La Justicia federal de Rosario dio un paso clave en defensa de la salud p\u00fablica con una resoluci\u00f3n que convierte a Pergamino en s\u00edmbolo de una lucha que atraviesa a pueblos de todo el pa\u00eds<\/p>\n
En una decisi\u00f3n que cuestiona los cimientos del modelo agroindustrial argentino,\u00a0el fiscal federal de Rosario, Federico Reynares Solari, rechaz\u00f3 el pedido de la Municipalidad de Pergamino para levantar las medidas cautelares que proh\u00edben las fumigaciones con agrot\u00f3xicos\u00a0cerca de zonas urbanas y obligan a garantizar agua potable segura.
\nEl dictamen, firme y argumentado, se convierte en\u00a0un hito judicial y pol\u00edtico para los pueblos fumigados del pa\u00eds,\u00a0y marca un precedente que trasciende lo local.<\/p>\n
La causa penal que investiga la contaminaci\u00f3n con agrot\u00f3xicos en Pergamino comenz\u00f3 en noviembre de 2018, cuando\u00a0Sabrina Ortiz \u2014abogada y vecina querellante\u2014 denunci\u00f3 una realidad silenciada: enfermedades cr\u00f3nicas, abortos espont\u00e1neos y agua contaminada en barrios perif\u00e9ricos, donde las fumigaciones se realizaban a metros de las viviendas sin control estatal. A instancias de su presentaci\u00f3n y del Ministerio Fiscal a cargo de Mat\u00edas Di Lello,\u00a0el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo dict\u00f3 medidas cautelares in\u00e9ditas: prohibici\u00f3n de fumigaciones terrestres con glifosato, atrazina, clorpirifos e imidacloprid\u00a0a menos de 1.095 metros del centro urbano, y obligaci\u00f3n del municipio de proveer agua potable segura.<\/p>\n
Estas medidas se dictaron en el marco de una mega causa penal contra cuatro productores agroindustriales y dos funcionarios municipales. Y ahora, ante la proximidad del juicio oral en el Tribunal Oral Federal N\u00ba 2 de Rosario, el municipio intent\u00f3 revertirlas. Pero el fiscal Reynares Solari se plant\u00f3 con firmeza: \u201cLevantar las cautelares ser\u00eda vaciar de contenido la investigaci\u00f3n efectuada, consolid\u00e1ndose el da\u00f1o que precisamente se quiso evitar\u201d, escribi\u00f3 en su dictamen.<\/p>\n
Municipio y respaldo corporativo<\/strong> La solicitud, firmada por el intendente Javier Mart\u00ednez, lleg\u00f3 acompa\u00f1ada por\u00a0el respaldo expl\u00edcito de las principales entidades del agronegocio:\u00a0Sociedad Rural de Pergamino, Asociaci\u00f3n Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Confedereaci\u00f3n Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Sociedad de Cerealistas y el Colegio de Ingenieros Agr\u00f3nomos. Todos coincidieron en proponer un esquema de \u201cbuenas pr\u00e1cticas agr\u00edcolas\u201d y la creaci\u00f3n de un cuerpo multisectorial para gestionar el uso de agrot\u00f3xicos, en reemplazo de las distancias de resguardo impuestas por la Justicia.<\/p>\n Pero detr\u00e1s de esa propuesta se esconde una intenci\u00f3n clara: eliminar las restricciones basadas en estudios cient\u00edficos que alertan sobre el da\u00f1o gen\u00e9tico y los efectos acumulativos de la exposici\u00f3n cr\u00f3nica a estas sustancias. La querellante Sabrina Ortiz present\u00f3 un escrito ante el tribunal, cuestionando la validez de la certificaci\u00f3n Iram 14130. Aleg\u00f3 que se trata de una norma t\u00e9cnica sin legitimidad ambiental, elaborada por entidades del propio agronegocio como Aapresid y Casafe. \u201cLa regulaci\u00f3n fue construida desde la l\u00f3gica del autocontrol corporativo, sin participaci\u00f3n ciudadana, sin enfoque precautorio ni evaluaci\u00f3n de impactos acumulativos en salud y ambiente\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n Derechos colectivos<\/strong> El dictamen se apoya en los tres requisitos de toda medida cautelar: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y proporcionalidad. Pero, adem\u00e1s, destaca que las cautelares ambientales adquieren una dimensi\u00f3n especial porque involucran derechos de incidencia colectiva. \u201cEl ambiente sano es un bien jur\u00eddico que trasciende lo individual: su afectaci\u00f3n perjudica a toda la colectividad presente y futura\u201d, escribi\u00f3 el fiscal, en una frase que resume el esp\u00edritu de su intervenci\u00f3n.