El Ministerio de Econom\u00eda deber\u00e1 explicarle al juez Andr\u00e9s Heim las razones de la paralizaci\u00f3n del Fondo de Integraci\u00f3n Socio Urbana (FISU) y, por ende, las obras de urbanizaci\u00f3n para 6500 barrios populares de la Argentina.<\/p>\n
La Subsecretar\u00eda de Integraci\u00f3n Socio Urbana (SISU) del Ministerio de Econom\u00eda tiene tiempo hasta mediados de esta semana para explicarle al juez federal de Pehuaj\u00f3 cu\u00e1nto dinero transfiri\u00f3 por mes al Fondo de Integraci\u00f3n Socio Urbana (desde enero hasta la actualidad) para cumplir con las obras de urbanizaci\u00f3n de barrios populares y de infraestructura para servicios elementales y cu\u00e1les tuvieron progresos, si es que tal cosa ocurri\u00f3. La medida fue ordenada como parte del tr\u00e1mite de un amparo colectivo, que ya avanza y est\u00e1 inscripto en el registro de este tipo de acciones que lleva la Corte Suprema, y que fue promovido en un comienzo por 11 barrios de distintas provincias representados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a los que adhirieron otros. Los vecinos y vecinas denunciaron que en estos diez meses de gobierno de Javier Milei fueron interrumpidos todos los trabajos que se hab\u00edan iniciado para emplazar redes cloacales, de agua potable, de gas, el\u00e9ctrica, desag\u00fces pluviales, pavimentaci\u00f3n y cunetas, m\u00e1s las instalaciones necesarias en los domicilios.<\/p>\n
Al admitir el tr\u00e1mite del reclamo y reconocer el amparo como colectivo diez d\u00edas atr\u00e1s, el juez federal Andr\u00e9s Heim incorpor\u00f3 37 casos presentados pero lo hizo extensivo a los 6500 barrios que est\u00e1n inscriptos en el\u00a0 Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).<\/p>\n
El freno a las obras esenciales que plantea la demanda est\u00e1 relacionado con la decisi\u00f3n del gobierno nacional de desfinanciar el FISU (Fondo de Integraci\u00f3n Socio Urbana) a trav\u00e9s del decreto 193\/24 del 26 de febrero \u00faltimo. La presentaci\u00f3n judicial inicial advierte que \u201cviola los derechos a la vivienda, a la salud, a la integridad f\u00edsica y a un ambiente sano, todos ellos reconocidos constitucionalmente\u201d. El decreto en cuesti\u00f3n modific\u00f3 el porcentaje que se le asignaba al FISU del llamado impuesto PAIS (Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria). En los hechos esto implic\u00f3 casi la eliminaci\u00f3n del FISU y la paralizaci\u00f3n de las obras que estaban en marcha. El problema es que no se gener\u00f3 ning\u00fan mecanismo de compensaci\u00f3n o de financiamiento alternativo. Cuando est\u00e1n en juego derechos sociales, los pactos internacionales que Argentina suscribe proh\u00edben disposiciones regresivas coma esta.<\/p>\n
Los barrios pidieron una medida cautelar que suspenda la aplicaci\u00f3n del decreto que hiri\u00f3 de muerte a este fondo clave para mejorar las condiciones de vida de miles de ciudadanos\/as y, con el amparo, impulsan que se declare su inconstitucionalidad. Lo determinaci\u00f3n del gobierno nacional respecto del FISU va en l\u00ednea con la pol\u00edtica de eliminar el papel activo del Estado en la promoci\u00f3n de condiciones habitacionales dignas, acceso a la alimentaci\u00f3n, a la salud y a la educaci\u00f3n. Todo est\u00e1 trastocado y trae una concatenaci\u00f3n de problemas. La reducci\u00f3n de obra p\u00fablica en general, tambi\u00e9n genera desempleo y resta dinamismo a la econom\u00eda. La falta de infraestructura en las barrios favorece trastornos de salud y da\u00f1o ambiental. Las inundaciones obstaculizan el acceso a los establecimientos educativos o la llegada al trabajo. La reciente decisi\u00f3n de eliminar el Ente Nacional de Obras H\u00eddricas de Saneamiento (Enohsa), encargada de obras h\u00eddricas y de cloacas, va en la mismo direcci\u00f3n.<\/p>\n
