Entre 2020 y 2021 se detectaron 18 situaciones de explotaci\u00f3n. Estos delitos suceden en un radio menor a 40 kil\u00f3metros de la capital provincial. El caso Lamas, testigo de los abusos que pocos ven.<\/p>\n
A mediados de abril, se viraliz\u00f3 un video en el que se puede ver c\u00f3mo un hombre, conduciendo un tractor, aplasta a un joven trabajador rural con el veh\u00edculo contra un poste. Aunque estos casos de extrema violencia por parte de los propietarios de la tierra contra quienes la trabajan son poco comunes, la precariedad y el abuso en el campo son m\u00e1s habituales de lo que se piensa. En 2020 y el primer semestre de 2021, el Ministerio de Trabajo de la Naci\u00f3n ha realizado 289 inspecciones y labrado 18 actas por encontrar situaciones de explotaci\u00f3n.<\/p>\n
Esto se explica, en parte, por la concentraci\u00f3n de las propiedades agr\u00edcolas. Seg\u00fan datos del Censo Agropecuario Nacional, en 20 a\u00f1os, se pas\u00f3 de 7 mil explotaciones (registradas en el censo de 1998) a 2.700 -en el de 2018-, mientras que las hect\u00e1reas se mantuvieron estables, en torno a las 30 mil. Como los due\u00f1os de la tierra son pocos y las opciones para trabajar, reducidas, muchos chacareros toleran situaciones precarias y maltrato por temor a quedarse sin un ingreso.<\/p>\n
A esto se suma la vulnerabilidad de los trabajadores rurales, que se fundamenta en que muchos provienen de generaciones que se han dedicado a las labores culturales y no avizoran otras oportunidades. Adem\u00e1s, varios son originarios de otros pa\u00edses o provincias (o descendientes) y, sobre todo, los acuerdos entre partes se realizan por lo general de modo verbal, por lo que los aparceros no cuentan con un contrato escrito para reclamar que se cumpla con lo pactado.<\/p>\n
EL GRITO<\/strong> Poco antes, mientras cosechaban zapallos bajo la lluvia, Roc\u00edo tomaba un video. La relaci\u00f3n con el due\u00f1o de la finca ya estaba tensa, por lo que cuando el hijo observ\u00f3 que la joven estaba grabando, le dijo que dejara de hacerlo. Como la chica sigui\u00f3, la agarr\u00f3 del pelo, la tir\u00f3 al suelo y la arrastr\u00f3 para que soltara el tel\u00e9fono.<\/p>\n Cuando Yolanda intervino, seg\u00fan relata, el joven empez\u00f3 a pegarle a ella tambi\u00e9n y luego agarr\u00f3 un palo y le dio varios golpes en la cabeza. Despu\u00e9s, se subi\u00f3 al tractor e intent\u00f3 tirar abajo el port\u00f3n del cierre perimetral de la vivienda, para sacar las pertenencias de la familia que hab\u00eda vivido ah\u00ed y trabajado 50 hect\u00e1reas durante casi cuatro a\u00f1os. Entonces fue que se interpusieron Urbano y el mayor de los hijos, Alex.<\/p>\n Unos d\u00edas despu\u00e9s, el video se viraliz\u00f3 y se pudo conocer lo sucedido. Un grupo de representantes de la comunidad boliviana -tanto Yolanda como Urbano son originarios de Bolivia- y de otras organizaciones campesinas se manifestaron en la puerta de la casa del due\u00f1o de la finca, la denuncia se fortaleci\u00f3 y el agresor termin\u00f3 imputado, por amenazas simples y lesiones leves.<\/p>\n Como Alberto S\u00e1nchez,\u00a0el propietario, no contaba con antecedentes penales, en agosto se produjo una \u201csuspensi\u00f3n del juicio a prueba\u201d, lo que significa que la persona imputada\u00a0queda en libertad mientras cumpla con ciertas normas de conducta. Si comete otro delito, se le suma la pena de este delito precedente. Los Andes se comunic\u00f3 con la familia S\u00e1nchez, para que pudieran dar su versi\u00f3n de los hechos, pero prefirieron no hablar sobre el tema.