
Siprus, en tanto, planteó en su primera reunión paritaria celebrada días atrás la necesidad de una recomposición salarial de $46.000 para el cargo de 24 horas y en ese camino un aumento que contemple como mínimo la inflación que se proyecta en más del 35%, más un porcentaje que permita recuperar lo perdido en 2018. Además, piden el sostenimiento de la cláusula gatillo como resguardo. En la misma línea de pelea contra la precarización, exigen pases a planta y equiparación de salario para los monotributistas, entre otros puntos.
Esta semana los gremios estatales de Santa Fe volvieron a reunirse en la mesa paritaria. Allí, el gobierno provincial planteó sostener la cláusula gatillo en los salarios, aunque con la condición que la herramienta esté atada a que el índice de inflación no sea mayor a los ingresos del gobierno provincial.
Atendiendo que las estimaciones de subas de precios están por encima de lo que la Nación presupuestó y en un escenario recesivo que deprime la recaudación, desde Santa Fe buscan evitar un rojo en las cuentas si atan el salario a la inflación.
Por su parte, los no docentes de la Universidad Nacional de Rosario nucleados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) lograron «una recomposición salarial en forma de paliativo tendiente a recuperar poder adquisitivo a cuenta de futuros acuerdos». Por lo pronto, se logró una suma fija para los meses de enero y febrero a cuenta del desfase producido en el período marzo 2018 y febrero 2019. Los montos van de $1.500 a $2.400 pesos, según la categoría, que «será ingresado en el básico y el adicional por grado en el momento que comiencen las negociaciones correspondientes al año en curso pautado para marzo próximo», explicó Miguel Roldán secretario general de la Asociación del Personal de la UNR (Apur).
En tanto, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) gestiona una suba salarial «que permita a los docentes recuperar el valor adquisitivo a fin de hacer frente a las fuertes subas en los costos de las tarifas de los servicios públicos y de la canasta básica de alimentos, además de continuar con la implementación de la cláusula de actualización dada la inestabilidad económica».
En enero y febrero de 2019 impactó el 10 % restante para completar el 25% obtenido por la Unión del Personal Civil de la Nación para 2018. A lo largo del año pasado el gremio logró distintas sumas fijas no remunerativas por un total de $6 mil pesos, más el bono de $5 mil de fin de año.
Mientras tanto, los empleados municipales santafesinos ya tuvieron su primera reunión paritaria de 2019 con intendentes y presidentes comunales. La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) adelantó que pedirá un ajuste del 30% con cláusula gatillo y planteó que la primera parte del aumento «sea fuerte» para compensar la pérdida de poder adquisitivo registrada en 2018. Con la última paritaria el sueldo básico de un agente municipal llegó a $19.400, mientras que el salario promedio se ubicó en $35 mil.
El sector privado
El gremio de la construcción (Uocra) logró en 2018 un 25% de aumento salarial en cuotas. A este porcentaje se sumó en enero un 3%, y en marzo se agrega un 7%. El sindicato obtuvo el bono de 5 mil pesos, en tres cuotas.
En tanto, el sindicato del sector automotriz (Smata) también obtuvo un 25% de suba de haberes en 2018, remunerativo y no acumulativo, en tres partes: la tercera impacta el mes que viene.
El sindicato del Vidrio cerró recientemente con las cámaras empresarias del sector su paritaria 2018 con un 44% total, desdoblado en un 26,2% a mediados del año anterior y un 13,8% para los meses de enero, febrero y marzo de 2019, cuando ya arrancan las paritarias nuevamente, refirió Marcelo Ayimen, secretario general del gremio.
Uno de los sectores que logró empatarle a la inflación fue el de los bancarios, por caso el rubro que más ganó con el gobierno de Mauricio Macri. Con esa premisa, el gremio logró cerrar una paritaria en 2018 de 47,6%. El último ajuste lo lograron la semana pasada, cuando tras conocerse los datos de inflación oficial acordaron con las cámaras un incremento adicional de un 1,6% retroactivo al mes de diciembre del año pasado.
El aumento se calculará sobre las remuneraciones correspondientes al mismo mes del año anterior y se liquidó el 5 de febrero pasado.
Pero además ya habían abierto la discusión de este año y habían pactado un aumento del 7% para enero y febrero, el cual ahora, deberá liquidarse sobre la remuneración ahora actualizada con este 1,6%.