<\/p>\n El principio precautorio ocupa un lugar central en su razonamiento. \u201cAnte la posibilidad de da\u00f1o grave e irreversible, la falta de certeza cient\u00edfica no debe usarse como raz\u00f3n para postergar o morigerar la adopci\u00f3n de medidas eficaces\u201d, sostuvo, en l\u00ednea con la ley general del ambiente (N\u00b0 25.675). Ese recordatorio no solo valida la lucha judicial, sino que conecta con el clamor de los pueblos fumigados de toda la Argentina, que llevan a\u00f1os reclamando por distancias de resguardo y una transformaci\u00f3n definitiva de un modelo agroindustrial insostenible.<\/p>\n Una historia judicial<\/strong> Entre ellos, se destacan el fallo de San Jorge (2009), el primero en el pa\u00eds en el que la Justicia fall\u00f3 para alejar las fumigaciones de dos barrios; el caso similar de Alberti (Buenos Aires, 2012); la condena penal en Ituzaing\u00f3 Anexo (C\u00f3rdoba, 2012), donde productores y un aeroaplicador fueron responsabilizados penalmente por fumigar sobre un barrio, y los casos m\u00e1s recientes en Sastre (2020), el primero en alejar todo tipo de aspersi\u00f3n agroqu\u00edmica a 1.000 metros de la totalidad del per\u00edmetro urbano; Zen\u00f3n Pereyra (2022) y Piamonte (2023), as\u00ed como en Marcos Paz, French y 9 de Julio (Buenos Aires, entre 2023 y 2025).<\/p>\n Cada uno de estos hitos, sumados ahora al dictamen del fiscal federal de Rosario, consolidan una medida paliativa imperiosa legitimada por la lucha de decenas de asambleas y organizaciones de los pueblos fumigados. Una batalla que se expande por todo el pa\u00eds, porque atraviesa a miles de comunidades que conviven a diario con los impactos del modelo extractivista y contaminante.<\/p>\n \u201cNo queremos nada raro: s\u00f3lo vivir sin venenos, tomar agua limpia y que nuestros hijos no se enfermen\u201d, exclam\u00f3 Sabrina Ortiz. Su testimonio refleja lo que se repite en cientos de pueblos de la Argentina: madres que denuncian abortos espont\u00e1neos, familias que temen por los diagn\u00f3sticos de c\u00e1ncer, ni\u00f1os con problemas respiratorios y vecinos que cargan bidones de agua porque la de la canilla no es segura.<\/p>\n La opini\u00f3n del fiscal general Reynares Solari es, en definitiva, una se\u00f1al. Un moj\u00f3n para Pergamino y tambi\u00e9n para todas las comunidades que enfrentan el agronegocio en sus territorios. Al poner en el centro la salud y el ambiente, su dictamen demuestra que la Justicia puede \u2014y debe\u2014 convertirse en un aliado de los reclamos socioambientales de los pueblos fumigados, cuando aplica con firmeza el principio precautorio y reconoce que los derechos colectivos est\u00e1n por encima de la l\u00f3gica de la renta.<\/p>\n El fallo de San Nicol\u00e1s marc\u00f3 un precedente judicial in\u00e9dito, pero su alcance no se explica sin el trabajo sostenido de las comunidades afectadas y de espacios independientes que documentaron el proceso. Entre ellos, el portal Naturaleza de Derechos, dirigido por el abogado Fernando Cabaleiro, aport\u00f3 an\u00e1lisis jur\u00eddico y territorial clave, visibilizando el caso Pergamino como parte de una trama estructural de vulneraci\u00f3n en zonas fumigadas. Su seguimiento riguroso fortaleci\u00f3 el reclamo colectivo y amplific\u00f3 voces que suelen quedar fuera del relato oficial.<\/p>\n El juicio al veneno<\/strong> Para el debate ser\u00e1n citados m\u00e1s de 40 testigos, entre ellos los de conocimiento que fueron ofrecidos por la querella y que prestaran declaraci\u00f3n por su especialidad, como Mar\u00eda del Carmen Seveso (m\u00e9dica de pueblos fumigados de Chaco); Rafael Lajmanovich (bi\u00f3logo investigador del Conicet y Universidad Nacional del Litoral); Medardo Avila (m\u00e9dico de pueblos fumigados de C\u00f3rdoba) y Javier Souza Casadinho (ingeniero agr\u00f3nomo de la Universidad de Buenos Aires).<\/p>\n Los productores agroindustriales, por su lado, ofrecieron como testigos a los responsables del Centro Toxicol\u00f3gico TAS, \u201cun Laboratorio de Rosario estrechamente vinculado al agronegocio y que seguramente ser\u00e1 impugnado por falta de idoneidad y por parcialidad\u201d, seg\u00fan consider\u00f3 Cabaleiro.