La ley que cre\u00f3 el impuesto PAIS establec\u00eda que de lo recaudado un 30 por ciento se deb\u00eda destinar al \u201cfinanciamiento de obras de vivienda social\u00bb, aunque luego se reparti\u00f3 tambi\u00e9n con infraestructura en general e incentivo al turismo. El porcentaje asignado al FISU, entonces, era del 9 por ciento. El decreto lo baj\u00f3 a 0,3 por ciento. En n\u00fameros concretos los ingresos del fondo pasaron de 35.000 millones de pesos mensuales a 46 millones en marzo \u00faltimo, lo que representa en rigor un 0,01 por ciento del monto de febrero. El CELS inform\u00f3 que quedaron sin terminar m\u00e1s de 30.000 obras destinadas a proveer servicios b\u00e1sicos a unas 330.000 familias. Se\u00f1al\u00f3 que \u00abseg\u00fan el censo 2022, el 44 por ciento de la poblaci\u00f3n, m\u00e1s de 20 millones de personas, no tienen conexi\u00f3n a la red de gas. Una cantidad similar, el 43 por ciento, vive en casas sin cloacas y todav\u00eda hay un 7 por ciento de la poblaci\u00f3n sin acceso al agua potable\u00bb.<\/p>\n
Los casos\u00a0<\/strong> Para ilustrar el\u00a0 tipo de cuestiones que plantean: el barrio Cumba advirti\u00f3 que por la interrupci\u00f3n de obras para solucionar problem\u00e1ticas estructurales, toda la zona se inunda ya que las calles y veredas son de tierra, se producen \u00abencharcamientos y barro\u00bb y se genera \u00abun foco de transmisi\u00f3n de enfermedades debido a que el agua suele estancarse por varios d\u00edas en el terreno\u00bb. La mayor\u00eda de\u00a0 las familias carecen de t\u00edtulo de propiedad y no tiene acceso ni a agua, electricidad, gas natural o cloacas, lo que los expone \u00aba todo tipo de riesgo (ambiental, peligro de incendios, inundaciones y enfermedades, tambi\u00e9n por la falta de agua potable y cloacas)\u00bb. La gran presencia de mosquitos y bacterias (como la escherichia coli) suele contaminar los pozos de agua. A su vez, es un barrio que carece de conectividad digital, lo que produjo una situaci\u00f3n de privaci\u00f3n acceso al sistema educativo en particular durante la pandemia, pero sigue causando afectaci\u00f3n en el acceso a la educaci\u00f3n, entre otras cosas.<\/p>\n En 2023 se suscribieron convenios para obras que se extender\u00edan por ocho meses para la construcci\u00f3n de los servicios b\u00e1sicos inexistentes. Comenzaron en octubre y en diciembre fueron interrumpidas. El avance habr\u00eda sido de un 36,78 por ciento.<\/p>\n El barrio Cumba est\u00e1 conformado por 32 familias. Pero hay barrios de todas las dimensines. \u00bfQu\u00e9 se define como barrio popular? Aquel que est\u00e9 integrado por un m\u00ednimo de ocho familias agrupadas o contiguas, donde m\u00e1s de la mitad de la poblaci\u00f3n no tenga t\u00edtulo de propiedad del suelo ni acceso regular a por lo menos dos servicios b\u00e1sicos (red de agua corriente, red de energ\u00eda\u00a0el\u00e9ctrica con medidor y\/o red cloacal). El car\u00e1cter de \u00abbarrio popular\u00bb permite obtener un certificado de vivienda familiar que habilita a reclamar acceso a servicios.<\/p>\n En otros municipios hay barrios que plantean problemas similares a los que se agregan muchos de tipo edilicio, como riesgo de derrumbe, ya sea por el estado de las estructuras o por las zonas en las que las construcciones precarias se encuentran ubicadas. Por ejemplo, las que est\u00e1n al lado del R\u00edo Luj\u00e1n plantean esa cuesti\u00f3n, el riesgo de inundaciones y la circulaci\u00f3n de efluentes l\u00edquidos y acumulaci\u00f3n de agua de lluvia que incrementan los riesgos para la salud. En algunos barrios se proyectaban calles, puentes, accesos, desag\u00fces. Algunos no llegaron a comenzar pese a estar ya dise\u00f1adas las obras.<\/p>\n El RENABAP<\/strong><\/p>\n El RENABAP comenz\u00f3 con un relevamiento que se pusieron al hombro organizaciones de la sociedad civil y de la iglesia cat\u00f3lica en coordinaci\u00f3n con el Estado. Se oficializ\u00f3 en 2017. Releva bienes inmuebles de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, sus construcciones y las personas que all\u00ed habitan. Junto con la ley 27453 (de Regularizaci\u00f3n Dominial para la integraci\u00f3n socio urbana) se hab\u00eda creado el FISU y se dise\u00f1\u00f3 un plan de integraci\u00f3n socio urbana para dotar de servicios b\u00e1sicos a las y los habitantes de barrios vulnerables. Aquella norma se aprob\u00f3 con amplio consenso y fue implementada durante le gobierno de Mauricio Macri y de Alberto Fern\u00e1ndez para revertir las asimetr\u00edas y situaciones de pobreza estructural.