{"id":13463,"date":"2014-08-15T08:29:53","date_gmt":"2014-08-15T11:29:53","guid":{"rendered":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/?p=13463"},"modified":"2014-09-04T19:23:33","modified_gmt":"2014-09-04T22:23:33","slug":"cordoba-por-primera-vez-van-a-juicio-las-fotomultas-municipales-en-rutas","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/cordoba-por-primera-vez-van-a-juicio-las-fotomultas-municipales-en-rutas\/","title":{"rendered":"C\u00f3rdoba: Por primera vez, van a juicio las fotomultas municipales en rutas"},"content":{"rendered":"
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\"Estaci\u00f3n<\/a>

Estaci\u00f3n General Paz. En 2010, por orden judicial se retiraron las c\u00e1maras y radares sobre ruta 9 norte (La Voz\/Archivo)<\/p><\/div>\n

Lo resolvi\u00f3 el fiscal Gustavo Hidalgo en una causa que investig\u00f3 su aplicaci\u00f3n en Estaci\u00f3n General Paz. Est\u00e1n imputadas autoridades comunales y de la empresa que operaba el sistema.<\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n

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Por primera vez habr\u00e1 en C\u00f3rdoba un juicio penal por un caso ligado a la modalidad de las fotomultas, que algunos municipios utilizan para controlar infracciones sobre las rutas que los atraviesan.<\/p>\n

Se trata de la causa iniciada en 2010 contra la comuna de Estaci\u00f3n General Paz (en el departamento Col\u00f3n). El fiscal en lo Penal Econ\u00f3mico Gustavo Hidalgo requiri\u00f3 la elevaci\u00f3n a juicio, involucrando no s\u00f3lo a las autoridades comunales sino tambi\u00e9n a directivos de las empresas a las que se les terceriz\u00f3 la operatoria.<\/p>\n

El caso tiene seis imputados. En la lista est\u00e1n Carlos Borgobello, Marcela Marconetto y Pascual Su\u00e1rez, quienes en 2010 eran presidente, secretaria y tesorero, respectivamente, de la comuna, como coautores de exacciones ilegales y falsedad ideol\u00f3gica. Tambi\u00e9n deber\u00e1n comparecer Alejandro Abeliansky, apoderado de la empresa Distribuidora Sertran y Virginia Guala, apoderada de Extrategic Group, como supuestos part\u00edcipes necesarios de esos mismos delitos. Se agrega Daniel Hern\u00e1n Torres, juez de Faltas de la Municipalidad de Salsipuedes, a trav\u00e9s del cual se labraban las actas de infracci\u00f3n por no tener Estaci\u00f3n General Paz una dependencia propia.<\/p>\n

El fiscal Hidalgo confirm\u00f3 a este diario que no hay antecedentes de juicio en esta materia y aclar\u00f3 que los abogados de los imputados impugnaron su resoluci\u00f3n, por lo que el Juzgado de Control deber\u00e1 resolver sobre la continuidad de la causa.<\/p>\n

La causa fue iniciada de oficio, en 2010, por el fiscal Carlos Matheu, quien procedi\u00f3 a ordenar el retiro de todas las c\u00e1maras en ese sitio sobre ruta nacional 9 norte.<\/p>\n

En 2010 hab\u00eda 18 municipios aplicando ese sistema sobre traves\u00edas urbanas de rutas. En la actualidad habr\u00eda cinco, en el marco de una controversia jur\u00eddica que no parece cerrada.<\/p>\n

La imputaci\u00f3n original tambi\u00e9n inclu\u00eda el m\u00e1s grave delito de asociaci\u00f3n il\u00edcita. Hidalgo sobresey\u00f3 de esa figura a los acusados pero mantuvo en firme las otras dos.<\/p>\n

La acusaci\u00f3n implica la sospecha de la modalidad aplicada para cobrar multas era ilegal y que por lo tanto hubo una exigencia indebida de dinero a miles de ciudadanos, en los dos a\u00f1os investigados. Tambi\u00e9n sostiene Hidalgo que hubo falsedad documental para el labrado de las actas de infracci\u00f3n con una metodolog\u00eda fuera de ley.<\/p>\n

