El proyecto de ley de estabilidad o blindaje fiscal consagra el ajuste como valor supremo del rol del Estado<\/p>\n
Milei incluy\u00f3 en el temario de sesiones extraordinarias el proyecto con el que busca \u201cblindar\u201d el equilibrio fiscal y establecer penas de prisi\u00f3n para funcionarios y legisladores que aprueben gastos sin financiamiento. La decisi\u00f3n aparece en paralelo al tratamiento del Presupuesto 2026 y suma una nueva capa de tensi\u00f3n pol\u00edtica, porque el Ejecutivo pretende fijar una regla permanente de d\u00e9ficit cero que condicione el margen de acci\u00f3n del Congreso y del propio Gobierno. La iniciativa reactiva un debate que hab\u00eda quedado frenado en Diputados y que ahora el oficialismo intenta retomar con una correlaci\u00f3n de fuerzas m\u00e1s favorable.<\/p>\n
El proyecto, denominado por el Gobierno como \u201cCompromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria\u201d, fue presentado por cadena nacional en septiembre, en medio de las discusiones sobre leyes para financiar universidades, el Hospital Garrahan y programas de discapacidad, que el oficialismo rechaz\u00f3 por no especificar fuentes de recursos. En ese contexto, y tras perder control de la agenda parlamentaria, la Casa Rosada lanz\u00f3 esta iniciativa que busca convertir en norma estructural la prohibici\u00f3n de aprobar leyes que impliquen d\u00e9ficit. El llamado a sesiones extraordinarias vuelve a colocar ese texto en el centro del debate junto al Presupuesto 2026, la reforma laboral y el proyecto sobre el llamado \u201cd\u00f3lar colch\u00f3n\u201d.<\/p>\n
El primer cap\u00edtulo del proyecto define que el Presupuesto debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario. El art\u00edculo 1 establece de manera expl\u00edcita que queda prohibida la sanci\u00f3n de una ley de presupuesto con d\u00e9ficit. Se trata de una regla r\u00edgida que intenta elevar la disciplina fiscal a un principio permanente, independientemente del ciclo econ\u00f3mico o de las necesidades de inversi\u00f3n p\u00fablica. El planteo tambi\u00e9n tiene un efecto pol\u00edtico inmediato: limitar de antemano cualquier iniciativa que implique expansi\u00f3n del gasto.<\/p>\n
Para sostener ese equilibrio, el texto faculta a la Jefatura de Gabinete a aplicar las medidas necesarias si durante la ejecuci\u00f3n se verifica una ca\u00edda de recursos o un aumento de gastos que ponga en riesgo la meta. La jefatura de ministros se convierte as\u00ed en responsable directa de corregir cualquier desv\u00edo fiscal.<\/p>\n
La propuesta avanza luego sobre el Congreso. Plantea que cualquier ley que establezca gastos no previstos solo podr\u00e1 entrar en vigencia cuando las partidas correspondientes sean incorporadas expresamente en el presupuesto del a\u00f1o siguiente. La \u00fanica excepci\u00f3n ser\u00e1n las leyes que definan una fuente de financiamiento concreta que no altere el equilibrio fiscal.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el texto establece que todo proyecto que implique erogaciones deber\u00e1 incluir un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo como condici\u00f3n previa para su tratamiento en comisiones. El Gobierno incorpora tambi\u00e9n una autorregulaci\u00f3n: ning\u00fan funcionario podr\u00e1 asumir compromisos no autorizados en la ley de presupuesto y el Ejecutivo deber\u00e1 abstenerse de pedir adelantos transitorios al Banco Central para financiar gasto primario.<\/p>\n
El cap\u00edtulo m\u00e1s pol\u00e9mico del proyecto es el que propone modificar el C\u00f3digo Penal. All\u00ed se incorpora una pena de prisi\u00f3n de 1 a 6 a\u00f1os e inhabilitaci\u00f3n absoluta por el doble del tiempo de la condena para el funcionario que dicte, apruebe, autorice o ejecute normas que impliquen un incremento del gasto sin contar con recursos acreditados. Se trata de una figura in\u00e9dita en democracia, porque convierte en delito decisiones pol\u00edticas sobre financiamiento estatal.<\/p>\n
La iniciativa endurece a\u00fan m\u00e1s el castigo para funcionarios del Banco Central. El art\u00edculo correspondiente establece penas de 3 a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n absoluta por el doble del plazo para quienes autoricen o ejecuten emisi\u00f3n monetaria en violaci\u00f3n de la Carta Org\u00e1nica.<\/p>\n
En la ocasi\u00f3n de la presentaci\u00f3n del presupuesto, sectores opositores advirtieron sobre la gravedad institucional del enfoque. Carlos Heller, entonces diputado de Uni\u00f3n por la Patria, fue uno de los primeros en cuestionarlo p\u00fablicamente. Seg\u00fan expres\u00f3 en la emisora radial AM 750, el proyecto \u201cconvierte en delito cualquier ley que se aprobara que pusiera en riesgo el d\u00e9ficit fiscal\u201d y \u201cpone al d\u00e9ficit al nivel de un delito de lesa humanidad\u201d. Para Heller, es \u201cabsolutamente imposible que pueda prosperar\u201d un esquema que somete la tarea del Congreso a reglas penales. Considera que la iniciativa desconoce la naturaleza del presupuesto, que \u201cpresupone cosas\u201d y se basa en proyecciones que pueden o no cumplirse.<\/p>\n
Heller tambi\u00e9n destac\u00f3 contradicciones en el discurso presidencial. Milei sostuvo que los pa\u00edses con d\u00e9ficit no pueden prosperar. Heller, en cambio, subray\u00f3 que muchos de esos pa\u00edses alcanzan equilibrio fiscal gracias a sistemas tributarios muy robustos y altos niveles de gasto p\u00fablico. Es decir, modelos opuestos al planteo de reducci\u00f3n del Estado que impulsa el Gobierno. A la vez, record\u00f3 que econom\u00edas centrales como Estados Unidos, China, Jap\u00f3n o el Reino Unido operan con d\u00e9ficit sin que eso determine su imposibilidad de crecer.<\/p>\n
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