<\/p>\n EL ORIGEN<\/strong> Adem\u00e1s, sab\u00edan que les entregaba menos dinero por la cosecha que el promedio del mercado, pero como aspiraban a darles un mejor futuro a sus hijos, callaban. Y as\u00ed fue hasta que, a fines de 2020, les pag\u00f3 $15 el kilo de ajo, cuando los productores estaban recibiendo $45 y cuestionaron el porqu\u00e9 de esa diferencia. Es que, en la producci\u00f3n de 90 mil kilos que hab\u00edan obtenido, la variaci\u00f3n ascend\u00eda a m\u00e1s de $2,5 millones.<\/p>\n El hombre les respondi\u00f3 que ellos pagaban lo que quer\u00edan y que, si no les gustaba, pod\u00edan irse. Desde ese momento, la familia sigui\u00f3 cosechando lo que ya hab\u00eda sembrado, pero no coloc\u00f3 nuevas plantas. Esperaban que el propietario pagara lo que les deb\u00eda y poder irse cuando terminara el contrato, el 1 de mayo. Pero despu\u00e9s de lo sucedido, no volvieron a sentirse seguros y los ni\u00f1os no quer\u00edan ni siquiera salir a jugar. Como ten\u00edan una vivienda a medio construir en un peque\u00f1o barrio en Las Violetas (Lavalle), se mudaron. Se trata de una edificaci\u00f3n peque\u00f1a para diez personas, pero al menos recuperaron algo de tranquilidad.<\/p>\n Una persona les dio seis hect\u00e1reas para trabajar en Puente de Hierro, cerca de donde viv\u00edan antes. Si bien no pueden pagar el alquiler de ese terreno, porque no les qued\u00f3 dinero, acordaron entregar un porcentaje de la producci\u00f3n. Pero a\u00fan se ven en dificultades para poder comprar las semillas y los alm\u00e1cigos, mientras esperan que el proceso civil, por la deuda, se resuelva y recibir lo que el due\u00f1o de la otra finca les debe.<\/p>\n Actualmente, esta causa \u2013diferente a la penal- se encuentra en una etapa de conciliaci\u00f3n en la Oficina de Conciliaci\u00f3n Laboral (OCL), que depende de la Subsecretar\u00eda de Trabajo. Es una etapa previa a la judicializaci\u00f3n del conflicto, en la que se intenta que las partes lleguen a un acuerdo.<\/p>\n EL CONTEXTO<\/strong> El\u00a0soci\u00f3logo Lautaro Breitman Pacheco, integrante de la Federaci\u00f3n de Cooperativas Campesinas y de la Agricultura Familiar (Fecocaf), plantea que se trata de\u00a0una relaci\u00f3n laboral que no est\u00e1 reconocida como tal, sino que\u00a0postula a ambas partes como iguales, cuando no es lo que sucede en la realidad. Por el contrario, en general, las relaciones entre ambas partes son de \u201cextrema precariedad e inestabilidad\u201d.<\/p>\n Ricardo es productor agr\u00edcola, como lo fue su padre y lo son sus hijos. Sin embargo, nunca ha podido alquilar una propiedad, por lo que realiza la labor por porcentaje. Es decir, el patr\u00f3n le entrega una finca con una vivienda y acuerdan, de palabra, la proporci\u00f3n del precio de venta que le corresponde por su tarea.<\/p>\n El hombre detalla que\u00a0ese porcentaje no es fijo, sino que depende del trato con cada propietario y del tipo de producci\u00f3n, pero que\u00a0en muchos casos es del 30% e incluso el 20%. \u201cLos patrones no nos hacen el contrato. Debe haber muy poquitos que se dediquen a la producci\u00f3n agr\u00edcola y tengan un contrato firmado con el porcentaje que pactan\u201d, explica. Y a\u00f1ade que, generalmente, los due\u00f1os de la propiedad lo evitan, porque\u00a0no quieren que el trabajador tenga un papel firmado que le permita reclamar por sus derechos.<\/p>\n Pero, adem\u00e1s, como quienes se encargan de vender son los due\u00f1os de la finca, los obreros rurales no saben cu\u00e1l es el monto que reciben por esa producci\u00f3n. De ah\u00ed que tienen que confiar en que el valor de venta que el patr\u00f3n les asegura que consigui\u00f3, y sobre el que se calcula su pago, es el real.