El Senado aprob\u00f3 un proyecto para solicitar a la provincia que solicite declarar la inconstitucionalidad del Decreto N\u00ba 820 del gobierno de Mauricio Macri<\/p>\n
La C\u00e1mara de Senadores solicit\u00f3 al Poder Ejecutivo que, a trav\u00e9s del fiscal de Estado, como \u00f3rgano de asesoramiento jur\u00eddico y de defensa legal de la provincia, solicite la declaraci\u00f3n judicial de inconstitucional del Decreto Nacional 820\/2016 referente a la Ley de tierras rurales N\u00ba 26.737.<\/p>\n
La iniciativa del senador por Garay, Ricardo Kaufmann, fue firmada por la totalidad del bloque Justicialista y encuentra su fundamento en que en diciembre de 2011 fue sancionada mediante un amplio debate parlamentario la Ley 26.737, denominada \u00abR\u00e9gimen de protecci\u00f3n al dominio nacional sobre la propiedad, posesi\u00f3n o tenencia de las tierras rurales\u00bb. La que fuera reglamentada mediante Decreto N\u00ba 274\/2012 de fecha 1\/03\/2012.<\/p>\n
En \u00e9l se preve\u00eda la obligaci\u00f3n de tramitar por ante el Registro Nacional de Tierras Rurales, el certificado de habilitaci\u00f3n previo a la adquisici\u00f3n de tierras por parte de extranjeros, tanto para los casos de compra directa del inmueble como para el supuesto que se adquiera mediante la transferencia de participaci\u00f3n accionaria a extranjeros, cuando el titular del inmueble es una persona jur\u00eddica.<\/p>\n
Los legisladores agregaron que \u00abas\u00ed, la autoridad de aplicaci\u00f3n cumpl\u00eda con la funci\u00f3n de controlar y otorgar el correspondiente certificado de habilitaci\u00f3n para que la operaci\u00f3n pueda realizarse en los porcentajes y especificaciones que la misma ley prev\u00e9\u00bb y que con el dictado del Decreto 820\/2016, que piden derogar, \u00abse echa por tierra, no solo el control soberano de la adquisici\u00f3n de los recursos naturales por parte de capitales extranjeros, sino que adem\u00e1s deja de lado todo el debate y enriquecimiento parlamentario que subyace a la sanci\u00f3n de la Ley 26.737\u00bb.<\/p>\n
\u00abA partir de su dictado se da v\u00eda libre para que se pueda realizar la enajenaci\u00f3n, al quitarle a la autoridad de aplicaci\u00f3n la funci\u00f3n de otorgar la habilitaci\u00f3n, bastando ahora con solo \u00abcomunicar\u00bb al Registro Nacional de Propiedad Rural, si de dicha operatoria se superan los l\u00edmites del art\u00edculo 10 de la Ley 26.737″, agregan.
\nEn este art\u00edculo, se introduce la prohibici\u00f3n de adquirir por parte de personas extranjeras de inmuebles que contengan o sean ribere\u00f1os de cuerpo de agua de envergadura y permanentes.<\/p>\n
\u00abAntes el particular deb\u00eda contratar a un profesional que verifique la inexistencia de esos cuerpos de agua y ser autenticado por la autoridad provincial del agua como requisito del tr\u00e1mite, atento a la competencia provincial sobre los recursos h\u00eddricos, en base a lo dispuesto por el art\u00edculo 124 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb, contin\u00faa el comunicado.<\/p>\n
\u00abEl nuevo decreto en cambio prev\u00e9 que desde el Ministerio de Justicia remitir\u00e1n a las provincias dicha consulta y si pasados 10 d\u00edas no contestase queda aprobada t\u00e1citamente la enajenaci\u00f3n; atajo por el que resultar\u00eda f\u00e1cilmente habilitada la extranjerizaci\u00f3n de un lago, laguna o cuerpo de agua de envergadura, en contraposici\u00f3n a lo previsto por la ley\u00bb, argumentaron.<\/p>\n
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