El m\u00e1ximo tribunal revoc\u00f3 la sentencia que hab\u00eda declarado inconstitucional el DNU 70\/2023 de Javier Milei. Si bien aclar\u00f3 que no analiz\u00f3 el fondo de la norma, la decisi\u00f3n anula el freno judicial y repone en la pr\u00e1ctica la derogaci\u00f3n del r\u00e9gimen que proteg\u00eda el dominio nacional.<\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n revoc\u00f3 este martes 29 de septiembre la sentencia de la C\u00e1mara Federal de La Plata que hab\u00eda declarado la inconstitucionalidad del art\u00edculo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70\/2023. Mediante esa norma, el Poder Ejecutivo hab\u00eda dispuesto la derogaci\u00f3n de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.<\/p>\n
Con las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el m\u00e1ximo tribunal rechaz\u00f3 de plano la demanda promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata. Los jueces determinaron que la asociaci\u00f3n carece de legitimaci\u00f3n procesal y que no se configuraba un \u00abcaso o controversia\u00bb v\u00e1lido que habilitara la intervenci\u00f3n del Poder Judicial.<\/p>\n
El alcance pr\u00e1ctico de la decisi\u00f3n judicial en la Ley de Tierras<\/strong> Ante este escenario legal, el jurista Andr\u00e9s Gil Dom\u00ednguez advirti\u00f3 a Chequeado que \u00aba partir del dictado de la sentencia, cualquier persona f\u00edsica o jur\u00eddica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran -incluida las zonas de frontera- sin l\u00edmite alguno\u201d.<\/p>\n Sin embargo, cabe hacer una salvedad: si bien la derogaci\u00f3n elimina los cupos de hect\u00e1reas, la adquisici\u00f3n de tierras en zonas fronterizas sigue sujeta al r\u00e9gimen de Zonas de Seguridad de Fronteras (Decreto-Ley 15.385\/44), que exige a los extranjeros una autorizaci\u00f3n previa del Estado nacional; es decir, no hay un tope de superficie, pero s\u00ed una evaluaci\u00f3n caso por caso por cuestiones de defensa.<\/p>\n Qu\u00e9 establec\u00eda la normativa derogada<\/strong> Tope general: fijaba un l\u00edmite del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. El antecedente parlamentario y judicial<\/strong> En el plano judicial, la causa se origin\u00f3 a fines de 2023 mediante una acci\u00f3n de amparo impulsada por el CECIM contra el Poder Ejecutivo Nacional para obtener la declaraci\u00f3n de nulidad del art\u00edculo y de los actos jur\u00eddicos realizados con prescindencia de la ley derogada. En primera instancia, el juez Alberto Recondo hab\u00eda rechazado el planteo por falta de legitimaci\u00f3n, dejado sin efecto la medida cautelar que suspend\u00eda la norma y solicitado la baja de la causa del Registro de Procesos Colectivos.<\/p>\n Sin embargo, la Sala III de la C\u00e1mara Federal de La Plata \u2014integrada por los jueces Carlos Vallef\u00edn y Roberto Lemos Arias\u2014 revirti\u00f3 ese criterio en marzo de 2024, admiti\u00f3 la demanda colectiva y declar\u00f3 la inconstitucionalidad del art\u00edculo.<\/p>\n Finalmente, la intervenci\u00f3n de la Corte Suprema clausur\u00f3 el reclamo por cuestiones formales vinculadas a la legitimaci\u00f3n de la actora, dejando sin efecto aquel freno judicial.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El m\u00e1ximo tribunal revoc\u00f3 la sentencia que hab\u00eda declarado inconstitucional el DNU 70\/2023 de Javier Milei. Si bien aclar\u00f3 que no analiz\u00f3 el fondo de la norma, la decisi\u00f3n anula el freno judicial y repone en la pr\u00e1ctica la derogaci\u00f3n del r\u00e9gimen que proteg\u00eda el dominio nacional.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":163903,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[21],"class_list":["post-163902","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informe-nacional","tag-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/163902","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=163902"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/163902\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":163904,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/163902\/revisions\/163904"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/163903"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=163902"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=163902"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=163902"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nA pesar de que el fallo aclara de forma expresa que la resoluci\u00f3n \u00abse limita al rechazo de la demanda con fundamento en la falta de legitimaci\u00f3n de la actora y la ausencia del requisito constitucional de caso o controversia\u00bb, la decisi\u00f3n anula el freno dictado por la C\u00e1mara platense. De este modo, el pronunciamiento no emite un juicio de valor sobre la validez constitucional del decreto, pero en la pr\u00e1ctica repone la vigencia de la norma que elimin\u00f3 el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n.<\/p>\n
\nSancionada en diciembre de 2011 durante la gesti\u00f3n de Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, la Ley 26.737 impon\u00eda restricciones estrictas a la titularidad de capitales for\u00e1neos sobre el territorio nacional:<\/p>\n
\nCupo por nacionalidad: establec\u00eda que ninguna nacionalidad extranjera pod\u00eda superar el 30% de ese 15% permitido.
\nL\u00edmite por titular: ning\u00fan propietario extranjero pod\u00eda poseer m\u00e1s de mil hect\u00e1reas en la zona n\u00facleo o su superficie equivalente seg\u00fan la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica.<\/p>\n
\nLa resoluci\u00f3n del m\u00e1ximo tribunal se produce luego de que el oficialismo sufriera un rev\u00e9s pol\u00edtico en el Congreso de la Naci\u00f3n. En agosto, el Gobierno debi\u00f3 retirar por completo el cap\u00edtulo sobre tierras rurales que formaba parte del proyecto de ley de \u00abInviolabilidad de la Propiedad Privada\u00bb ante la falta de apoyos necesarios en el Senado. Aquella modificaci\u00f3n buscaba que la prohibici\u00f3n de adquirir tierras rurales quedara limitada \u00fanicamente a los Estados extranjeros, empresas p\u00fablicas y sociedades con participaci\u00f3n estatal.<\/p>\nFuente: R\u00edo Negro<\/h6>\n