<\/p>\n El no tener un contrato, a\u00f1ade Ricardo, tambi\u00e9n les genera una vulnerabilidad adicional, porque no saben si van a estar en un lugar determinado por una temporada, un par de a\u00f1os o una d\u00e9cada. Y, como no est\u00e1n en blanco, no tienen acceso a obra social ni aportes jubilatorios. Esto provoca que, pese a que han trabajado toda su vida, no se pueden jubilar, con el agravante de que, cuando dejan de producir, en muchos casos no han podido acceder a una vivienda propia.<\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 de que estas relaciones laborales son una pr\u00e1ctica instalada en algunos sectores,\u00a0la concentraci\u00f3n de la propiedad de la tierra favorece que los trabajadores teman reclamar o denunciar\u00a0estas irregularidades.\u00a0Oscar Carballo, soci\u00f3logo rural que trabaja en el Conicet, se\u00f1ala que,\u00a0en los \u00faltimos 30 a\u00f1os, la superficie cultivada con hortalizas en la provincia se ha mantenido pr\u00e1cticamente estable, ya que hab\u00eda 34.515 hect\u00e1reas en 1988 y 29.860 en 2008. En cambio,\u00a0ha ido disminuyendo la cantidad de explotaciones. Los datos del Censo Agropecuario Nacional muestran que se pas\u00f3 de 7.000 propiedades hort\u00edcolas a 2.700 -una ca\u00edda de casi el 60%- en el mismo per\u00edodo.<\/p>\n Carballo a\u00f1ade otro dato preocupante:\u00a0han ido desapareciendo los productores chicos, de hasta 5 hect\u00e1reas. \u201cLos problemas principales son el\u00a0aumento de los costos y los insumos. Las semillas tienen precios dolarizados, se nota el aumento de la electricidad y varios la necesitan para el riego. Adem\u00e1s, hay una salida muy fuerte de productores de origen criollo que han envejecido y no tienen un reemplazo generacional\u201d, explica.<\/p>\n LOS CONTROLES<\/strong> Gonzalo Navarro es responsable de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Naci\u00f3n y explica que, en las verificaciones que realizan en forma peri\u00f3dica, cuando advierten que pueden estar frente a una situaci\u00f3n de explotaci\u00f3n laboral o infantil, redactan un acta y trabajan con la Justicia provincial o federal, seg\u00fan el caso. \u201cEn 2020 y 2021, en el contexto de pandemia, hemos hecho 289 inspecciones. De ese total, algunas se derivaron a explotaci\u00f3n infantil y otras a explotaci\u00f3n laboral\u201d, plante\u00f3. En concreto, durante ese per\u00edodo, redactaron 18 actas por este \u00faltimo motivo.<\/p>\n Cynthia Vicente Valencia, c\u00f3nsul de Bolivia en Mendoza, San Juan y San Luis, comenta que reciben denuncias en el consulado -ubicado en la esquina de Mart\u00ednez de Rosas y Sobremonte, de Ciudad- y asesoran a los damnificados. En el caso de la familia Lamas-Amador, intervinieron con Atajo (Direcci\u00f3n General de Acceso a la Justicia), el Poder Judicial, el Inadi y el Ministerio de Trabajo. \u201cTrabajamos con distintas instituciones, como Uatre o Renatre, para hacer el seguimiento y el acompa\u00f1amiento que corresponda\u201d, afirma.<\/p>\n Sin embargo, la c\u00f3nsul aclara que esto\u00a0no s\u00f3lo afecta a los obreros rurales bolivianos. En una inspecci\u00f3n, organizada por el Ministerio de Trabajo, de la que ella particip\u00f3, identificaron a 50 personas que estaban cosechando una finca en el Valle de Uco y que no estaban incluidos en ning\u00fan tipo de registro. De ellos, detalla, cinco eran de nacionalidad boliviana mientras que el resto proven\u00edan del norte argentino o eran mendocinos.