{"id":55428,"date":"2016-11-02T07:46:41","date_gmt":"2016-11-02T10:46:41","guid":{"rendered":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/?p=55428"},"modified":"2016-11-02T07:46:41","modified_gmt":"2016-11-02T10:46:41","slug":"bolsillo-payaso-la-plata-del-estado","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/bolsillo-payaso-la-plata-del-estado\/","title":{"rendered":"Bolsillo de payaso con la plata del Estado"},"content":{"rendered":"<p>El Presidente asign\u00f3 unos 3000 millones de d\u00f3lares para terminar la obra, justo lo que reclamaba el contratista, pese a que un informe del Estado precis\u00f3 que restaban desembolsar entre 2055 y 2264 millones como m\u00e1ximo. Su primo Angelo Calcaterra, entre los principales beneficiados.<\/p>\n<p>El presidente Mauricio Macri firm\u00f3 el 16 de junio el decreto 797 a trav\u00e9s del cual asign\u00f3 45.000 millones de pesos, unos 3000 millones de d\u00f3lares, para realizar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La decisi\u00f3n sorprendi\u00f3 a los que conocen el proyecto porque es el monto exacto que ven\u00eda reclamando desde hace tiempo el consorcio privado encargado de la obra, cifra que los t\u00e9cnicos responsables de monitorear la obra se hab\u00edan negado a convalidar por considerar que estaba inflada, lo que hab\u00eda empantanado la negociaci\u00f3n. Un informe de gesti\u00f3n presentado en diciembre por los responsables de la Unidad Ejecutora del Soterramiento encargada de controlar el proyecto, al que accedi\u00f3 P\u00e1gina\/12, detalla que el monto actualizado a pagar por la obra faltante oscilaba entre 2055 y 2264 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan el criterio de actualizaci\u00f3n a adoptarse. Sin embargo, el gobierno reconoci\u00f3 de golpe entre 750 y 945 millones de d\u00f3lares m\u00e1s sin dar explicaciones sobre los motivos de tama\u00f1a concesi\u00f3n. Los beneficiados son la brasile\u00f1a Odebrecht, la italiana Ghella, la espa\u00f1ola Comsa y la argentina Iecsa, firma que originariamente era del Grupo Macri y luego fue vendida a Angelo Calcaterra, primo del primer mandatario.<\/p>\n<p><strong>El origen<\/strong><br \/>\nEl proyecto de soterramiento del ferrocarril Sarmiento fue incorporado al plan de obras p\u00fablicas que llev\u00f3 adelante el kirchnerismo en febrero de 2006 a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n 82 de la Secretar\u00eda de Transporte. Esa misma norma contempl\u00f3 el llamado a licitaci\u00f3n y en octubre el consorcio encabezado entonces por IECSA qued\u00f3 entre los precalificados, junto a Benito Roggio y el Grupo Isolux. Al a\u00f1o siguiente se modific\u00f3 el objeto de la licitaci\u00f3n y en octubre de 2007 s\u00f3lo presentaron oferta econ\u00f3mica los consorcios encabezados por IECSA e Isolux. Finalmente, en enero de 2008, hace ya m\u00e1s de ocho a\u00f1os, se le adjudic\u00f3 la obra a IECSA, pero pocos meses despu\u00e9s estall\u00f3 la crisis financiera internacional y se volvi\u00f3 inviable el financiamiento propuesto originalmente por la contratista.<\/p>\n<p><strong>Pelea por el precio<\/strong><br \/>\nLuego de varios a\u00f1os sin avances significativos, en agosto de 2013 el gobierno cre\u00f3 la Unidad Ejecutora del Soterramiento del Sarmiento (UESS) para tratar de destrabar la obra. En noviembre de ese a\u00f1o, el consorcio encabezado por IECSA present\u00f3 una carta a la UESS en la que inform\u00f3 que el Banco Nacional de Desarrollo Econ\u00f3mico y Social (Bndes) de Brasil hab\u00eda aceptado financiar hasta 1508 millones de d\u00f3lares, bajo una modalidad que obligaba a destinar ese dinero a la compra de bienes y servicios de origen brasile\u00f1o, un tipo de condicionalidad que no estaba contemplada en el pliego de licitaci\u00f3n. Esos 1508 millones de d\u00f3lares no eran azarosos sino que correspond\u00edan al 50 por ciento de un monto contractual actualizado estimado en 3000 millones de d\u00f3lares. El problema es que esa estimaci\u00f3n preliminar hab\u00eda sido realizada de manera unilateral por Iecsa y sus socios en julio de 2013, con la utilizaci\u00f3n de una serie de adecuaciones provisorias de precios<\/p>\n<p>Para llegar a esos 3000 millones de d\u00f3lares, el consorcio hab\u00eda contabilizado, por ejemplo, gastos vinculados con fletes internos en Brasil, despachos de Aduana, seguros por la importaci\u00f3n de bienes y otra serie de gastos vinculados con la log\u00edstica que conllevaban esas importaciones. En el anterior gobierno consideraban que los gastos adicionales no estaban justificados porque la financiaci\u00f3n prevista en el pliego no era para la importaci\u00f3n de bienes y servicios de Brasil sino una financiaci\u00f3n directa al proyecto. Con el nuevo esquema propuesto, esas condiciones originales cambiaban sustancialmente, pero el gobierno de CFK no las acept\u00f3 porque nunca terminaron de ponerse de acuerdo en el precio final.