Empresas radicadas en guaridas fiscales como islas Caim\u00e1n, Hong Kong o Andorra dominan una de cada 16 hect\u00e1reas de campos argentinos en manos de extranjeros. El Gobierno modific\u00f3 por decreto la Ley de Tierras para promover la extranjerizaci\u00f3n.<\/p>\n
La red global de servicios offshore no se limita a administrar cuentas bancarias secretas o crear empresas pantalla para controlar activos financieros no declarados: compa\u00f1\u00edas radicadas en guaridas fiscales como Islas Caim\u00e1n, Uruguay, Hong Kong, Liechtenstein, Andorra, V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y Luxemburgo controlan 1,1 millones de hect\u00e1reas de territorio rural argentino. Los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales a los que accedi\u00f3 este diario revelan que una de cada 16 hect\u00e1reas en manos de extranjeros son administradas a trav\u00e9s de firmas emplazadas en jurisdicciones del secreto.<\/p>\n
Los cambios a la reglamentaci\u00f3n de la ley de tierras rurales dispuestos la semana pasada por el Gobierno promueven el proceso de extranjerizaci\u00f3n. La eliminaci\u00f3n de la intervenci\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera y la AFIP ante incumplimientos a la legislaci\u00f3n facilita la canalizaci\u00f3n de operaciones a trav\u00e9s de las opacas estructuras provistas por los para\u00edsos fiscales. La extensi\u00f3n de tierras rurales controladas por sociedades offshore representa 55 veces la superficie porte\u00f1a.<\/p>\n
La legislaci\u00f3n aprobada a finales de 2011 para regular la adquisici\u00f3n de tierras rurales por parte de extranjeros estableci\u00f3 el 15 por ciento como l\u00edmite a la tenencia de tierras en manos de esos inversores. En la actualidad, el territorio controlado por inversores del exterior alcanza al 6,1 por ciento del total nacional, es decir unas 16 millones de hect\u00e1reas. Bajo el argumento de \u201cfacilitar y posibilitar las inversiones en el pa\u00eds\u201d, el Gobierno flexibiliz\u00f3 por decreto el jueves pasado los controles dispuestos por la Ley de Tierras Rurales para la venta de propiedades a extranjeros.<\/p>\n
Pr\u00e1cticamente el 80 por ciento de la superficie de tierra rural extranjerizada del pa\u00eds se encuentra en poder de 253 individuos y sociedades que representan al 1,6 por ciento del total de los propietarios extranjeros. Los \u00faltimos relevamientos oficiales muestran que, con casi tres millones de hect\u00e1reas, los estadounidenses encabezan el listado de due\u00f1os de tierras seguidos de los italianos y espa\u00f1oles. En cuarto y quinto lugar se ubican dos reconocidas guaridas fiscales: Suiza y Uruguay. Los datos disponibles no permiten determinar qu\u00e9 porci\u00f3n de esos terratenientes suizos y uruguayos son genuinos y cu\u00e1les estructuras societarias pantalla radicadas en esas jurisdicciones controladas desde otro pa\u00eds.<\/p>\n
Para \u201cpromover\u201d las inversiones extranjeras y como antesala a una profunda modificaci\u00f3n de la ley vigente el gobierno de Macri flexibiliz\u00f3 las exigencias para que una persona f\u00edsica o jur\u00eddica extranjera compre tierras rurales. La ley estableci\u00f3 que los inversores for\u00e1neos que pretenden adquirir territorios en el pa\u00eds deben tramitar previamente un certificado de habilitaci\u00f3n ante el Registro de Tierras. En esa documentaci\u00f3n busca garantizar el cumplimiento de las limitaciones a la extranjerizaci\u00f3n dispuestas por la ley que los legisladores del PRO se abstuvieron de votar a fines de 2011. De acuerdo a la normativa, el 15 por ciento del territorio nacional puede estar controlado por extranjeros, esas empresas no pueden adquirir tierras rurales que limiten o contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes, y se dispone un tope personal de 1000 hect\u00e1reas en zona n\u00facleo, o su equivalente en cada provincia.<\/p>\n
El decreto del gobierno no modific\u00f3 esas restricciones pero abri\u00f3 la puerta para se puedan realizar transferencias de acciones a extranjeros solo \u201ccomunic\u00e1ndole\u201d al Registro la operaci\u00f3n sin requerir de un certificado de habilitaci\u00f3n. Un documento del Centro de Estudios Patagonia advierte que la nueva normativa precisa a los interesados en saltarse las limitaciones c\u00f3mo deben hacerlo: si la persona f\u00edsica o jur\u00eddica supera los l\u00edmites del art\u00edculo10 de la Ley 26.737 (las restricciones vinculadas a cuerpos de agua y las 1000 hect\u00e1reas) esta dispone de 90 d\u00edas para readecuarse a la ley transfiriendo a sociedades controladas la propiedad de la tierra o modificando el tipo de explotaci\u00f3n.<\/p>\n
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