<\/p>\n M\u00c1S PRECARIEDAD<\/strong> En el mismo sentido, Ricardo se\u00f1ala que la mayor\u00eda de las casas en las fincas\u00a0no cuentan con red de agua potable, por lo que las familias suelen tener una pileta o tanques que llena el municipio. Y tampoco tienen el ba\u00f1o dentro de la edificaci\u00f3n principal, sino afuera (y ha conocido algunas que ni siquiera dispon\u00edan de esta instalaci\u00f3n).<\/p>\n Guti\u00e9rrez ha sufrido la explotaci\u00f3n por parte de patrones que\u00a0los presionaban para que trabajaran muchas horas bajo la amenaza de que pod\u00edan echarlos\u00a0cuando quisieran. Tambi\u00e9n ha sido discriminado por su origen y porque hab\u00eda quienes los acusaban de vivir de planes sociales, mientras ellos no dejaban de hacer su tarea, aunque\u00a0el pago llegara dos o tres meses despu\u00e9s.<\/p>\n Ricardo, por su parte, asegura que el maltrato \u2013ya sea f\u00edsico o verbal- siempre ha existido porque el obrero rural es visto como una persona que debe tolerar todo tipo de situaciones, ya que siempre ha trabajado en el campo y se le hace dif\u00edcil dedicarse a otra actividad.<\/p>\n EL HORIZONTE<\/strong> Urbano Lamas sostiene que deber\u00eda haber m\u00e1s controles en las fincas por parte del gobierno y tambi\u00e9n que quienes son maltratados tienen que hablar, para que estas situaciones no se repitan. Ricardo, quien particip\u00f3 de un reclamo de trabajadores rurales frente a Casa de Gobierno por los bajos precios que les pagan por su producci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que ese es precisamente el camino: el de la organizaci\u00f3n para demandar que se respeten sus derechos. Y Luis Guti\u00e9rrez aporta que no s\u00f3lo deben unirse los chacareros en el reclamo, sino tambi\u00e9n en la compra en conjunto de elementos de trabajo e, incluso, en el alquiler de una finca.<\/p>\n Aunque tal vez el siguiente nivel involucre a toda la sociedad. Jimena S\u00e1nchez, representante de Amfori para Am\u00e9rica Latina, detalla que la organizaci\u00f3n \u2013con sede en B\u00e9lgica- re\u00fane a mayoristas, distribuidores e importadores de todo el mundo, que buscan asegurarse de que los productos que compran provengan de condiciones de trabajo digno y cuidado del ambiente. En Mendoza, hay m\u00e1s de 60 bodegas que han adherido a un c\u00f3digo de conducta para poder exportar a los pa\u00edses n\u00f3rdicos. \u201cAs\u00ed como la calidad fue la b\u00fasqueda prioritaria hace 20 a\u00f1os, ahora la gran preocupaci\u00f3n de los consumidores en los mercados maduros es la sustentabilidad ambiental y social de los productos\u201d, plantea.<\/p>\n Entre 2020 y 2021 se detectaron 18 situaciones de explotaci\u00f3n. Estos delitos suceden en un radio menor a 40 kil\u00f3metros de la capital provincial. El caso Lamas, testigo de los abusos que pocos ven.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":119136,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[31],"class_list":["post-119135","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informe-municipal","tag-mendoza"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/119135","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=119135"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/119135\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/119136"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=119135"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=119135"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=119135"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nAunque han pasado meses,\u00a0Yolanda Amador, mam\u00e1 de Alex, quien fue aplastado por el tractor\u00a0\u2013afortunadamente, no