Viv\u00edan en estado de hacinamiento en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, al norte de Santa Fe, en el l\u00edmite con Santiago del Estero. Algunas v\u00edctimas no sab\u00edan leer ni escribir y estaban indocumentadas. Tras la intervenci\u00f3n de la fiscal\u00eda descentralizada, se investiga la posible comisi\u00f3n del delito de Trata de personas con fines de explotaci\u00f3n laboral. Las v\u00edctimas viv\u00edan bajo precarios toldos de nailon, sin agua potable ni ba\u00f1os, con jornadas de trabajo de diez horas, de lunes a lunes.<\/p>\n
En el contexto de una investigaci\u00f3n de la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, a cargo del fiscal federal Gustavo Onel, 31 trabajadores rurales -entre ellos dos menores de edad-, fueron rescatados en condiciones de hacinamiento en allanamientos realizados en dos campos ubicados sobre la ruta provincial N\u00b077, en la localidad de Pozo Borrado, del departamento 9 de Julio, al norte de la provincia de Santa Fe.<\/p>\n
De acuerdo a lo constatado en los procedimientos, las v\u00edctimas viv\u00edan bajo precarios toldos de nailon, sin agua potable ni ba\u00f1os, con jornadas de trabajo de diez horas, de lunes a lunes. Dos ciudadanos fueron identificados y quedaron vinculados a la investigaci\u00f3n por su presunta participaci\u00f3n en los hechos, precis\u00f3 el portal Fiscales.gob.ar.<\/p>\n
La inspecci\u00f3n que dio origen al legajo<\/strong><\/p>\n El caso se inici\u00f3 el 4 de septiembre pasado, cuando personal de la divisi\u00f3n Coordinaci\u00f3n Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), notific\u00f3 a la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela sobre un procedimiento realizado junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) en un campo identificado como establecimiento \u00abSanta Ana\u201d, en cercan\u00edas de la ruta provincial N\u00b077, en la localidad de Pozo Borrado, a pocos kil\u00f3metros con el l\u00edmite con Santiago del Estero.<\/p>\n All\u00ed, identificaron a 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, entre ellos dos adolescentes de 17 a\u00f1os. Se constat\u00f3 que viv\u00edan en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni ba\u00f1os (solo ten\u00edan tachos para hacer sus necesidades) y dorm\u00edan en el piso sobre mantas o colchones.<\/p>\n Al ser entrevistados por las autoridades, los trabajadores indicaron ser oriundos de la localidad de Los Jur\u00edes (Santiago del Estero), contaron que cumpl\u00edan jornadas laborales de 8 a 18, de lunes a lunes y con salarios de 300 mil pesos por quincena, al cual se les descontaba el valor de la comida.<\/p>\n De esos testimonios surgi\u00f3 que los trabajadores no ten\u00edan posibilidad de retirarse del lugar, no contaban con medios de comunicaci\u00f3n, varios de ellos no sab\u00edan leer ni escribir y otros estaban indocumentados, aspectos que dejaron en evidencia su estado de vulnerabilidad social.<\/p>\n La comisi\u00f3n fiscalizadora luego se traslad\u00f3 a un campo lindero, identificado como \u201cLa Revancha e Isabelliana S.A.\u201d, donde detect\u00f3 a otro grupo de cinco trabajadores en las mismas condiciones laborales, que resid\u00edan en tolder\u00edas precarias con improvisadas carpas, en condiciones calificadas como \u201cdeplorables\u201d por los funcionarios.<\/p>\n La intervenci\u00f3n del MPF<\/strong><\/p>\n Frente a esa situaci\u00f3n, desde la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, el fiscal Onel y los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti, solicitaron al juez de Garant\u00edas de Rosario, Eduardo Rodr\u00edguez Da Cruz, una orden de registro para constatar las condiciones del\u00a0 lugar y profundizar la investigaci\u00f3n.<\/p>\n As\u00ed, entre la noche del jueves y la ma\u00f1ana del viernes pasado, personal de la Agencia Trata de Personas de la Polic\u00eda de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, allan\u00f3 los establecimientos rurales, requis\u00f3 los campos y logr\u00f3 rescatar a 31 personas alojadas en las condiciones referidas.<\/p>\n Al mismo tiempo se dio intervenci\u00f3n a la Secretar\u00eda de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que, junto a la Municipalidad de la localidad de Tostado, articularon medidas urgentes de contenci\u00f3n a las v\u00edctimas, para garantizarles alojamiento y alimentaci\u00f3n.<\/p>\n Explotaci\u00f3n laboral<\/strong><\/p>\n Tambi\u00e9n se dio intervenci\u00f3n a Programa de Rescate y Acompa\u00f1amiento de V\u00edctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Naci\u00f3n, el que proporcion\u00f3 colaboraci\u00f3n para realizar entrevistas a los trabajadores precarizados, abordaje del que particip\u00f3 la Procuradur\u00eda de Trata y Explotaci\u00f3n de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra M\u00e1ngano.<\/p>\n En el marco de los allanamientos, que culminaron el viernes \u00faltimo por la tarde, adem\u00e1s de resguardar a todas las personas identificadas como v\u00edctimas por la fiscal\u00eda, se orden\u00f3 el secuestro de tel\u00e9fonos celulares y un cuaderno con anotaciones, y se identific\u00f3 a dos personas que quedaron sujetas a la investigaci\u00f3n, ante la presunta comisi\u00f3n del delito de trata de personas con fines de explotaci\u00f3n laboral.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Viv\u00edan en estado de hacinamiento en dos campos de la localidad de Pozo Borrado, al norte de Santa Fe, en el l\u00edmite con Santiago del 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