Los firmantes de esta nueva acusaci\u00f3n se\u00f1alan que recurren a la Corte Penal Internacional por la injustificada demora en las investigaciones y el riesgo de impunidad.<\/p>\n
La presidenta\u00a0Dina Boluarte\u00a0enfrenta una segunda denuncia\u00a0ante la Corte Penal Internacional\u00a0(CPI) por la muerte de 49 personas durante la represi\u00f3n a las protestas contra su gobierno. Estas muertes se produjeron cuando el ej\u00e9rcito y la polic\u00eda dispararon contra manifestantes, e incluso contra pobladores que no participaban en las protestas, lo que fue aplaudido y alentado p\u00fablicamente por\u00a0Boluarte\u00a0y sus ministros.\u00a0La denuncia, que tambi\u00e9n indica que la represi\u00f3n dej\u00f3 344 heridos, ha sido presentada esta semana por 16 personalidades peruanas,\u00a0que incluyen cuatro exministros, reconocidos juristas, excongresistas, diplom\u00e1ticos y activistas de derechos humanos. En junio pasado, la Federaci\u00f3n Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asociaci\u00f3n Pro Derechos Humanos del Per\u00fa (Aprodeh) presentaron una primera denuncia contra Boluarte ante la CPI por estos mismos hechos.<\/p>\n
Los firmantes de esta nueva denuncia se\u00f1alan que recurren a la CPI por la injustificada demora en las investigaciones fiscales en el fuero interno y el riesgo de impunidad. Ha pasado m\u00e1s de un a\u00f1o y medio desde esa represi\u00f3n, que se dio entre diciembre de 2022, cuando Boluarte asumi\u00f3 en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, e inicios de 2023, y esos asesinatos contin\u00faan en la impunidad. Las investigaciones fiscales avanzan lentamente -los casos de las matanzas ocurridas en diversas provincias fueron trasladados a una Fiscal\u00eda en Lima, trabando el acceso de v\u00edctimas y testigos que viven en zonas alejadas y en condiciones de pobreza- y el Congreso, controlado por la derecha y ultraderecha capitaneadas por el fujimorismo, ha blindado a Boluarte de ser acusada por estas muertes.<\/p>\n
Giro radical<\/strong> Organismos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, Amnist\u00eda Internacional, Human Rights Watch y otros, coinciden en denunciar un uso indiscriminado de la fuerza con armas de fuego con un sesgo racista contra la poblaci\u00f3n ind\u00edgena andina, y en se\u00f1alar la responsabilidad de la presidenta y sus ministros, que declararon el estado de emergencia, sacaron a los militares, criminalizaron a los manifestantes antigubernamentales y respaldaron a las fuerzas de seguridad y las alentaron p\u00fablicamente a seguir con las acciones represivas, e incluso endurecerlas, despu\u00e9s de las denuncias de que se estaba disparando contra la poblaci\u00f3n. Se han denunciado masacres, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.<\/p>\n En declaraciones a\u00a0P\u00e1ginaI12,\u00a0el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exministro de Justicia y de Relaciones Exteriores,\u00a0Diego Garc\u00eda Say\u00e1n, uno de los que ha presentado esta denuncia contra Boluarte, asegur\u00f3 que la CPI puede ordenar la detenci\u00f3n de la presidenta peruana.\u00a0\u201cEsta es una denuncia por violaciones al Estatuto de Roma, que es el C\u00f3digo Penal internacional, presentada ante el fiscal de la CPI, que tiene que decidir si la denuncia re\u00fane o no los elementos para abrir una investigaci\u00f3n, y si abre un caso presentar la acusaci\u00f3n. Esta es una decisi\u00f3n que puede demorar varios meses. No dudo que el fiscal de la CPI va a decidir abrir una investigaci\u00f3n. Habiendo transcurrido el tiempo que ha transcurrido desde las matanzas hasta la fecha y que no haya pasado nada relevante es una forma de denegaci\u00f3n de justicia que permite la intervenci\u00f3n de la CPI. Abierto un caso, aunque no haya una sentencia,\u00a0el tribunal puede pedir medidas preventivas, como \u00f3rdenes de detenci\u00f3n, como lo ha hecho con Netanyahu y Putin\u201d. Sobre la responsabilidad de Boluarte, Garc\u00eda Say\u00e1n precis\u00f3: \u201cHay una responsabilidad de una l\u00ednea de comando que llega hasta la presidencia de la Rep\u00fablica. Las decisiones fueron tomadas por el gobierno. Boluarte es la responsable principal. Eso no libera de responsabilidad penal a quienes dispararon a las personas que murieron\u201d.