El fiscal, que investiga dos de las cuatro denuncias presentadas sobre este tema, pidi\u00f3 una serie de medidas de prueba al juez Lijo.<\/p>\n
Juan Pedro Zoni, fiscal federal, impuls\u00f3 la acci\u00f3n penal contra el presidente Mauricio Macri, el ministro de Comunicaci\u00f3n, Oscar Aguad, y el director de asuntos jur\u00eddicos de ese ministerio, Juan Mocoroa, a ra\u00edz del acuerdo entre el Gobierno y el Grupo Macri por la deuda del Correo Argentino. El fiscal imput\u00f3 al presidente y sus funcionarios tras la denuncia penal presentada por Nuevo Encuentro y un abogado particular. El juez Ariel Lijo deber\u00e1 definir ahora si da curso a las medidas de prueba que solicit\u00f3 el fiscal, al tiempo que pidi\u00f3 que se declare el secreto de sumario.<\/p>\n
Mientras el frente judicial se ensombrece, el gobierno de Macri intent\u00f3 nuevamente justificar el acuerdo que, seg\u00fan la fiscal Gabriela Boquin, representa una quita del 98,87 por ciento de la deuda a valores actuales que tiene el Grupo Macri con el Estado. En la conferencia de prensa en la Quinta de Olivos no particip\u00f3 el presidente, al que intentan mantener lo m\u00e1s alejado posible del esc\u00e1ndalo. Macri ya se manten\u00eda alejado de la prensa para no pronunciarse sobre las declaraciones del director de Aduana, Juan Jos\u00e9 G\u00f3mez Centuri\u00f3n, quien neg\u00f3 la existencia de un plan sistem\u00e1tico de desaparici\u00f3n de personas en la dictadura.<\/p>\n
En la conferencia, el jefe de Gabinete, Marcos Pe\u00f1a, anunci\u00f3 que iban a pedir opini\u00f3n formal sobre el tema a la Auditor\u00eda General de la Naci\u00f3n. El presidente de ese ente de control, Oscar Lamberto, respondi\u00f3 que el organismo no depende del Ejecutivo y no hace auditor\u00edas por encargo del presidente (ver p\u00e1gina 2). Desde el Gobierno retrucaron que la auditor\u00eda la impulsar\u00e1n los legisladores oficialistas. En tanto, desde la C\u00e1mara de Diputados, buscan citar a Franco Macri, a la secretaria de Lucha contra la Corrupci\u00f3n, Laura Alonso, y a Aguad, para que den explicaciones.<\/p>\n
Imputados
\nTras conocerse el dictamen de la fiscal Boquin, que advert\u00eda sobre conflictos de intereses y presentaba c\u00e1lculos t\u00e9cnicos para fundamentar que el acuerdo que hab\u00eda aceptado el gobierno de Macri con el Grupo Macri era ruinoso para el Estado, se presentaron cuatro denuncias penales. Dos recayeron en el juzgado de Lijo, mientras que las otras dos est\u00e1n en manos de los jueces Rodolfo Canicoba Corral y Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi. M\u00e1s temprano que tarde, las causas deber\u00edan unificarse en un solo expediente. Por la cronolog\u00eda de las denuncias, ser\u00eda en el de Lijo.<\/p>\n
El fiscal Zoni interviene en las denuncias del abogado Daniel Igolnikov y de los dirigentes de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti y Mart\u00edn Sabbatella, quienes acusaron a los funcionarios de los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administraci\u00f3n p\u00fablica y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones p\u00fablicas. Zoni present\u00f3 ayer el requerimiento de instrucci\u00f3n, para iniciar una investigaci\u00f3n penal contra Macri, Aguad y Mocoroa, a los que imput\u00f3 \u201csin perjuicio de que individualicen a otras personas como part\u00edcipes de los hechos investigados\u201d.<\/p>\n
En su dictamen, el fiscal cit\u00f3 y resumi\u00f3 los principales argumentos de los denunciantes: que el gobierno de Macri le perdon\u00f3 a su familia casi el 99 por ciento de la deuda que ten\u00eda con el Estado. Cerruti y Sabbatella compararon el criterio con la negociaci\u00f3n con los fondos buitre: \u201cEl mismo Gobierno, con cuatro meses de diferencia, acept\u00f3 como deudor pagar un inter\u00e9s en d\u00f3lares del 350 por ciento en un solo pago al contado y sin riesgo de quiebra, mientras que como acreedor acept\u00f3 cobrar una deuda en pesos, con un 100 por ciento de inter\u00e9s, a 17 a\u00f1os y cuando ten\u00eda la posibilidad