La Agencia de Discapacidad les exige a pensionados con piernas amputadas o v\u00edctimas de ACV que en 60 d\u00edas actualicen sus datos por un sistema digital. Si no lo hacen, amenazan con quitarles el beneficio.<\/p>\n
Los pensionados por invalidez comenzaron esta semana a recibir las primeras cartas documento intim\u00e1ndolos a actualizar sus datos m\u00e9dicos mediante un nuevo sistema digital, certificado que la mayor\u00eda de los establecimientos sanitarios p\u00fablicos no est\u00e1 en condiciones de otorgar. Para presentar la actualizaci\u00f3n otorgan un plazo de 60 d\u00edas, a partir de los cuales la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) est\u00e1 habilitada para \u201cproceder a la suspensi\u00f3n del pago de la Pensi\u00f3n No Contributiva por Invalidez Laboral\u201d, seg\u00fan las cartas documento oficiales recibidas por algunos beneficiarios \u2013a las que accedi\u00f3 P\u00e1ginaI12\u2013 y que llevan la firma del director nacional de Apoyos y Asignaciones Econ\u00f3micas del organismo, Juan Cruz Escard\u00f3.<\/p>\n
Lo que denuncian familiares de pensionados por invalidez es que los hospitales no est\u00e1n en condiciones t\u00e9cnicas ni muchos m\u00e9dicos capacitados para realizar el Certificado M\u00e9dico Oficial (CMO Digital) que exige el Gobierno, con lo cual anticipan una nueva poda preventiva de asignaciones justificada en este requerimiento. En el caso de una baja en la prestaci\u00f3n, el beneficiario deber\u00e1 volver a realizar el tr\u00e1mite, el cual durante la era Cambiemos demora hasta tres a\u00f1os con la p\u00e9rdida que eso significa en materia de tratamientos m\u00e9dicos, descuentos en medicamentos y en pr\u00f3tesis.<\/p>\n
A principios de este mes el Gobierno confirm\u00f3 que llevar\u00e1 a cabo un reordenamiento de pensiones por discapacidad, que en la pr\u00e1ctica es volver a pedirle el certificado m\u00e9dico en busca de incompatibilidades que impliquen la baja de la asignaci\u00f3n, la cual actualmente es de 7200 pesos. La medida se toma luego de que la Justicia oblig\u00f3 al Ministerio de Desarrollo a dar marcha atr\u00e1s con la suspensi\u00f3n preventiva de unas 170.000 pensiones no contributivas, entre fines de 2016 y principios de 2017, por \u201cno haber cumplido con el debido procedimiento\u201d. B\u00e1sicamente, la cartera que conduce Carolina Stanley primero suspendi\u00f3 los pagos y luego puso en revisi\u00f3n las contratos de los beneficiarios. Para evitar otro rev\u00e9s en la b\u00fasqueda de otro recorte de pensiones, definieron un nuevo mecanismo de certificaci\u00f3n digital y, sin realizar ning\u00fan tipo de capacitaci\u00f3n a m\u00e9dicos y a instituciones de Salud, comenzaron a llegar las primeras intimaciones a pensionados para el CMO Digital.<\/p>\n
\u201cLos m\u00e9dicos y hospitales no tienen idea de c\u00f3mo hacer, nadie los ha capacitado para hacer este tr\u00e1mite digitalmente. Pensemos que no tienen gasas ni medicamentos y pretenden que carguen datos en una computadora y por internet. En los pueblos peque\u00f1os ni siquiera hay conexi\u00f3n a las redes\u201d, explic\u00f3 a P\u00e1ginaI12 Eugenio Reati, director de la ex Comisi\u00f3n Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) entre 2011 y 2015, convertida actualmente en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Reati tom\u00f3 conocimiento de los primeros dos casos en un pueblo de Santiago del Estero, uno de los cuales tiene invalidez laboral por una pierna amputada y el otro por un ACV y utiliza un tr\u00edpode para caminar. A ellos les piden que actualicen su condici\u00f3n m\u00e9dica para no perder la pensi\u00f3n.<\/p>\n
Los nuevos certificados requieren firma digital de m\u00e9dicos y directores de hospitales y salitas p\u00fablicas nacionales, provinciales o municipales, pero en muchos casos no hay capacidad t\u00e9cnica ni conocimiento para que eso se realice \u00e1gilmente. Por ejemplo, el hospital Posadas, seg\u00fan un telegrama de difusi\u00f3n interna, \u201ctodav\u00eda no tiene respuesta institucional de c\u00f3mo implementarlo\u201d, dado que la indicaci\u00f3n es que el profesional de la Salud realice el tr\u00e1mite con su clave fiscal. Es decir, cuando todav\u00eda no se sabe c\u00f3mo hacerlo en Capital Federal, emplazan en peque\u00f1os pueblos del Interior del pa\u00eds \u00a0a entregar el certificado en dos meses. \u201cPara las personas que lo realizan tambi\u00e9n es complejo, ya que aquellos analfabetos digitales o con dificultades en el accesos la tecnolog\u00eda quedan absolutamente excluidos de poder gestionarlo. Pero la gesti\u00f3n macrista de la Andis se toma tres a\u00f1os para responder si un tr\u00e1mite est\u00e1 aprobado o no\u201d, manifest\u00f3 Reati a este diario.<\/p>\n
El riesgo es que los pensionados que no puedan tramitar en 60 d\u00edas el certificado queden suspendidos y luego sean dados de baja. En estos casos la soluci\u00f3n es volver a iniciar el tr\u00e1mite. P\u00e1gina\/12 inform\u00f3 el martes pasado que en los \u00faltimos tres a\u00f1os se acumularon 51.355 expedientes de solicitudes de pensi\u00f3n por invalidez \u00a0que siguen a la espera de una respuesta. Cuatro de cada diez solicitudes presentadas s\u00f3lo en 2018 para acceder a esa pensi\u00f3n no contributiva quedaron sin resolver, cuando hist\u00f3ricamente el porcentaje se manten\u00eda cercano a cero.<\/p>\n
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