<\/p>\n La excongresista Indira Huilca, hija de un importante dirigente sindical asesinado por la dictadura de Alberto Fujimori, tambi\u00e9n firmante de esta denuncia ante la CPI, le indic\u00f3 a este diario que un reciente informe de Amnist\u00eda Internacional publicado despu\u00e9s de la primera denuncia contra Boluarte ante este tribunal internacional, en el que se analiza la cadena de mando y las decisiones tomadas durante la represi\u00f3n y concluye que la presidenta tendr\u00eda responsabilidad penal como autora mediata de las 49 muertes, \u201ces una de las razones para presentar esta nueva denuncia ante la CPI y reforzar la primera denuncia que se present\u00f3\u201d. \u201cEste informe de Amnist\u00eda -declar\u00f3 Huilca- aporta informaci\u00f3n clave, nuevos elementos, sobre la cadena de mando, con Boluarte a la cabeza, y la responsabilidad del Estado en las masacres, ya sea por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n, sobre todo de quien hoy est\u00e1 en la presidencia del pa\u00eds y de sus ministros. Esperamos que la denuncia por estas muertes sea acogida por la Fiscal\u00eda de la CPI porque el riesgo de impunidad en el Per\u00fa es enorme. Lo que ha habido en este a\u00f1o y medio han sido acciones que no garantizan que haya un acceso al derecho a la justicia. Se ha acudido a las instancias internacionales para garantizar que no haya ning\u00fan tipo de espacio abierto para la impunidad\u201d.<\/p>\n Boluarte ha sido denunciada ante la CPI cuando en el pa\u00eds avanza un proyecto autoritario y de impunidad. \u201cNo hay que perder de vista -dice Garc\u00eda Say\u00e1n- que el Per\u00fa no est\u00e1 siendo gobernado por un r\u00e9gimen democr\u00e1tico normal, sino que hay un pacto corrupto que articula al Ejecutivo y al Congreso para garantizarse impunidad, en violaciones a los derechos humanos y en corrupci\u00f3n\u201d.<\/p>\n Los firmantes de esta nueva acusaci\u00f3n se\u00f1alan que recurren a la Corte Penal Internacional por la injustificada demora en las investigaciones y el riesgo de impunidad.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":149504,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[57],"class_list":["post-149503","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-el-mundo","tag-el-mundo"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/149503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=149503"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/149503\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/149504"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=149503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=149503"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=149503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nLas protestas, que se concentraron mayormente en regiones andinas hist\u00f3ricamente excluidas, exig\u00edan la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso y nuevas elecciones. Boluarte, que apenas instalada en la presidencia dio un giro radical para aliarse con la coalici\u00f3n autoritaria que domina el Congreso y que hab\u00eda boicoteado el gobierno del que ella hab\u00eda sido vicepresidenta, encabez\u00f3 una brutal represi\u00f3n. La acusaci\u00f3n ante la CPI tambi\u00e9n incluye al exjefe del gabinete ministerial y exministro de Defensa Alberto Ot\u00e1rola, rostro visible y voz estridente en la justificaci\u00f3n y aliento de la represi\u00f3n, y a \u201cquienes resulten responsables\u201d, donde entrar\u00edan otros ministros y los polic\u00edas y militares que causaron estas muertes. Se se\u00f1ala que hay \u201ccateg\u00f3ricos informes de pa\u00edses y organismos internacionales\u201d sobre las graves violaciones a los derechos humanos durante la represi\u00f3n y la responsabilidad del gobierno de Boluarte.<\/p>\nFuente: P\u00e1gina 12<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"