quedaron da\u00f1os permanentes en su pierna- cuenta que todav\u00eda guarda el video en su celular y que, cada tanto, vuelve a verlo y no puede terminarlo. En las im\u00e1genes, que fueron tomadas por otra de sus hijas, Roc\u00edo, con su tel\u00e9fono, se puede ver el\u00a0momento en que el hijo del due\u00f1o de la propiedad ubicada en Rodeo del Medio avanza con el veh\u00edculo para obligar a Alex y Urbano Lamas (esposo de Yolanda) a que se corran para tirar abajo el port\u00f3n. Como no se mueven, el joven queda entre el tractor y un poste, y, al ser aplastado, grita de dolor. Tambi\u00e9n lo hacen, atemorizados, otros integrantes de la familia.<\/p>\n
\nCuando Yolanda y Urbano firmaron el contrato, cuatro a\u00f1os atr\u00e1s, el due\u00f1o, seg\u00fan explican, evit\u00f3 darles una copia, para \u201ccuidar\u201d el documento de que lo da\u00f1aran los ni\u00f1os, y cuando los trabajadores fueron despu\u00e9s a la escribana, se neg\u00f3 a d\u00e1rselas con la excusa de que hab\u00eda que revisar muchos libros para encontrarlo. As\u00ed fue como,\u00a0pese a que el acuerdo era que lo cosechado se divid\u00eda 50% y 50% entre el due\u00f1o de la tierra y quienes la trabajaban, s\u00f3lo recibieron 30%.<\/p>\n
\nLas\u00a0relaciones entre el due\u00f1o de la tierra o \u201cpatr\u00f3n\u201d y quien trabaja el cultivo o \u201cchacarero\u201d, se regulan por la ley 13.246, de Arrendamientos y Aparcer\u00edas Rurales; una normativa que data de 1948 y fue actualizada en 1980. Si bien hay muchos tipos de contratos,\u00a0por lo general el propietario de un terreno agr\u00edcola aporta la tierra, las semillas y los instrumentos de trabajo, mientras que el chacarero contribuye con la mano de obra.<\/p>\n
\nLa dif\u00edcil situaci\u00f3n que vivi\u00f3 la familia Lamas-Amador sac\u00f3 a la luz conflictos que muchas veces quedan silenciados porque no se llega a la denuncia. Es que, habitualmente,\u00a0los obreros rurales callan porque no s\u00f3lo temen perder su trabajo, sino tambi\u00e9n la vivienda que les brinda el propietario.\u00a0Luis Guti\u00e9rrez proviene de una familia de obreros rurales. Cuenta que\u00a0un amigo\u00a0de \u00e9l tuvo un problema parecido:\u00a0fue a cobrar y el patr\u00f3n no le quiso aceptar el precio, y cuando reclam\u00f3, el due\u00f1o de la finca le puso un arma en la cabeza. El joven reconoce que se enter\u00f3 reci\u00e9n ahora de esto y que siempre crey\u00f3 que se hab\u00eda ido a trabajar a otro lugar porque hab\u00eda conseguido mejores condiciones.<\/p>\n
\nEl acceso a la vivienda suele formar parte del trato\u00a0que el trabajador rural realiza con el due\u00f1o de la finca. Sin embargo,\u00a0esas edificaciones tambi\u00e9n tienen, muchas veces, serias deficiencias. Luis Guti\u00e9rrez ha vivido en muchas casas, ya que su madre, hija de bolivianos, era trabajadora golondrina. De hecho, todos los hermanos nacieron en un departamento diferente. Y recuerda que,\u00a0en varias de esas construcciones, no hab\u00eda ba\u00f1o y tuvieron que improvisar uno, con chapa y ca\u00f1a.<\/p>\n
\nPara\u00a0modificar este panorama, el soci\u00f3logo Oscar Carballo considera que los chacareros deben\u00a0organizarse, articular reclamos y generar condiciones similares a las de los contratistas de vi\u00f1a, adem\u00e1s de poder acceder a la tierra. Su colega Lautaro Breitman Pacheco plantea que se necesitan\u00a0pol\u00edticas de fondo, para que los obreros rurales puedan ser propietarios y que el Estado deber\u00eda trabajar con cooperativas y organizaciones del sector.<\/p>\nFuente: Los Andes<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"