Dicen que las trabas para acceder al mismo son m\u00faltiples. La provincia lo niega y afirma que s\u00f3lo se exige justificar el pedido.<\/p>\n
Un grupo de acad\u00e9micos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y del Litoral (UNL), junto a investigadores del Conicet, salieron a denunciar p\u00fablicamente el \u00abvirtual cierre\u00bb del Archivo Provincial de la Memoria, un fondo documental indispensable para llevar adelante sus estudios. \u00abSon tantas las restricciones que nos ponen desde hace dos a\u00f1os y medio que en los hechos resulta imposible realizar una consulta\u00bb, explic\u00f3 ayer la docente e investigadora del organismo nacional, Gabriela Aguila. La directora de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades, Cristina Viano, refrend\u00f3 la denuncia y sostuvo que gente \u00abmuy reconocida y con una vasta trayectoria en la historia reciente, sobre todo a nivel regional, que ha sido incluso pionera en la creaci\u00f3n de un campo disciplinar, tiene que vencer innumerables obst\u00e1culos para acceder a esos archivos\u00bb.<\/p>\n
De hecho, no es la primera vez que los investigadores denuncian severas \u00abtrabas\u00bb para consultar el fondo, que depende de la Secretar\u00eda de Derechos Humanos provincial. \u00abEs una situaci\u00f3n que data del 2013\u00bb, asegur\u00f3 Aguila, producto de una \u00abdisposici\u00f3n administrativa\u00bb que, invocando el principio de resguardo de datos personales o sensibles, torn\u00f3 las consultas de los investigadores \u00abcasi imposibles\u00bb en los hechos.<\/p>\n
Seg\u00fan detall\u00f3 la historiadora, las restricciones que se les ponen aducen cuestiones \u00abadministrativas, de tiempos, de espera o de falta de personal\u00bb, dificultades que terminan funcionando como \u00abun importante obst\u00e1culo\u00bb para el desarrollo de investigaciones realizadas por equipos de las dos universidades santafesinas y del Conicet, incluyendo \u2014parad\u00f3jicamente\u2014 las que financia la Secretar\u00eda de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n de la propia provincia.<\/p>\n
En rigor, esas trabas no s\u00f3lo perjudican los estudios individuales o grupales, sino que frenan \u00abel avance del conocimiento hist\u00f3rico y la preservaci\u00f3n y transmisi\u00f3n de la memoria colectiva sobre el pasado reciente\u00bb, afirmaron los acad\u00e9micos en un documento que lleva m\u00e1s de 30 firmas.<\/p>\n
Al respecto, Aguila sostuvo que se trata de un fondo documental indispensable para investigaciones que hacen foco en la problem\u00e1tica de la memoria y los derechos humanos, pero a la vez, en un sentido m\u00e1s amplio, para todas las que abordan la historia de la segunda mitad del siglo XX.<\/p>\n
Consensuado. La documentaci\u00f3n que integra el Archivo de la Memoria fue ordenada hace ya seis a\u00f1os por un equipo interdisciplinario que tambi\u00e9n se aboc\u00f3 a capacitar personal y elaborar un proyecto de reglamento EM_DASHadecuado al decreto provincial de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablicaEM_DASH y elev\u00f3 su propuesta a inicios del 2011.<\/p>\n
Ese reglamento, que inclu\u00eda formularios de acceso, solicitud y reproducci\u00f3n de la informaci\u00f3n acorde a diferentes categor\u00edas de usuarios, fue aprobado por una resoluci\u00f3n provincial en noviembre de 2011 y presentado p\u00fablicamente ese mismo mes en el Museo de la Memoria local.<\/p>\n
Pero dos a\u00f1os despu\u00e9s, record\u00f3 Aguila, \u00abinesperadamente, sin notificaci\u00f3n previa y en ausencia absoluta de la m\u00ednima fundamentaci\u00f3n que exige cualquier acto p\u00fablico\u00bb, una comunicaci\u00f3n interna cambi\u00f3 las reglas de juego.<\/p>\n
Esa nueva disposici\u00f3n es la que ahora, \u00absi bien no proh\u00edbe la consulta, en la pr\u00e1ctica impide el acceso a los investigadores al fondo documental\u00bb, exigi\u00e9ndoles demostrar \u00abidoneidad\u00bb en entrevistas personales en Santa Fe, lo que extiende plazos y dilata el avance de los estudios.<\/p>\n
Seg\u00fan la historiadora, se cursaron sucesivos pedidos que no hallaron respuesta. Y ahora, con la nueva ley que en abril pasado formaliz\u00f3 la creaci\u00f3n del archivo (ver aparte), los investigadores volvieron a la carga.<\/p>\n
\u00abEn este nuevo contexto queremos saber c\u00f3mo ser\u00e1 de aqu\u00ed en m\u00e1s el protocolo para la consulta\u00bb, dijo Aguila, convencida de que se trata de una \u00aboportunidad para revisar las medidas que vienen impidiendo el acceso al fondo documental\u00bb, integrado b\u00e1sicamente por \u00abinformes de los servicios de inteligencia sobre la identidad y la filiaci\u00f3n pol\u00edtica de las personas y las organizaciones que vigilaban\u00bb. Datos a su vez \u00abmuy dif\u00edciles de reconstruir por otras v\u00edas\u00bb.<\/p>\n
Desmentida. La denuncia fue desestimada por el subsecretario de Derechos Humanos provincial, Ram\u00f3n Ver\u00f3n, quien afirm\u00f3 que no existen restricciones a la informaci\u00f3n, sino s\u00f3lo la obligaci\u00f3n de seguir un \u00abprotocolo\u00bb para garantizar que esos datos sensibles lleguen a manos \u00abid\u00f3neas\u00bb.<\/p>\n
\u00abAntes no hab\u00eda ninguna regulaci\u00f3n para acceder a esa informaci\u00f3n sin las tachas correspondientes, incluso en plena etapa de los juicios (de la verdad)\u00bb, afirm\u00f3 Ver\u00f3n, quien dijo no entender \u00abqu\u00e9 lleva a este grupo de investigadores a poner el grito en el cielo\u00bb, una actitud que tild\u00f3 de injusta. \u00abPueden hacer el pedido, que yo mismo he vehiculizado en m\u00e1s de una oportunidad\u00bb, se defendi\u00f3.<\/p>\n
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