<\/p>\n Como expertos del proceso, formar\u00e1n parte del juicio oral, Delia Aiassa (m\u00e9dica investigadora del Conicet y de la Universidad de R\u00edo Cuarto, especialista en genotoxicidad); Virginia Aparicio (ingeniera agr\u00f3noma, doctora en ciencias agropecuarias e investigadora del Conicet), que tuvo a su cargo la realizaci\u00f3n de todos los an\u00e1lisis de agua y suelo de Pergamino y Flavia Vidal (perito del Cuerpo M\u00e9dico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n).<\/p>\n Los productores son imputados de los delitos de contaminaci\u00f3n ambiental establecidos en la ley de residuos peligrosos (N\u00b0 24051), por haber ejercido la actividad agroindustrial en absoluta clandestinidad a pocos metros de las viviendas de la gente. En la instrucci\u00f3n se prob\u00f3 el impacto de los agrot\u00f3xicos en las aguas subterr\u00e1neas que son de consumo de la poblaci\u00f3n de Pergamino, principalmente de los barrios perif\u00e9ricos, que estuvieron en la primera l\u00ednea de exposici\u00f3n a las fumigaciones durante a\u00f1os. Tambi\u00e9n se comprobaron da\u00f1os a la salud vinculados a la exposici\u00f3n cr\u00f3nica a los agrot\u00f3xicos.<\/p>\n La Justicia federal de Rosario dio un paso clave en defensa de la salud p\u00fablica con una resoluci\u00f3n que convierte a Pergamino en s\u00edmbolo de una lucha que atraviesa a pueblos de todo el pa\u00eds<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":159109,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[12],"class_list":["post-159108","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informe-municipal","tag-buenos-aires"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/159108","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=159108"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/159108\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/159109"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=159108"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=159108"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=159108"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nEn julio de 2025,\u00a0la Municipalidad de Pergamino solicit\u00f3 al tribunal que se levanten o morigeren las cautelares,\u00a0argumentando que el paso del tiempo permit\u00eda repensarlas, que\u00a0los costos de mantener la provisi\u00f3n de agua eran insostenibles,\u00a0y que se hab\u00eda avanzado en certificaciones ambientales. El principal respaldo fue el protocolo \u201cMunicipio Verde\u201d, auditado por Iram, que el municipio present\u00f3 como prueba de mejora ambiental.<\/p>\n
\nEl fiscal Reynares Solari respondi\u00f3 con contundencia. En su dictamen, sostuvo que las medidas cautelares deben mantenerse intactas. Subray\u00f3 que los supuestos avances que exhibe el municipio solo pueden explicarse gracias a la vigencia de las restricciones. \u201cTal situaci\u00f3n se da con la medida en vigencia, por lo que estamos autorizados a concluir que el \u00e9xito se\u00f1alado en modo alguno puede desvincularse de la existencia de la medida que se pretende cuestionar\u201d, escribi\u00f3. Tambi\u00e9n rechaz\u00f3 el argumento econ\u00f3mico: \u201cEllo es una mera consecuencia de la afectaci\u00f3n al medio ambiente (y a la salud de las personas) por la probable contaminaci\u00f3n de \u00e9ste, lo cual se convierte en una obligaci\u00f3n precautoria dif\u00edcil de evadir en esta instancia procesal\u201d.<\/p>\n
\nEl dictamen de Reynares Solari no se limita a Pergamino. Su impacto se proyecta sobre toda la regi\u00f3n n\u00facleo del agronegocio y sobre decenas de comunidades que enfrentan situaciones similares. Se suma a una serie de antecedentes judiciales que consolidan el criterio de resguardo de 1.000 metros para fumigaciones terrestres con agrot\u00f3xicos, recomendados por la ciencia.<\/p>\n
\nEl Tribunal Federal Oral N\u00b0 2 de Rosario fij\u00f3 como fecha de inicio del juicio oral del caso Pergamino para el 3 de diciembre de 2025. Ser\u00e1n juzgados tres productores agroindustriales (en la instrucci\u00f3n fueron procesados cuatro, pero uno falleci\u00f3).<\/p>\nFuente: La Capital<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"