legal del rechazo y seguir obstruyendo la aprobaci\u00f3n del concurso\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s, los dirigentes de Nuevo Encuentro advirtieron que si bien el presidente Macri cedi\u00f3 en 2009 las acciones de la empresa a sus hijos, habr\u00eda que investigar si no se habr\u00eda quedado con el usufructo de esas acciones, por lo que el beneficiario de la quita de la deuda podr\u00eda ser el propio mandatario. La estrategia emular\u00eda la de Franco Macri que en el mismo a\u00f1o se desprendi\u00f3 de sus acciones, pero se qued\u00f3 con el \u201cusufructo vitalicio\u201d. \u201cLos hijos de Mauricio Macri no participan ni econ\u00f3mica ni jur\u00eddicamente de la empresa. El verdadero jefe de Socma es Mauricio Macri\u201d, sostuvieron Sabbatella y Cerruti.<\/p>\n
El fiscal Zoni tambi\u00e9n repas\u00f3 los c\u00e1lculos y la documentaci\u00f3n aportada por la fiscal Boqu\u00edn en su primer dictamen, as\u00ed como la informaci\u00f3n aportada en su segundo dictamen, en el que advirti\u00f3 que 15 d\u00edas antes de que se firmara el acuerdo, el Grupo Macri present\u00f3 una nueva demanda contra el Estado en la que le reclama 2364 millones de pesos con un inter\u00e9s del 11 por ciento. De ganar ese juicio, podr\u00eda pagarle por adelantado los 600 millones que arregl\u00f3 con el Gobierno de Macri y hacerse con una nueva ganancia por la concesi\u00f3n que obtuvo en el gobierno de Carlos Menem.<\/p>\n
Intereses
\nA ra\u00edz de los argumentos de los denunciantes, el fiscal Zoni consider\u00f3 que hab\u00eda elementos suficientes para impulsar la acci\u00f3n penal \u201ccon el objeto de iniciar una investigaci\u00f3n criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal caratulado \u2018Correo Argentino s\/ Concurso preventivo\u2019, cuya duraci\u00f3n ya super\u00f3 los quince a\u00f1os y en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios\u201d. \u201cSe deber\u00e1 verificar las responsabilidades penales que podr\u00edan caberle a los distintos actores \u2013funcionarios p\u00fablicos o particulares\u2013 que intervinieron \u2013de forma directa o indirecta\u2013 a lo largo de la totalidad de la tramitaci\u00f3n del proceso judicial aludido, en el cual se observa que el inter\u00e9s p\u00fablico no habr\u00eda sido protegido de forma adecuada\u201d, indic\u00f3 el fiscal.<\/p>\n
Zoni enumer\u00f3 las irregularidades que hab\u00eda se\u00f1alado la fiscal Boquin: \u201cNo debe soslayarse el extenso plazo que se ha devengado desde la verificaci\u00f3n del cr\u00e9dito por parte del Estado, la manipulaci\u00f3n de las mayor\u00edas en perjuicio de los acreedores, la recategorizaci\u00f3n extempor\u00e1nea y la reapertura del per\u00edodo de exclusividad cuando ya llevaba tres a\u00f1os y medio de vencido, el cambio de estrategia de defensa del Estado Nacional, mediante el cual se prest\u00f3 conformidad a una propuesta abusiva que implicar\u00eda un perjuicio fiscal, la cual a su vez se materializ\u00f3 a trav\u00e9s de la intervenci\u00f3n de un funcionario que carecer\u00eda de competencia para ello y designado con car\u00e1cter transitorio\u201d, en alusi\u00f3n a Mocoroa.<\/p>\n
Sobre el conflicto de intereses, que el Gobierno niega, el fiscal Zoni indic\u00f3 que Mocoroa \u2013el funcionario que suscribi\u00f3 el acuerdo\u2013 \u201cdesarrolla sus funciones a trav\u00e9s de una cadena jer\u00e1rquica que lo vincula con el Presidente de la Naci\u00f3n, Mauricio Macri, quien a su vez resultar\u00eda beneficiario \u2013de forma directa o indirecta\u2013 de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aqu\u00e9l\u201d.<\/p>\n
El fiscal pidi\u00f3 que se declare secreto de sumario y solicit\u00f3 al juez Lijo una serie de medidas de prueba que mantuvo en reserva. Ser\u00e1 el magistrado el que defina ahora el ritmo que tendr\u00e1 la causa por el Correo Argentino que, lejos de los deseos presidenciales de que desaparezca del mapa, crece d\u00eda a d\u00eda como el pasado que vuelve para perseguirlo.<\/p>\n
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