Diversas organizaciones agrarias y rurales de Per\u00fa, lideradas por la Convenci\u00f3n Nacional del Agro Peruano (Conveagro) manifestaron su rotundo rechazo al dictamen de la nueva Ley Agraria.<\/p>\n
Los gremios que incluyen a la Asociaci\u00f3n Nacional de Productores Ecol\u00f3gicos del Per\u00fa (Anpe Per\u00fa), la Confederaci\u00f3n Nacional de Trabajadores del Per\u00fa (CGTP), y la Confederaci\u00f3n de Campesinos del Per\u00fa (CCP), entre otros, insisten en que la iniciativa da\u00f1a gravemente a la agricultura familiar y advierten sobre el riesgo de una \u00abconvulsi\u00f3n social de alta intensidad\u00bb si se aprueba en segunda votaci\u00f3n.<\/p>\n
Las organizaciones agrarias se\u00f1alan que esta propuesta legislativa, a la que algunos denominan \u00abLey Chlimper 2.0\u00bb, facilita el acceso del sector agroexportador al mercado de compras estatales destinado a la agricultura familiar, y desv\u00eda programas de financiamiento no reembolsables (como Agroideas, Agro Rural y Agromercado) que originalmente estaban dise\u00f1ados para peque\u00f1as y medianas empresas (MYPE) y peque\u00f1os agricultores.<\/p>\n
Argumentan que esto perpet\u00faa la inequidad con incentivos fiscales desproporcionados y vulnera la sostenibilidad de miles de productores familiares, releg\u00e1ndolos a ser simples proveedores en un modelo de asociatividad \u00abdesigual y desregulado\u00bb. Uno de los puntos m\u00e1s cr\u00edticos para los gremios es el grave impacto fiscal que la ley podr\u00eda generar.<\/p>\n
Destacan que el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF) y el Consejo Fiscal han desestimado p\u00fablicamente el dictamen, advirtiendo p\u00e9rdidas anuales de hasta 1.850 millones de soles al reducir la tasa del Impuesto a la Renta (IR) para grandes agroexportadoras y debilitar los aportes a EsSalud. Se estima que, en total, los incentivos fiscales desproporcionados, sin metas claras ni compromisos verificables, podr\u00edan resultar en p\u00e9rdidas de hasta 20.000 millones de soles, favoreciendo desproporcionadamente a los diez mayores grupos agroexportadores que concentran m\u00e1s del 60% del valor exportado, mientras se excluye a la agricultura familiar de beneficios efectivos.<\/p>\n
Adem\u00e1s del perjuicio fiscal, los gremios agrarios y rurales critican que la nueva ley debilita el trabajo fiscalizador de la Superintendencia Nacional de Fiscalizaci\u00f3n Laboral (Sunafil) en el sector agroindustrial, lo cual representa un retroceso frente a la reforma lograda en 2020 tras movilizaciones nacionales. Miguel Quijandr\u00eda, dirigente de Fentagro, se\u00f1al\u00f3 que la ley \u00abprecariza\u00bb a los trabajadores y que es \u00abimperdonable que restrinjan funciones fiscalizadoras a la Sunafil\u00bb, destacando la informalidad y la falta de respeto a los derechos laborales en muchas empresas.<\/p>\n
Ante este panorama, las organizaciones han exhortado al Pleno del Congreso a rechazar el dictamen en la segunda votaci\u00f3n y detener su avance inmediato. Insisten en que \u00abapostar por el desarrollo del agro no puede hacerse a costa de desfinanciar el Estado ni volver a modelos de subsidios ocultos para grandes empresas\u00bb. Exigen una revisi\u00f3n t\u00e9cnica y participativa de la propuesta, que involucre a todos los actores del agro, y el dise\u00f1o de una pol\u00edtica agraria integral que promueva la inversi\u00f3n, equidad y sostenibilidad de la peque\u00f1a agricultura, respetando las recomendaciones de organismos t\u00e9cnicos.<\/p>\n
Advierten que de insistir en la aprobaci\u00f3n, se agravar\u00e1 la crisis de gobernabilidad del pa\u00eds, dada la representaci\u00f3n del 97% de la estructura agraria por los millones de peque\u00f1os productores de la agricultura familiar. A pesar de estas advertencias, el Ejecutivo, gremios empresariales y algunas bancadas en el Congreso, incluyendo el ministro de Desarrollo Agrario, \u00c1ngel Manero, defienden la ley como promotora de inversiones y empleo formal, esperando un aumento en la recaudaci\u00f3n a largo plazo.<\/p>\n
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