Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS Capital, el CELS y Memoria Abierta presentaron un informe en el que advierten sobre el deterioro durante el gobierno de Milei.<\/p>\n
El Gobierno de Javier Milei est\u00e1 librando una batalla para desmontar el consenso que se construy\u00f3 desde finales de 1983 para asegurar el Nunca M\u00e1s de los cr\u00edmenes de la \u00faltima dictadura. El ataque sobre las pol\u00edticas de Memoria, Verdad y Justicia es, por primera vez, masivo y constante, y lo que se encuentra bajo asedio es el legado construido en estos m\u00e1s de 40 a\u00f1os. Esto es lo que denunciaron en un informe que presentaron Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital y Memoria Abierta, a pocos d\u00edas de que se cumplieran dos a\u00f1os de administraci\u00f3n de La Libertad Avanza (LLA).<\/p>\n
Semanas atr\u00e1s, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Ba\u00f1os, se present\u00f3 ante un comit\u00e9 de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas (ONU) para decir que la administraci\u00f3n libertaria postulaba una\u00a0\u201cmemoria completa\u201d, un concepto que sali\u00f3 de los cuarteles para contestar al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia que hac\u00edan los organismos de derechos humanos.<\/p>\n
No se trata \u00fanicamente de una disputa por los conceptos. Es, al decir del informe, una ofensiva revisionista. \u201cNo es menos grave que el negacionismo\u201d, alerta Marcela Perelman, directora de investigaci\u00f3n del CELS. La ofensiva revisionista tiene dos dimensiones: una batalla cultural y un embate destructivo.<\/p>\n
\u201cEl programa pol\u00edtico que subyace no apunta a \u2018completar\u2019 la memoria existente sino a cancelarla para imponer una memoria antag\u00f3nica\u201d, advierten en el texto presentado este martes en Casa por la Identidad con el apoyo de las fundaciones Friedrich Ebert Stiftung, Heinrich B\u00f6ll Stiftung y Rosa Luxemburgo.\u00a0\u201cA 50 a\u00f1os del golpe de Estado de 1976, la memoria antidictatorial, en su car\u00e1cter resistente y cr\u00edtico del pasado autoritario, se revela como molesta. Y las pol\u00edticas que son parte de su legado est\u00e1n bajo asedio\u201d, a\u00f1aden.<\/p>\n
Lo construido en democracia, que implic\u00f3 que los militares volvieran a las barrancas, nunca se hab\u00eda puesto tan en crisis como con la\u00a0designaci\u00f3n del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa. \u201cLa decisi\u00f3n evidencia una pulsi\u00f3n por la repolitizaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas y por la militarizaci\u00f3n de la vida pol\u00edtica\u201d, se\u00f1alan.<\/p>\n
El retroceso se da en todos los \u00e1mbitos.\u00a0Quiz\u00e1 el ejemplo m\u00e1s elocuente de cu\u00e1l ser\u00eda la impronta estatal puede verse en la degradaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Derechos Humanos de la Naci\u00f3n (SDH) a subsecretar\u00eda. Se redujo la planta de trabajadores en un 40 por ciento y se recort\u00f3 el presupuesto.<\/p>\n
Las afectaciones se ven en distintas dimensiones. Por ejemplo,\u00a0se produjo un retiro de capacidades estatales en el impulso de los juicios de lesa humanidad\u00a0\u2014que ya tienen 1202 condenados, seg\u00fan las estad\u00edsticas de la Procuradur\u00eda de Cr\u00edmenes Contra la Humanidad (PCCH), como record\u00f3 Carlos \u201cCharly\u201d Pisoni, referente de H.I.J.O.S Capital.<\/p>\n
En la SDH se\u00a0despidi\u00f3 a los abogados que interven\u00edan como querellantes, lo que dej\u00f3 a las v\u00edctimas pr\u00e1cticamente sin representaci\u00f3n en todas las provincias. Ba\u00f1os invoc\u00f3 el desmantelamiento que \u00e9l mismo hab\u00eda llevado a cabo para intentar demorar causas que estaban en tr\u00e1mite.<\/p>\n
En paralelo, se redujo el personal del Centro de Asistencia a V\u00edctimas de Violaciones a los Derechos Humanos \u201cDoctor Fernando Ulloa\u201d y se elimin\u00f3 de sus funciones el acompa\u00f1amiento de los testigos en los juicios. Se desmantel\u00f3 el Programa Verdad y Justicia. Esto implica que desde la SDH ya no se asiste al Poder Judicial ni al Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF), no se realizan investigaciones ni se notifican actos procesales. A esto se le debe sumar que el Poder Ejecutivo no envi\u00f3 pliegos al Senado de candidatos a jueces, juezas o fiscales, lo que redunda en la demora de los juicios.<\/p>\n
Por otro lado, se percibe una\u00a0desarticulaci\u00f3n de la capacidad de investigaci\u00f3n estatal.\u00a0El hecho fundante fue la decisi\u00f3n de\u00a0Luis Petri de eliminar los equipos de relevamiento y an\u00e1lisis (ERyA), que funcionaban en Defensa desde 2010 para aportar documentaci\u00f3n a las causas. Petri justific\u00f3 este desmantelamiento acusando a los expertos de hacer \u201cmacartismo\u201d contra las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hubo movimientos semejantes en otras dependencias estatales que pasaron bajo el radar. Se desarm\u00f3 la mesa que se hab\u00eda creado para analizar qu\u00e9 hacer con los archivos de la Secretar\u00eda de Inteligencia de Estado (SIDE) y se dej\u00f3 de convocar a la mesa de archivos de memoria que funcionaba en la Canciller\u00eda.<\/p>\n
