Los trabajadores que sufran accidentes estar\u00e1n obligados a pasar por una comisi\u00f3n m\u00e9dica, que suele fijar reparaciones insuficientes, antes de recurrir a la Justicia, trabando sus posibilidades de defensa. El Gobierno utiliz\u00f3 un DNU pese a que hab\u00eda una ley en el Congreso.<\/p>\n
Un diagn\u00f3stico: las acciones judiciales iniciadas por accidentes laborales son excesivas. Los cuestionamientos al sistema de riesgos de trabajo son generalizados y de largo aliento pero la aversi\u00f3n a la litigiosidad proviene del sector empleador. Incrementa sus costos, atenta contra la inversi\u00f3n y afecta la creaci\u00f3n de empleo, sostienen. Los acompa\u00f1an las firmas aseguradoras, las ART. El Gobierno asumi\u00f3 como propio ese reclamo desde el primer d\u00eda y, en diciembre, envi\u00f3 un proyecto de ley para abordarlo. Las soluciones planteadas para terminar con los juicios no pasan por garantizar el pago de reparaciones justas, ampliar el listado de enfermedades contempladas por el sistema ni reparar la ausencia de prevenci\u00f3n y seguridad laboral. La propuesta de la Casa Rosada fue establecer la obligatoriedad para que los accidentados atraviesen una evaluaci\u00f3n m\u00e9dica antes de contemplar el inicio de cualquier demanda en los tribunales laborales o civiles. Con ese pilar que reestablece lineamientos declarados inconstitucionales de la legislaci\u00f3n instalada en pleno auge flexibilizador, el Poder Ejecutivo aprovech\u00f3 las sesiones extraordinarias de diciembre para enviar un proyecto de ley. Ingres\u00f3 por el Senado y, con algunas modificaciones, recibi\u00f3 media sanci\u00f3n durante las sesiones extraordinarias. La iniciativa que tapona la posibilidad de iniciar juicios por accidentes instalando comisiones m\u00e9dicas obligatorias aguardaba hasta ayer que el Parlamento retome la actividad para ser debatido en Diputados. Sin embargo, el Gobierno decidi\u00f3 acelerar la transformaci\u00f3n del sistema de riesgos del trabajo. Como \u201cesperar los tiempos habituales del tr\u00e1mite legislativo pendiente irrogar\u00eda un importante retraso\u201d, seg\u00fan el Poder Ejecutivo, impuso su reforma por decreto. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 54\/2017 que repone la obligatoriedad de las comisiones m\u00e9dicas es similar al texto aprobado en la C\u00e1mara Alta donde tambi\u00e9n estaban previstas mejoras en la f\u00f3rmula de c\u00e1lculo de las indemnizaciones. La normativa que pretende anticiparse al final de la feria judicial despert\u00f3 el rechazo de aliados pol\u00edticos, legisladores opositores y abogados laboralistas as\u00ed como algunos cuestionamientos sindicales. Obtuvo, en cambio, el benepl\u00e1cito patronal. La reforma estuvo acompa\u00f1ada en el Bolet\u00edn Oficial por el decreto que elimin\u00f3 los feriados puente (ver p\u00e1gina 5).<\/p>\n
Hasta la semana pasada estaba vigente una reforma de 2012. Esa iniciativa busc\u00f3 atacar la miserabilidad de las reparaciones frente a accidentes y elimin\u00f3 la posibilidad de recurrir a la Justicia para reclamar por la diferencia entre lo que paga el sistema y el monto que el trabajador considera que \u201cdeber\u00eda\u201d percibir. En su lugar, estableci\u00f3 una \u201copci\u00f3n excluyente\u201d entre el sistema y la Justicia civil (con diferentes planteos legales muchos abogados continuaron recurriendo a los tribunales laborales). Los cambios no lograron resolver la \u201celevada litigiosidad\u201d y, mucho menos, mejorar la prevenci\u00f3n y seguridad laboral.<\/p>\n
El camino elegido ayer por el gobierno de Mauricio Macri para atacar la problem\u00e1tica fue dilatar la posibilidad de que un trabajador inicie un reclamo judicial. Para eso, fij\u00f3 como requisito obligatorio la actuaci\u00f3n de las comisiones m\u00e9dicas. Cuando la normativa haya sido reglamentada, ese \u00f3rgano administrativo cuyos ingresos dependen de las ART ser\u00e1 quien reconozca la existencia de una enfermedad laboral o el grado de incapacidad por accidente (para eso la comisi\u00f3n dispone de 60 d\u00edas, aunque el decreto dispone que el plazo puede prorrogarse). Cuando un trabajador no est\u00e9 de acuerdo con la decisi\u00f3n deber\u00e1 solicitar una revisi\u00f3n ante la comisi\u00f3n m\u00e9dica central. Reci\u00e9n en ese momento el decreto habilita recurrir a la Justicia. Los tribunales indicados ser\u00e1n los de la jurisdicci\u00f3n donde vive o donde presta servicios, bloqueando as\u00ed que las demandas vayan a la justicia laboral donde tiende a primar el principio protector. La obligatoriedad de ese recorrido, contemplado en la ley original de 1995, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema y las reparaciones que establecen hoy las comisiones son, en la mayor\u00eda de los casos, inferiores a las de la justicia.<\/p>\n
Adem\u00e1s de restaurar la obligatoriedad de un esquema considerado inconstitucional desde 2004, la ansiedad del Gobierno que se adelant\u00f3 por decreto al tr\u00e1mite legislativo tambi\u00e9n despert\u00f3 cuestionamientos legales. En 2010 una sentencia de la Corte Suprema sostuvo que los DNU no pueden utilizarse para sortear la prolongaci\u00f3n del tr\u00e1mite legislativo. Con la firma de todos los ministros, el fallo afirma que \u201cla Constituci\u00f3n no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanci\u00f3n de una ley o la imposici\u00f3n m\u00e1s r\u00e1pida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto\u201d.<\/p>\n
Pero incluso cuando el DNU no sea cuestionado, la escala obligatoria en las comisiones m\u00e9dicas representar\u00e1 un desaf\u00edo para el sistema y una carga adicional para los accidentados. En 16 de 24 provincias s\u00f3lo funciona una comisi\u00f3n. Esa situaci\u00f3n determina que los trabajadores se encontrar\u00e1n obligados a recorrer cientos de kil\u00f3metros para reclamar por sus derechos. Un ejemplo: trabajadores petroleros de Las Heras, una actividad con alta siniestralidad, deber\u00e1n recorrer m\u00e1s de 800 kil\u00f3metros hasta R\u00edo Gallegos para obtener la reparaci\u00f3n prevista por el sistema de riesgos del trabajo. Las dos jurisdicciones con m\u00e1s comisiones m\u00e9dicas son CABA, con 11, y Buenos Aires, con 5. Con la reforma, esas entidades deben asumir la tareas de 70 tribunales de trabajo bonaerenses y 80 juzgados en la Ciudad que, hasta ayer, no resultaban suficientes.<\/p>\n
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