<\/p>\n<p>Las mismas diferencias resurgieron cuando la UESS propuso un cambio en la metodolog\u00eda de construcci\u00f3n de las estaciones. Originalmente, la oferta de la contratista contemplaba un sistema de construcci\u00f3n llamado Cut&amp;Cover que preve\u00eda la anulaci\u00f3n temporaria de las v\u00edas principales, la instalaci\u00f3n de desv\u00edos provisorios, la construcci\u00f3n de estaciones alternativas, el desplazamiento parcial del sistema de se\u00f1alizaci\u00f3n existente y la reubicaci\u00f3n de instalaciones ferroviarias, entre otros cambios. Sin embargo, la secretar\u00eda de Transporte primero y luego la UESS coincidieron en que ese proceso de construcci\u00f3n implicar\u00eda alteraciones incompatibles con el normal funcionamiento del tren y propusieron avanzar con la modalidad de construcci\u00f3n \u201cen caverna\u201d, la cual permit\u00eda realizar la excavaci\u00f3n y construcci\u00f3n de la estructura desde el interior propio del t\u00fanel, minimizando las interferencias con el sistema de transporte y con las instalaciones ferroviarias. A ra\u00edz de este cambio, el consorcio contratista present\u00f3 entre agosto de 2014 y abril de 2015 tres propuestas que reflejaban parcialmente las observaciones de la UESS. La primera presentaci\u00f3n estimaba el monto total de la obra faltante, una vez m\u00e1s, en 3000 millones de d\u00f3lares. En la segunda propuesta lo bajaron a 2856 millones de d\u00f3lares y en la tercera propuesta a 2842 millones de d\u00f3lares. Pese a ese \u201cesfuerzo\u201d del consorcio por presentar un mejor precio, fue imposible llegar a un acuerdo porque, seg\u00fan el an\u00e1lisis realizado por la UESS, el precio de la obra faltante, descontando el porcentaje del anticipo dado, en el peor de los casos estaba en torno a los 2250 millones de d\u00f3lares, unos 750 millones de d\u00f3lares menos de lo que reclamaban el consorcio integrado por Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa.<\/p>\n<p>En el informe de gesti\u00f3n de la UESS al que accedi\u00f3 P\u00e1gina\/12, presentado a fin del a\u00f1o pasado e incorporado al expediente que se inici\u00f3 con el llamado a licitaci\u00f3n, se da cuenta de todos estos inconvenientes. Especialistas consultados por este diario coincidieron en se\u00f1alar que la distancia entre lo que reclamaba el contratista y lo que estaba dispuesto a reconocer el Gobierno hubiera ameritado la rescisi\u00f3n del contrato, debido a que las exigencias vinculadas al financiamiento no respetaban las pautas del pliego. Pero la llegada de Mauricio Macri destrab\u00f3 la situaci\u00f3n de un modo similar a c\u00f3mo se encauz\u00f3 la negociaci\u00f3n con los fondos buitres: pagando lo que la contraparte exig\u00eda.<\/p>\n<p><strong>Todo lo que piden<\/strong><br \/>\nEl decreto de necesidad y urgencia 797, firmado por Macri en junio, le asign\u00f3 a la obra los 45.000 millones de pesos que reclamaba el contratista. El consorcio ahora ni siquiera aporta el financiamiento, como exig\u00eda el pliego de licitaci\u00f3n, porque el dinero lo pone el Estado, situaci\u00f3n que incluso podr\u00eda motivar la impugnaci\u00f3n por parte de los otros oferentes que en su momento perdieron la compulsa.<\/p>\n<p>Los encargados de llevar adelante la \u201cnegociaci\u00f3n\u201d fueron Eduardo Firvida, nuevo responsable de la UESS, y el ingeniero civil M\u00e1ximo Fioravanti, director de inspecci\u00f3n de la obra por parte del Estado, quienes desconocieron el informe elaborado por la gesti\u00f3n anterior de la UESS y r\u00e1pidamente aceptaron las exigencias del contratista. Firvida es un ingeniero que viene de trabajar con el ministro de Transporte Guillermo Dietrich en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Fioravanti fue secretario de Obras P\u00fablicas de Fernando de la R\u00faa y tambi\u00e9n trabaj\u00f3 en la Secretar\u00eda de Transporte con Juan Pablo Schiavi.<\/p>\n<p>\u201cAhora empez\u00f3 de verdad\u201d, afirm\u00f3 Macri el pasado 12 de octubre en un breve acto en la estaci\u00f3n de Haedo al poner en marcha la tuneladora con la que se realizar\u00e1 el soterramiento. El problema central es el alto costo que tendr\u00e1 para el Estado empezar la obra en las actuales condiciones. Desde la oposici\u00f3n, est\u00e1n al tanto de esta situaci\u00f3n. Por eso la ex presidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner el lunes volvi\u00f3 a pedir una auditoria sobre todas las obras que se realizaron desde 2003, para tratar de despegarse de las denuncias de corrupci\u00f3n, y adem\u00e1s reclam\u00f3 que se aplique el mismo criterio para investigar al gobierno actual. La primera reacci\u00f3n por parte de la Justicia lleg\u00f3 el mismo lunes cuando los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron que se investiguen una serie de modificaciones introducidas en la licitaci\u00f3n.<\/p>\n<h6>Fuente: P\u00e1gina 12<\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Presidente asign\u00f3 unos 3000 millones de d\u00f3lares para terminar la obra, justo lo que reclamaba el contratista, pese a que un informe del Estado precis\u00f3 que restaban desembolsar entre 2055 y 2264 millones como m\u00e1ximo. 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