{"id":50250,"date":"2016-06-30T05:50:46","date_gmt":"2016-06-30T08:50:46","guid":{"rendered":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/?p=50250"},"modified":"2016-06-30T07:53:52","modified_gmt":"2016-06-30T10:53:52","slug":"50250-2","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/50250-2\/","title":{"rendered":"Tigre: El riesgo del country vecino"},"content":{"rendered":"<p>Un juez dispuso que el municipio y la provincia resuelvan el peligro de inundaciones que sufre el barrio El garrote a partir de la construcci\u00f3n de un proyecto inmobiliario en la zona. La demanda fue presentada por los vecinos con el apoyo del CELS.<\/p>\n<p>La Justicia de San Isidro dict\u00f3 una medida cautelar que obliga al municipio de Tigre y a la provincia de Buenos Aires a garantizar a las 800 familias que habitan el barrio El garrote servicios urbanos b\u00e1sicos. En un plazo de 60 a 120 d\u00edas, ambas jurisprudencias deber\u00e1n asegurar la limpieza, fumigaci\u00f3n y saneamiento del r\u00edo Luj\u00e1n y del canal de San Fernando, adem\u00e1s del acceso al agua potable y a la red de gas. La demanda fue iniciada por los vecinos y patrocinada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a partir de la construcci\u00f3n de un emprendimiento inmobiliario que agrava la precaria situaci\u00f3n del barrio al aumentar los riesgos de provocar inundaciones. El mismo predio ya origin\u00f3 otra demanda por razones medioambientales.<\/p>\n<p>El juez Luciano Enrici, del Juzgado Contencioso Administrativo 2 de San Isidro, resolvi\u00f3 exigir al Estado municipal y provincial que aseguren la correspondiente recolecci\u00f3n de residuos en el barrio, la fumigaci\u00f3n y la limpieza de la zona, adem\u00e1s del saneamiento de las zonas del r\u00edo y del canal que lo cruzan. En su fallo, el juez recuerda tambi\u00e9n que el acceso al agua potable es un derecho humano que exige la tutela judicial, y ordena a ambas jurisdicciones a garantizarlo para las familias del barrio El garrote. El asentamiento comprende la zona delimitada por las v\u00edas del Tren de la Costa, el canal San Fernando, el r\u00edo Luj\u00e1n y un pared\u00f3n que lo separa de un predio donde en la actualidad se construyen viviendas sociales.<\/p>\n<p>\u201cLa demanda fue una solicitud de los vecinos debido a una conjunci\u00f3n de factores, uno de los cuales estaba relacionado a la construcci\u00f3n del emprendimiento n\u00e1utico Venice (un barrio privado ubicado sobre la costa)\u201d, explic\u00f3 Eduardo Reese, director del \u00e1rea de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales del CELS. Esta construcci\u00f3n, explic\u00f3, generaba temor en las familias del barrio El garrote, que consideraban que con la alteraci\u00f3n en el suelo llevada a cabo pod\u00eda aumentar el riesgo de que se inundara la zona en casos de lluvia.<\/p>\n<p>As\u00ed, en agosto de 2014, el CELS patrocin\u00f3 la demanda de los vecinos del barrio de Tigre, a partir de la cual se abrieron tres causas. La primera, a la que responde el fallo aprobado por la Justicia, se inici\u00f3 contra la provincia y el municipio. \u201cEl barrio \u2013afirm\u00f3 Reese\u2013 est\u00e1 en una situaci\u00f3n de claro abandono y precariedad\u201d. Ese abandono se manifiesta en la ausencia de un sistema cloacal, de un sistema de recolecci\u00f3n de basura, \u201cpero tambi\u00e9n en la falta de saneamiento del r\u00edo y del canal que tienen alt\u00edsimos niveles de contaminaci\u00f3n\u201d, aport\u00f3.<\/p>\n<p>El fallo del juez cita adem\u00e1s un informe de la Asociaci\u00f3n Argentina de M\u00e9dicos por el Medio Ambiente, del que se desprende que en el barrio existen \u201cbocas de desag\u00fces cloacales hechas por los vecinos\u201d, algunas de las cuales se encuentran cerradas de forma insegura \u201cmientras que otras directamente, est\u00e1n abiertas\u201d. Adem\u00e1s, la asociaci\u00f3n sanitaria se\u00f1ala que no existen instituciones educativas ni centros de salud dentro de los l\u00edmites del barrio, por lo que para acceder a ellos los vecinos deben salir de El garrote, aunque el estado de las calles imposibilita la circulaci\u00f3n del transporte p\u00fablico, de ambulancias, e incluso de autos particulares.<\/p>\n<p>En cuanto a la situaci\u00f3n medioambiental general, el informe se\u00f1ala que \u201clas aguas del canal se ven a simple vista altamente contaminadas por todo tipo de residuos\u201d, como la situaci\u00f3n en la que se encuentra la zona de la playa de su desembocadura en el r\u00edo Luj\u00e1n, donde se distinguen \u201ctres mont\u00edculos de aproximadamente 4 o 5 metros de alto\u201d de basura. \u201cEl agua que penetra en las viviendas durante las inundaciones arrastra los contaminantes que se encuentran en el suelo como as\u00ed tambi\u00e9n los residuos cloacales vertidos a cielo abierto\u201d, indica el informe.<\/p>\n<p>Las otras dos causas iniciadas por el reclamo de los vecinos a\u00fan esperan dictamen de la Justicia. Una de ellas, adem\u00e1s del municipio y la provincia, se abri\u00f3 contra TGLT, la empresa constructora de Venice, debido al impacto de esa edificaci\u00f3n en la zona y las irregularidades en las obras, entre las que se incluye su iniciaci\u00f3n antes de conseguir el permiso de los organismos regulatorios correspondientes. \u201cEl avance de la investigaci\u00f3n nos dice que la obra empez\u00f3 al menos nueve meses antes de que se aprobara la documentaci\u00f3n t\u00e9cnica del proyecto y al menos un a\u00f1o antes de que la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires avalara el proyecto hidr\u00e1ulico\u201d, expres\u00f3 Reese.<\/p>\n<p>La tercera causa, de nuevo contra el municipio de Tigre y contra la provincia de Buenos Aires, apunta a la aplicaci\u00f3n de la Ley de Acceso Justo al H\u00e1bitat (14.449), de alcance provincial, que busca garantizar el derecho a la vivienda y a un h\u00e1bitat digno, en particular a los sectores de m\u00e1s bajos recursos.<\/p>\n<p>La ley provincial, sancionada en 2012 y reglamentada a fines de 2013, adem\u00e1s de establecer derechos habitacionales para todos los ciudadanos, obliga a las grandes empresas del mercado inmobiliario a ceder el diez por ciento del valor total del terreno sobre el que construye para la realizaci\u00f3n de planes de vivienda social. Se trata de barrios cerrados, countries, hipermercados, clubes de campo, shoppings y cementerios privados, \u201csiempre que ocupen predios de m\u00e1s de 5 mil metros cuadrados\u201d, seg\u00fan se\u00f1ala la norma. \u201cLa demanda de El garrote nos parece muy importante \u2013asegur\u00f3 Reese\u2013 en tanto pone en juego la aplicaci\u00f3n de una ley que busca garantizar un derecho tan b\u00e1sico como la vivienda\u201d.<\/p>\n<h6>Fuente: P\u00e1gina 12<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un juez dispuso que el municipio y la provincia resuelvan el peligro de inundaciones que sufre el barrio El garrote a partir de la construcci\u00f3n de un proyecto inmobiliario en la zona. 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