Las infracciones controladas por fotomultas y radares eran adelantamiento con doble l\u00ednea continua, velocidad superior a la permitida en ese tramo urbano y el no uso de luces bajas.<\/p>\n

El eje<\/h4>\n

La resoluci\u00f3n del fiscal parte de la premisa de que la Provincia, desde 2007, estableci\u00f3 que es ilegal el procedimiento de los municipios que cobren multas sobre rutas, aunque atraviesen zonas urbanas, sin respetar el criterio que fija la ley provincial de tr\u00e1nsito: que las infracciones deben labrarse con presencia de inspectores en el lugar y la entrega en el acto al infractor.<\/p>\n

En Estaci\u00f3n General Paz, la comuna se quedaba con el 30 por ciento de la recaudaci\u00f3n por multas y las empresas que aportaban los equipos, su mantenimiento y el seguimiento de las infracciones con el 70 por ciento de lo cobrado. Es el mismo modelo, con matices, aplicado por la mayor\u00eda de municipios que usaron, o usan, este sistema.<\/p>\n

$ 1,2 millones para la empresa, en dos a\u00f1os<\/h4>\n

Plata.<\/strong>\u00a0En su resoluci\u00f3n, el fiscal Gustavo Hidalgo establece el detalle de lo recaudado por la empresa que acord\u00f3 con la comuna de Estaci\u00f3n General Paz el sistema de multas filmadas. Concluye que entre junio de 2008 y mayo de 2010, obtuvo 1.255.800 pesos, correspondientes al 70 por ciento de las multas efectivamente cobradas en ese per\u00edodo. En casi todos los municipios que usaron, o usan, este modelo tercerizado, la empresa que lo opera retiene entre el 70 y el 80 por ciento de lo cobrado.<\/p>\n

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Una controversia que lleva m\u00e1s de una d\u00e9cada<\/h2>\n

Una larga controversia jur\u00eddica arrastra C\u00f3rdoba sobre las fotomultas labradas por municipios en tramos urbanos de rutas.<\/strong><\/p>\n\n<\/div>\n<\/div>\n

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Los municipios que las han aplicado insisten en que la autonom\u00eda que les reconoce la Constituci\u00f3n los faculta para resolver las normas de tr\u00e1nsito a aplicar en sus ejidos.<\/p>\n

La Provincia, en tanto, sobre todo desde 2007 plantea que esa autonom\u00eda municipal rige para calles y avenidas urbanas pero que sobre las rutas, que conserven esa caracter\u00edstica a su paso por pueblos o ciudades, corresponde aplicar la ley provincial de tr\u00e1nsito, en forma homog\u00e9nea. La pol\u00e9mica lleva m\u00e1s de una d\u00e9cada.<\/p>\n

La Provincia insiste en que si los inspectores no est\u00e1n presentes en el sitio y las multas no son entregadas en mano y al momento del hecho, no son v\u00e1lidas en ruta. Pero el sistema de fotomultas municipales no aplica ese criterio: las actas llegan por correo, semanas despu\u00e9s de cometida la infracci\u00f3n, y gestionadas por una empresa privada.<\/p>\n

En 2010, la Provincia intim\u00f3 a 15 municipios que aplicaban esta modalidad sobre rutas. Nueve de ellos recurrieron al Tribunal Superior de Justicia presentando una \u201cacci\u00f3n declarativa de inconstitucionalidad\u201d. Argumentaron que esa intromisi\u00f3n avasallaba sus autonom\u00edas.<\/p>\n

En 2012, dos a\u00f1os despu\u00e9s, el m\u00e1ximo \u00f3rgano judicial de C\u00f3rdoba declar\u00f3 \u201cinadmisible\u201d ese planteo. De alguna manera, le dio la raz\u00f3n a la Provincia. En lo central, defini\u00f3 que \u201ccuando una ruta atraviesa centros poblacionales sin confundirse con la planificaci\u00f3n urbana, se impone la normativa provincial sobre la municipal\u201d. El concepto implica evaluar caso por caso.<\/p>\n

La resoluci\u00f3n de esta semana del fiscal Gustavo Hidalgo, aunque no cita el dictamen del Tribunal Superior, sostiene una similar interpretaci\u00f3n final.<\/p>\n

Fuente: La Voz del Interior<\/h6>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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