Un nuevo informe de Global Witness documenta la violencia a la que se enfrentan quienes luchan contra las industrias extractivas<\/p>\n
Al menos\u00a0196 defensores de la tierra y el medioambiente fueron asesinados el a\u00f1o pasado\u00a0mientras intentaban proteger el planeta de las industrias extractivas, seg\u00fan revela un nuevo\u00a0informe de la ONG brit\u00e1nica de derechos humanos Global Witness. El 85% de estos asesinatos se produjeron en Am\u00e9rica Latina, sobre todo en\u00a0Colombia, M\u00e9xico y Honduras, y afectaron especialmente a los pueblos ind\u00edgenas, sobre los cuales se ejerce\u00a0violencia.<\/p>\n
Las\u00a0nuevas cifras elevan el n\u00famero total de asesinatos\u00a0desde que Global Witness comenz\u00f3 a informar sobre los defensores ambientales en 2012 a\u00a02.106 en todo el mundo. Es probable que se trate de una subestimaci\u00f3n de lo que ocurre en el terreno, afirma Laura Furones, autora principal del informe. \u00abLos datos est\u00e1n dispersos, son insuficientes, inaccesibles y a veces faltan por completo\u00bb, afirma.<\/p>\n
Titulado\u00a0\u00abVoces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente\u00bb, el informe identifica a Colombia como el pa\u00eds m\u00e1s peligroso del mundo para este tipo de activistas, con\u00a0al menos 79 asesinatos registrados en 2023. Se trata de la cifra anual m\u00e1s alta documentada por Global Witness. Los pueblos ind\u00edgenas y las comunidades afrodescendientes colombianas se vieron desproporcionadamente afectados, representando casi el 40% de estos asesinatos.<\/p>\n
En agosto,\u00a0Colombia se convirti\u00f3 en el \u00faltimo pa\u00eds en ratificar el Acuerdo de Escaz\u00fa, el primer tratado medioambiental regional de Latinoam\u00e9rica, que pretende proteger a los defensores, permitir el acceso a la informaci\u00f3n medioambiental y garantizar la participaci\u00f3n en la toma de decisiones que afectan al ambiente. Con Colombia, ya son 17 los pa\u00edses de la regi\u00f3n que han ratificado el tratado.<\/p>\n
\u00abEl Estado colombiano ha incumplido su\u00a0deber constitucional de proteger a los defensores. Estas cifras deber\u00edan avergonzarnos\u00bb, afirma Astrid Torres, directora de la ONG colombiana Somos Defensores. \u00abEl aumento de los asesinatos est\u00e1 directamente relacionado con el modelo econ\u00f3mico extractivista del pa\u00eds. Tenemos cientos de conflictos sociales y medioambientales en todo el territorio\u00bb.<\/p>\n
En\u00a0M\u00e9xico y Honduras\u00a0se observan tendencias similares, con\u00a018 defensores asesinados en cada pa\u00eds el a\u00f1o pasado. En M\u00e9xico, m\u00e1s del 70% de las personas asesinadas eran ind\u00edgenas. En\u00a0Brasil, el n\u00famero de asesinatos\u00a0descendi\u00f3 de 34 en 2022 a 25 en 2023. M\u00e1s de la mitad eran ind\u00edgenas. El informe destaca los avances en la protecci\u00f3n medioambiental que se han producido bajo la presidencia de Lula da Silva, que asumi\u00f3 el cargo en enero del a\u00f1o pasado.<\/p>\n
\u00abEn toda la regi\u00f3n,\u00a0los gobiernos crean narrativas estigmatizadoras contra los defensores, culpando a las comunidades y a las familias y no investigando\u00a0a las empresas que operan en las regiones donde los defensores son asesinados o amenazados\u00bb, afirma Alejandra Gonza, fundadora y directora de Global Rights Advocacy, una ONG que trabaja con defensores en Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n
Aunque es dif\u00edcil establecer una relaci\u00f3n directa entre el asesinato de un defensor y los intereses de una empresa concreta, el informe se\u00f1ala a la miner\u00eda como la industria que m\u00e1s muertes provoca. Veinticinco defensores asesinados el a\u00f1o pasado se hab\u00edan opuesto p\u00fablicamente a operaciones mineras y el 92% proced\u00eda de Am\u00e9rica Latina, una regi\u00f3n con una elevada concentraci\u00f3n de minerales fundamentales para la transici\u00f3n energ\u00e9tica.<\/p>\n
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