«Falta discutir lo que se pierde en el camino»
El criterio de cálculo de los aumentos salariales en base al índice oficial de inflación se impone como la única forma de fijar el sueldo de los trabajadores, pero «no se discute lo perdido en el mientras tanto», señaló el economista Sergio Arelovich, integrante del Mirador de la Actualidad de la Economía y el Trabajo (Mate).
En orden de importancia, el economista definió que la pelea por el salario tiene al menos tres dimensiones. «La primera, tan vieja como el capitalismo, tiene que ver con la construcción de demanda de los trabajadores en términos de lo que representaba el salario en general. Eso forma parte de los cuerpos normativos constitucionales o paraconstitucionales de todos los países del mundo. Hay una garantía, un concepto socialmente aceptado, aunque cuestionado siempre por el neoconservadurismo de que el salario tiene que remunerar la fuerza del trabajo, por lo tanto debe haber un piso que no tiene que ver con lo que fije el mercado sino con la necesidad».
Esa es la historia de la construcción de los índices de precios al consumidor «que originalmente se hicieron para medir la evolución de los precios, la canasta básica, para definir cuánto tiene que medir el salario. Esto no se discute: está el artículo 14 bis, en la Constitución Nacional, la ley 20.744 de empleo que lo reconocen, pero el Consejo del Salario, desde que existe, nunca mide de cuánto debería ser el salario para cubrir la garantía constitucional enunciada en el 14 bis», dijo.
La segunda dimensión se vincula a cuánto debería participar el conjunto de los salarios en el reparto de la torta a nivel macroeconómico y la tercera, «es la evolución del salario respecto de la inflación y que no deberíamos discutirlo si tuviéramos resueltas las dos anteriores», resumió.
Arelovich lamentó que «todo se reduzca a discutir la inflación, es decir, cómo hago para que el salario que ahora cobro tenga el mismo poder de compra que tenía en el punto de origen o en el acuerdo anterior». En ese sentido, el economista observó que el índice de precios del Indec presenta como problema principal que «toma como base incidencia de la canasta de consumo de hogares de 2004/2005, mirando el paleozoico»», ironizó.
Sucede que «la canasta actual tiene una estructura totalmente diferente, en particular los servicios de vivienda, que por entonces sumaban el 11% del gasto, mientras que hoy ello implica entre un 35% y un 40%», dijo. De esta manera, el cálculo oficial «no está mal relevado, sino mal ponderado».
Inflación vs salario
Otra observación de Arelovich tiene que ver con el desfase entre la inflación y los acuerdos paritarios, que llegan mal y tarde, como se dice desde el sector gremial. «Por ejemplo, si medimos punta contra punta enero a diciembre de 2018, vemos que la inflación creció casi el 48%, pero ¿cuánto creció el salario promedio?. Ese ejercicio sirve, pero hay que rodearlo de «peros»: la mayoría de los acuerdos salariales no se pagaron desde el 1º de enero sino en cómodas cuotas, algunas con cláusula gatillo. Hay que ver entonces cuándo se cobró efectivamente en relación con la inflación, no solamente mensual sino la acumulada».
«Lo mejor que podría hacer, en el mejor de los casos, es restaurar el poder de compra que tenía en el punto de origen, pero no se discute lo que se pierde en el camino, que es mucho más importante», consideró.
«Si miro mes a mes lo que cobró cada trabajador en algún gremio determinado o en términos promedios en salarios registrados y comparo con la inflación, nos encontramos con una sorpresa brutal: desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2018 el conjunto de los salarios perdió para cada trabajador 4,8 veces el actual. O sea que alguien que percibe hoy 30 mil pesos, perdió casi 150 mil, aunque le restauren el poder de compra que tenía en 2015», dijo.
Con todo lo expuesto, Arelovich concluyó que «lo que se fue perdiendo en el camino se puede rectificar con las escasas pero útiles mediciones que hace Indec en materia de distribución del ingreso. Todo ello ahondado por la desocupación, la caída de las horas extras, la disminución de las horas de trabajo, las suspensiones, que demuestran que hay una pérdida que se refiere a la inflación, y que no se recupera en el corto plazo. Lo que dejaste, como las vacaciones que no tomaste en 2016, la salud que perdiste por no comprar remedios, el deterioro es irrecuperable».