El Archivo Nacional de la Memoria (ANM) fue degradado y perdi\u00f3 a 44 de sus trabajadores. Se derog\u00f3, adem\u00e1s, la atribuci\u00f3n que le confer\u00eda acceso a los archivos en poder de los militares.\u00a0\u201cYa no existe ninguna oficina de la administraci\u00f3n p\u00fablica nacional con facultades legales para acceder a la documentaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas\u201d, denuncian en el reporte.<\/p>\n
Los\u00a0sitios de memoria han estado bajo una pol\u00edtica de ahogo presupuestario y despido de trabajadores.\u00a0\u201cArgentina fue vanguardia en la regi\u00f3n en esta tem\u00e1tica y hoy nos enfrentamos a una situaci\u00f3n de vaciamiento muy fuerte\u201d, resalta Ver\u00f3nica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta.<\/p>\n
Las partidas presupuestarias de 2024 no se ejecutaron. Los presupuestos previstos para este a\u00f1o bajaron entre un 50 y un 100 por ciento con respecto al a\u00f1o anterior. El espacio de memoria que funciona en lo que fue el centro clandestino Virrey Cevallos qued\u00f3 con su dotaci\u00f3n de personal reducida a la mitad. Los proyectos de creaci\u00f3n de espacios de memoria en lo que fue Vesubio y en la guarnici\u00f3n de Campo de Mayo quedaron archivados tras el despido de los trabajadores encargados de las iniciativas.<\/p>\n
El Museo Sitio de Memoria ESMA, considerado patrimonio de la humanidad por la Oficina de Naciones Unidas para la Educaci\u00f3n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tuvo que reducir los d\u00edas de apertura al p\u00fablico de seis a cuatro tras la desafectaci\u00f3n de diez trabajadores. Ya no hay personas dedicadas a la conservaci\u00f3n y el mantenimiento, y solo tres empleados se dedican a las visitas guiadas.\u00a0Las autoridades incumplieron, adem\u00e1s, dos fallos del juez federal Ariel Lijo que dispon\u00edan medidas concretas para el sostenimiento del espacio.<\/p>\n
Ba\u00f1os tambi\u00e9n cerr\u00f3 el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y despidi\u00f3 a 63 de sus 95 trabajadores. El Gobierno puso a la venta terrenos en los que funcionaron centros clandestinos, como La Perla Chica (C\u00f3rdoba), La Huerta (Tandil) y Puerta 8 de Campo de Mayo (Buenos Aires). Hubo tambi\u00e9n censura de actividades, como las jornadas de pol\u00edticas de la memoria que se realizaban en el Conti, un recital de Milo J y la presentaci\u00f3n de un libro en el Faro de Mar del Plata.<\/p>\n
La b\u00fasqueda de las ni\u00f1as y los ni\u00f1os robados durante la dictadura se vio obstaculizada\u00a0a trav\u00e9s de distintas medidas. Tanto Petri como Patricia Bullrich rechazaron enviar informaci\u00f3n a la Comisi\u00f3n Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). En agosto pasado, Milei elimin\u00f3 la Unidad Especial de Investigaci\u00f3n (UEI), que funcionaba dentro de este organismo y ten\u00eda dos funciones: realizar investigaciones prejudiciales y acceder a archivos estatales.<\/p>\n
La Conadi perdi\u00f3 al 40 por ciento de su personal. El Banco Nacional de Datos Gen\u00e9ticos (BNDG) funciona con presupuesto insuficiente y estuvo varias semanas ac\u00e9falo. El Gobierno tambi\u00e9n intent\u00f3 hacerle perder la autarqu\u00eda, pero ese decreto fue rechazado por el Congreso. Se limitaron tambi\u00e9n los an\u00e1lisis gen\u00e9ticos de quienes dudan de su identidad y residen en el exterior.<\/p>\n
Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, pone el \u00e9nfasis sobre la impunidad que trae aparejada la afectaci\u00f3n de la b\u00fasqueda de los beb\u00e9s robados durante el terrorismo de Estado. \u201cQue no se restituyan identidades significa que no se conozca qui\u00e9nes son responsables de estas apropiaciones\u201d, subraya.<\/p>\n
Hay, adem\u00e1s, dilaciones en la pol\u00edtica reparatoria, que van de la mano de un discurso estigmatizante, como el del \u201ccurro de los derechos humanos\u201d. La narrativa del Gobierno combina distintos elementos: negacionismo, relativismo y una reivindicaci\u00f3n directa del terrorismo de Estado. Son varios los funcionarios que se refieren al proceso de justicia como una instancia vengativa, innecesaria o sesgada. En simult\u00e1neo, se estigmatiza a los referentes de derechos humanos como corruptos o tendenciosos \u2013en algunos casos, se los lleg\u00f3 a acusar de destituyentes en una reversi\u00f3n de la \u201ccampa\u00f1a antiargentina\u201d de la dictadura\u2013 y se afirma que las pol\u00edticas de memoria son incompletas. Se vuelve a hablar de enemigos internos o terroristas mientras se refuta el n\u00famero de desaparecidos.<\/p>\n
Si no es tierra arrasada es porque las pol\u00edticas de memoria tienen apoyo social y de otras instancias estatales –m\u00e1s all\u00e1 de la cruzada del gobierno nacional. De cara a los 50 a\u00f1os del golpe, desde la mesa propusieron poner el debate sobre lo que signific\u00f3 y sigue significando la dictadura, sobre todo en un verano que se anticipa movido. \u201cNos vemos en las calles o nos vemos el 24 en la Plaza\u201d, cerr\u00f3 Perelman.<\/p>\n
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