El Congreso busca avanzar con una norma que ponga freno a los incendios intencionales. Los empresarios que se benefician con el ecocidio recorren despachos de gobernadores, diputados y funcionarios para evitar el debate.<\/p>\n
Las asociaciones empresarias que nuclean a las arroceras, la Sociedad Rural, la Federaci\u00f3n Agraria, grandes productores agropecuarios, empresas agroexportadoras y mineras juegan fuerte para evitar la sanci\u00f3n de una ley de presupuestos m\u00ednimos para resguardar a los humedales. El lobby de los sectores interesados en frenar el debate de la norma no es novedad. La ley fue frustrada dos veces en los \u00faltimos a\u00f1os por la acci\u00f3n de corporaciones que tienen intereses sobre esos territorios. Desde las distintas organizaciones que reclaman por la preservaci\u00f3n de los ecosistemas humedos no dudan en se\u00f1alar que los dirigentes y empresarios que recorren los pasillos del Congreso para hacer naufragar el debate, son responsables de los incendios intencionales que desde hace semanas arrasan con las reservas naturales.<\/p>\n
Los incendios de los \u00faltimos meses en el Delta del Paran\u00e1 volvieron a poner en el centro de la escena la urgencia de sancionar una ley que regule las actividades en los humedales, pero al mismo tiempo dejaron expuestos a los sectores que utilizan el fuego como el primer engranaje para poner en marcha sus negocios. Muchos de los denunciados e investigadas por da\u00f1os ambientales tienen v\u00ednculos directos con empresas que militan en contra la cualquier norma que ponga limites al ecocidio. En ese marco, las c\u00e1maras empresarias plantean un falso dilema entre la aprobaci\u00f3n de una ley que proteja el medio ambiente y la actividad productiva. En algunos casos, el poder pol\u00edtico provincial hace suya la postura de las corporaciones y repite los argumentos en reuniones con autoridades y funcionarios.<\/p>\n
En Argentina el \u00e1rea de humedales alcanza cerca de 21,5 por ciento del territorio nacional, seg\u00fan la organizaciones ambientales. En ellos se llevan a cabo plantaciones de arroz, la extracci\u00f3n de litio, la ganader\u00eda –que ha aumentado sus proporciones en una escala desmedida por la expansi\u00f3n de la soja– y tambi\u00e9n se construyen countries, motivo por el cu\u00e1l tambi\u00e9n existe lobby, aunque en una proporci\u00f3n menor, por parte de distintas empresas inmobiliarias.<\/p>\n
Para regular la actividad en estos territorios que cuentan con ecosistemas de gran biodiversidad, que son capaces de regular el caudal de agua, absorber y atenuar inundaciones, se impulsaron leyes en 2013 y 2016. En ambas ocasiones fueron bloqueadas. En julio de este a\u00f1o se presentaron seis proyectos, de los cu\u00e1les el impulsado por el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, es el que m\u00e1s avanz\u00f3. Sin embargo, m\u00e1s r\u00e1pido que la ley, crece el lobby de las grandes corporaciones y el fuego en los humedales.<\/p>\n
Dentro del Congreso, el proyecto divide las aguas dentro de los bloques. La disciplina partidaria no logra, por ahora, romper la l\u00f3gica territorial que impera en el debate. En ese marco, como cada vez que se discute una norma que enfrenta el lobby de un sector poderoso, la desici\u00f3n pol\u00edtica del Poder Ejecutivo resulta determinante. Ante ese escenario, Grosso se mostr\u00f3 optimista y afirm\u00f3 ante\u00a0P\u00e1gina\/12\u00a0que \u00abhay un compromiso de todo el arco pol\u00edtico a que se generen los consensos necesarios para sancionar la ley\u00bb, y agreg\u00f3: \u00abEstamos haciendo un esfuerzo grande para tener la mejor ley posible. Tenemos la decisi\u00f3n pol\u00edtica de avanzar por muchas que sean las resistencias, porque lo que el Estado no regula el mercado lo est\u00e1 destruyendo\u00bb.<\/p>\n
En las distintas provincias las presiones para que no avance proyecto, son variadas. Corrientes es uno de los ejemplos m\u00e1s significativos. Hace unas semanas, la Coordinadora de Entidades Productivas de dicha provincia –de la que forman parte, entre otras, la Asociaci\u00f3n Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Federaci\u00f3n Agraria Argentina (FAA)– lanzaron una declaraci\u00f3n en contra del proyecto, ya que consideran \u201cpreocupantes los efectos que tendr\u00eda sobre el bienestar humano, as\u00ed como sobre el futuro desarrollo econ\u00f3mico de la Provincia, y de una gran extensi\u00f3n de la Argentina\u201d. En el mismo escrito, estas entidades se\u00f1alaron que los proyectos que se debaten en el Congreso \u201cposeen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades; encarecen y amenazan la puesta en marcha de proyectos y podr\u00edan limitar el desarrollo de represas para riego y obras de regulaci\u00f3n y desag\u00fce\u201d.<\/p>\n
Producto de estas presiones, el Senado de la provincia de Corrientes rechaz\u00f3 la normativa que pretende regular la actividad y sus representantes afirmaron que tendr\u00e1 \u00abimplicancias negativas hacia el sistema productivo\u00bb del nordeste del pa\u00eds.<\/p>\n
