Los concejales del Frente Para la Victoria, Ana Marks, Ram\u00f3n Chiocconi y Daniel Natapof, presentaron un pedido de informe al Ejecutivo Municipal, por la falta de cumplimiento de la ordenanza sancionada en diciembre de 2017, que adhiere a la Ley Provincial N\u00ba 5.042.<\/p>\n
La misma, reconoce la necesidad de otorgar resarcimientos econ\u00f3micos para los y las agentes municipales que hayan sido cesanteados, exonerados o forzados a renunciar por motivos pol\u00edticos, ideol\u00f3gicos, gremiales o razones similares durante la \u00faltima dictadura c\u00edvico militar.<\/p>\n
Los ediles denunciaron dilaci\u00f3n y demoras en el cumplimiento de la norma que hasta el momento no ha sido reglamentada por el Ejecutivo.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la concejala Marks explic\u00f3 que la ordenanza prev\u00e9 la conformaci\u00f3n de una Comisi\u00f3n Evaluadora de Reparaci\u00f3n Hist\u00f3rica que a\u00fan no se ha formado para futuros casos y que se est\u00e1 demorando el pago de este resarcimiento a cuatro v\u00edctimas del terrorismo de Estado, que ya est\u00e1n contempladas en el presupuesto 2018.<\/p>\n
Al respecto, Marks consider\u00f3: \u00abel Estado Municipal les est\u00e1 negando las indemnizaciones, a cuatro personas que ya han sido evaluadas e incorporadas en la ordenanza\u201d.<\/p>\n
\u201cEst\u00e1 dilatando la posibilidad de que ejerciten este derecho, que si bien no borra la persecuci\u00f3n y el hostigamiento del que fueron v\u00edctimas, es una reparaci\u00f3n simb\u00f3lica en t\u00e9rminos de que el Estado se haga cargo de lo ocurrido en tiempos tan nefastos de nuestra historia. Adem\u00e1s, es grav\u00edsimo que se incumplan normas sancionadas por unanimidad\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n
En tal sentido, la Ley provincial N\u00b0 5.042 reconoce el derecho a un resarcimiento econ\u00f3mico a los agentes de la Administraci\u00f3n P\u00fablica Provincial que fueran declarados prescindibles o cesanteados, exonerados y\/o forzados a renunciar por motivos pol\u00edticos, ideol\u00f3gicos, gremiales o razones similares durante el per\u00edodo comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.<\/p>\n
Dicha ley, sancionada y promulgada por la Legislatura del Pueblo de R\u00edo Negro y publicada en el Bolet\u00edn Oficial del 22 de junio de 2015, contribuye a la necesaria reparaci\u00f3n hist\u00f3rica de aquellos empleados provinciales que por diversas razones hubieran sido apartados de sus puestos laborales por razones pol\u00edticas, ideol\u00f3gicas, gremiales o razones similares y teniendo en cuenta que el derecho al trabajo constituye uno de los derechos consagrados en la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos, la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, los cuales han sido oportunamente ratificados y ostentan jerarqu\u00eda constitucional.<\/p>\n
La redacci\u00f3n de la reglamentaci\u00f3n de la Ley 5.042 fue elaborada y analizada por parte del personal t\u00e9cnico profesional de la Secretar\u00eda de Derechos Humanos y remitida a la Secretar\u00eda Legal y T\u00e9cnica de la Secretar\u00eda General de\u00a0 Gobierno, para la posterior firma del Decreto Reglamentario por parte del gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck.<\/p>\n
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