Los uniformados, que pertenecen a la guardia presidencial y a los servicios de inteligencia de la presidencia, no habr\u00edan actuado ante el ataque contra la sede de los tres poderes.<\/p>\n
La Corte Suprema de Brasil determin\u00f3 que tiene competencia para juzgar a los militares acusados de alg\u00fan tipo de participaci\u00f3n en el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz In\u00e1cio Lula da Silva el ocho de enero, cuando seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro asaltaron la sede de los tres poderes en Brasilia. En especial, estar\u00e1n bajo investigaci\u00f3n aquellos militares del Ej\u00e9rcito pertenecientes a la guardia presidencial y a los servicios de inteligencia de la presidencia, que habr\u00edan omitido actuar ante el ataque.<\/p>\n
El rol de los militares, bajo la lupa<\/p>\n
La decisi\u00f3n fue tomada por el juez instructor del caso,\u00a0Alexandre de Moraes, quien tuvo en cuenta una sugerencia de la Polic\u00eda Federal debido a que muchos polic\u00edas distritales de Brasilia acusaron a miembros de las Fuerzas Armadas de negarse a defender las instituciones e incluso participaron activamente del movimiento golpista. La decisi\u00f3n es in\u00e9dita ya que\u00a0los analistas del caso esperaban que los militares investigados fueran juzgados por los tribunales castrenses.<\/p>\n
\u00abFijo la competencia del Supremo Tribunal Federal para procesar y juzgar los cr\u00edmenes del ocho de enero, independientemente de que los investigados sean civiles o militares y es por eso que autorizo la apertura de investigaci\u00f3n por eventuales delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y las polic\u00edas relacionados a los atentados contra la democracia\u00bb, dice el fallo de Moraes, el magistrado que desde 2021 lleva adelante la megacausa sobre las fake news y el atentado al Estado de derecho por la cual fueron detenidos reconocidos activistas bolsonaristas y en la cual est\u00e1 investigado el propio Bolsonaro.<\/p>\n
Moraes sostuvo que esta investigaci\u00f3n no choca contra el principio de competencia de la justicia militar.\u00a0\u00abLa justicia militar no juzga delitos de militares sino delitos militares\u00bb, subray\u00f3 el juez en ese sentido, amparado en el Estatuto Antiterrorista que estipula que en \u00abactos que atentan contra el r\u00e9gimen democr\u00e1tico\u00bb la justicia \u00abno est\u00e1 asociada a la funci\u00f3n militar\u00bb, que tiene su propia jurisprudencia.<\/p>\n
La Polic\u00eda Federal hab\u00eda pedido a la Corte Suprema autorizaci\u00f3n para investigar la \u00absupuesta participaci\u00f3n\u00bb de efectivos de las Fuerzas Armadas y de las Polic\u00edas Militarizadas en el delito de \u00ababolici\u00f3n violenta del Estado democr\u00e1tico de derecho y golpe de Estado\u00bb. Moraes, en el mismo fallo, prorrog\u00f3 por 60 d\u00edas las investigaciones por los actos golpistas y en 90 las que avanzan sobre las \u00abmilicias digitales antidemocr\u00e1ticas\u00bb que habr\u00edan fomentado los mismos a trav\u00e9s de las redes sociales.<\/p>\n
Libertad provisional a 137 detenidos
\nEn simult\u00e1neo la Corte Suprema inform\u00f3 este martes que autoriz\u00f3 la liberaci\u00f3n de 137 acusados de participar en el intento de golpe, pero deber\u00e1n usar tobillera electr\u00f3nica y mantenerse alejados de las redes sociales. \u00abEl juez Alexandre de Moraes consider\u00f3 que podr\u00e1n responder al proceso en libertad porque\u00a0las investigaciones no los se\u00f1alaron como financiadores o principales ejecutores\u00bb del ataque, inform\u00f3 el Supremo Tribunal Federal (STF) en un comunicado.<\/p>\n
Adem\u00e1s del uso de la tobillera electr\u00f3nica, el juez dispuso otras medidas cautelares como la prohibici\u00f3n de usar redes sociales, salir de sus casas por la noche o los fines de semana, portar armas de fuego, y la cancelaci\u00f3n de sus pasaportes. El magistrado tambi\u00e9n tuvo en cuenta que \u00aben su mayor\u00eda no tienen antecedentes penales y tienen hijos menores de edad\u00bb, y que ya fueron imputados por la fiscal\u00eda por \u00abincitaci\u00f3n al delito\u00bb y \u00abasociaci\u00f3n delictiva\u00bb.<\/p>\n
Con esta resoluci\u00f3n,\u00a0alrededor de 800 de las 1.400 personas detenidas inicialmente por la asonada del ocho de enero contin\u00faan en la c\u00e1rcel, acusadas de diversos delitos, que incluyen desde amenazas y atentados contra la democracia y el Estado de derecho hasta destrucci\u00f3n de patrimonio p\u00fablico. La libertad provisional ya hab\u00eda sido otorgada previamente a 516, en el marco de investigaciones que tramitan bajo secreto judicial.<\/p>\n
El lunes\u00a0Bolsonaro pidi\u00f3 desde Estados Unidos, donde se encuentra desde el 30 de diciembre,\u00a0la liberaci\u00f3n de los presos acusados de golpismo, un reclamo que coincidi\u00f3 con\u00a0el lanzamiento de una marca con productos con su apellido para ganar dinero entre sus seguidores. \u00abEn Brasil todo pas\u00f3 a ser fake news, atentado contra el Estado de derecho.\u00a0Se cumplir\u00e1n dos meses con 900 personas presas tratadas como terroristas, fueron detenidas sin tener ning\u00fan arma entre sus manos, est\u00e1n presas, son jefes de familia, se\u00f1oras, madres, abuelos\u00bb, sostuvo Bolsonaro en su discurso.<\/p>\n
En su mayor\u00eda, los acusados son activistas de una ultraderecha violenta que apoyaba al expresidente y que se neg\u00f3 a reconocer la victoria de Lula en las elecciones de octubre pasado. Los actos golpistas ocurrieron una semana despu\u00e9s de la toma de posesi\u00f3n de Lula y, seg\u00fan confesaron muchos de los detenidos, el objetivo era sembrar el caos y forzar una intervenci\u00f3n militar para derrocar al nuevo gobierno y declarar nulas las elecciones.<\/p>\n
Las investigaciones est\u00e1n a cargo de la Polic\u00eda Federal, que en el marco de la Operaci\u00f3n \u00abLesa Patria\u00bb est\u00e1 detr\u00e1s de quienes financiaron esos actos antidemocr\u00e1ticos, que implicaron la movilizaci\u00f3n de bolsonaristas desde diversos puntos del pa\u00eds hacia Brasilia.<\/p>\n
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