Chirstian Jetter es uno de los voceros de los empresarios que se oponen a la ley. Es integrante de ACPA y gerente de la empresa Copra S.A, una firma dedicada al arroz y ,en menor medida, a la ganader\u00eda.\u00a0 Jetter afirm\u00f3: \u201cen nuestra provincia no vemos un problema ambiental real. El problema se da en las islas del delta y algunas regiones de Buenos Aires, pero no en la provincia de Corrientes\u201d. A su vez, el gerente de Copra consider\u00f3 que los proyectos de ley podr\u00edan \u201crestringir actividades o poner exagerados controles\u201d sobre las actividades agropecuarias tradicionales. Los hermanos de Chirstian son Ingrid Jetter, diputada por Corrientes de Juntos por el Cambio, y Mart\u00edn Jetter, intendente del municipio correntino de Riachuelo en donde, hasta el momento, se quemaron unas tres mil hect\u00e1reas.<\/p>\n
Por su parte, Jos\u00e9 Antonio Aranda, presidente de Copra, posee tierras en Corrientes y es uno de los productores m\u00e1s grandes de arroz del pa\u00eds. En 2011, junto a la empresa Adecoagro, se unieron para intentar realizar un proyecto que consist\u00eda en represar el arroyo Ayu\u00ed, destruyendo as\u00ed las selvas ribere\u00f1as y humedales, y haciendo desaparecer un arroyo p\u00fablico para convertirlo en un reservorio de agua para fines privados. Si bien ese proyecto logr\u00f3 ser frenado, el empresario continu\u00f3 expandiendo sus plantaciones de arroz sobre las reservas acu\u00edferas, y hoy Copra es una fuerte\u00a0detractora de la ley.<\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3 en di\u00e1logo con\u00a0P\u00e1gina\/12\u00a0Adriana Arzolin,\u00a0licenciada en qu\u00edmica con un posgrado en impactos ambientales y miembro de la Fundaci\u00f3n Humedales, \u201cel proceso de sojizaci\u00f3n y de la expansi\u00f3n de su frontera hizo que el ganado fuera a parar a tierras que antes eran marginales, principalmente al Delta. Ah\u00ed siempre hubo cr\u00eda de ganado, pero en cantidades mucho menores, el problema es que el aumento desmedido\u00bb. \u00abLo que hacen, entonces, es prender fuego los terrenos en los que ahora est\u00e1n los animales para renovar los pastos que son su alimento\u201d, asegur\u00f3 la especialista.<\/p>\n
Otro empresario poderoso que est\u00e1 imputado por la justicia federal de Paran\u00e1 por estar detr\u00e1s de las quemas es Rufino Baggio, descendiente del socio fundador de RBP S.A, la firma que controla la famosa empresa de Jugos Baggio. El empresario tiene 35 hect\u00e1reas en el Delta y miles m\u00e1s en la provincia de Entre R\u00edos. Por otra parte, en la provincia mesopot\u00e1mica tambi\u00e9n fueron imputados otros productores y empresarios como Enzo Federico Vignales; Ra\u00fal \u00c1lvaro Morist y Rachinsky; Esteban Ricardo Morist y Rachinsky; Juli\u00e1n Marcelo Luraschi; Amelia Marta Barinotto y Jos\u00e9 Mar\u00eda Vicenti, cuyas causas se tramitan en el Juzgado Federal N\u00b04 a cargo de El juez federal Marcelo Bailaque. Por su parte, en la provincia de Santa Fe, el fiscal Jorge Onel imput\u00f3 a seis personas acusadas de \u201cprovocaci\u00f3n dolosa de incendios, con peligro para los bienes\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan Arzolin\u00a0\u201ces importante desmontar es ese discurso que quiere hacerle creer a la gente que si sale una ley de humedales no se va a poder hacer nada. Eso es lo que vienen agitando ciertos sectores que no quieren ning\u00fan tipo de regulaci\u00f3n. El objetivo de la ley es ordenar y ver la aptitud que tiene cada uno de los suelos para la producci\u00f3n. Ahora se est\u00e1 haciendo cualquier cosa y la prueba son los fuegos incontrolables\u201d. \u201cLo que puede hacer una ley es determinar la capacidad de carga del ecosistema, qu\u00e9 actividad y con qu\u00e9 intensidad se puede usar cada humedal. Obviamente habr\u00e1 algunos muy fr\u00e1giles en los que no se podr\u00e1 hacer nada y otros que podr\u00e1n seguir siendo usados en condiciones ordenadas y bajo ciertas normativas\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n
Con respecto a los debates en el Congreso, la experta indic\u00f3 que \u201chay un lobby muy poderoso, pero lo que tienen que entender los empresarios es que los humedales contienen agua que son un bien com\u00fan. Las reservas naturales son de todos, no de un pu\u00f1ado de gente y con este desmadre que hay son pocos los que ganan y muchos los que nos perjudicamos\u00bb. Luego Arzolin agreg\u00f3 que \u00abpor supuesto que luego habr\u00e1 que hacer cumplir la ley, sabemos que no nos dar\u00e1 una soluci\u00f3n absoluta, pero ser\u00e1 una herramienta m\u00e1s que es sumamente necesaria\u00bb<\/p>\n
El Congreso busca avanzar con una norma que ponga freno a los incendios intencionales. Los empresarios que se benefician con el ecocidio recorren despachos de gobernadores, diputados y funcionarios para evitar el debate.\u00a0
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