<\/p>\n El RENABAP qued\u00f3 constituido por 6467 barrios populares de todo el pa\u00eds, que son los destinatarios del FISU y los procesos de integraci\u00f3n incluyen la participaci\u00f3n de entidades provinciales, estudios de impacto y auditor\u00edas externas. Como est\u00e1 a la vista es una pol\u00edtica p\u00fablica de la que participaron distintas fuerzas pol\u00edticas. El CELS se\u00f1ala que \u00abdecreto 193\/2024 constituye un accionar directo y regresivo, sin acci\u00f3n de compensaci\u00f3n alguna, que vulnera todos los consensos y estrategias construidos para el desarrollo de una pol\u00edtica p\u00fablica de gran extensi\u00f3n y alto impacto a nivel federal\u00bb.<\/p>\n Medidas judiciales\u00a0<\/strong> *\u00a0Ingresos transferidos al FISU desde enero de 2023 hasta ahora con un detalle mensual.<\/p>\n * Cantidad de obras de urbanizaci\u00f3n de \u00abbarrios populares\u00bb registrados en RENABAP seg\u00fan los objetivos de la ley 27.543, con el detalle del grado de avance, discriminando su avance mensual y ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica.<\/p>\n *\u00a0Estado de cumplimiento de los \u00abconvenios espec\u00edficos\u00bb con las distintas municipalidades del pa\u00eds como unidades ejecutoras de las obras de urbanizaci\u00f3n y detalle hist\u00f3rico de desembolsos efectuado a cada una de ellas desde la sanci\u00f3n de la ley 27.543 a la fecha del informe que entregue.<\/p>\n *\u00a0Cantidad de familias que habitan los \u00abbarrios populares\u00bb registrados en RENABAP en la actualidad con un desagregado de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. En la causa hay un defensor que representa a este grupo.<\/p>\n El expediente no s\u00f3lo creci\u00f3 a punto tal que abarcar\u00e1 los derechos de todos los barrios populares: en un comienzo apuntaba a c\u00f3mo se redujo el financiamiento del FISU pero ahora queda claro que est\u00e1 en\u00a0 juego una posible responsabilidad estatal ya que, de acuerdo al derecho internacional con rango constitucional en nuestro pa\u00eds, no puede haber decisiones vinculadas con pol\u00edticas sociales que impliquen dar marcha atr\u00e1s y empeorar la situaci\u00f3n de la poblaci\u00f3n, y en este caso –para colmo– la de personas que ya se encontraban antes de la llegada de Milei en condiciones de vulnerabilidad.<\/p>\n El Ministerio de Econom\u00eda deber\u00e1 explicarle al juez Andr\u00e9s Heim las razones de la paralizaci\u00f3n del Fondo de Integraci\u00f3n Socio Urbana (FISU) y, por ende, las obras de urbanizaci\u00f3n para 6500 barrios populares de la Argentina.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":151074,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[21],"class_list":["post-151073","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informe-municipal","tag-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/151073","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=151073"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/151073\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/151074"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=151073"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=151073"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=151073"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nLa demanda que dio origen a esto que se convirti\u00f3 en un gran expediente fue impulsada por el barrio popular Cumba, de Pehuaj\u00f3. Pronto se sumaron otros barrios, tambi\u00e9n en Moreno y en Mercedes. Luego la lista lleg\u00f3 a 37, lo que incluye 3 de Ciudad de Buenos Aires, 4 de C\u00f3rdoba, 14 de Mendoza, 2 de Santa Fe, uno de Chubut, y otro en R\u00edo Negro. El resto son de la provincia de Buenos Aires. Adem\u00e1s del CELS se presentaron dos curas: el padre Lorenzo \u00abToto\u00bb de Vedia (de Barracas) y el padre Gast\u00f3n Colombres (de Ciudad Oculta).<\/p>\n
\nAdem\u00e1s de admitir la demanda, de incorporar todos los casos de barrios puntuales que llevaron sus problemas espec\u00edficos y aportaron prueba, el juez Heim dispuso un pedido de informes que debe responder esta semana el Ministerio de Econom\u00eda, despu\u00e9s de otros pasos formales podr\u00eda llamar a una audiencia y tomar una resoluci\u00f3n el mes que viene. Esta es la informaci\u00f3n que el gobierno debe entregar (para la que le hab\u00eda puesto plazo de diez d\u00edas h\u00e1biles el 7 de octubre \u00faltimo):<\/p>\nFuente: Pagina 12<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"