La Municipalidad de General Madariaga lanz\u00f3 un violento operativo para desalojar a la firma Ecoplata del manejo del predio de disposici\u00f3n final de residuos. Desde la empresa aseguran que fueron ahogados econ\u00f3micamente por Madariaga y Gesell, y reclama el pago de sumas millonarias para hacer frente a las obras que le reclaman.
\nLa historia se remonta a 2012, cuando el empresario\u00a0Gustavo Pereyra adquiri\u00f3 la firma Ecoplata, que era licenciataria del manejo del relleno sanitario de General Madariaga \u2013un campo de 350 hect\u00e1reas, alquilado y con contrato por 20 a\u00f1os- y adem\u00e1s acababa de ganar el concurso para quedarse con la recolecci\u00f3n de residuos de Villa Gesell.\u00a0Pereyra, nacido y criado en esa ciudad, comenz\u00f3 a prestar el servicio inmediatamente, pero se top\u00f3 con actitudes sospechosas de parte de la administraci\u00f3n del intendente Gustavo Barrera, del FPV.<\/p>\n
El encono fue tal que muchos sospecharon que hab\u00eda alg\u00fan trasfondo personal. A eso se sumaron las tensiones entre la comuna y el empresario \u2013que tambi\u00e9n era due\u00f1o de El Nuevo Querand\u00ed- por la concesi\u00f3n del servicio de transporte p\u00fablico, que termin\u00f3 con la violenta intervenci\u00f3n de la UTA en 2018. Ahora,\u00a0el objetivo de Barrera es quitarle la concesi\u00f3n a la cooperativa el\u00e9ctrica Sevige.<\/p>\n
En tres a\u00f1os de operar la recolecci\u00f3n, Pereyra elev\u00f3 36 pedidos de actualizaci\u00f3n de la tarifa, mediante los mecanismos establecidos en el pliego de licitaci\u00f3n. La comuna no contest\u00f3 ni uno.\u00a0Fue el inicio de una guerra sin cuartel: Ecoplata judicializ\u00f3 el reclamo y Gesell respondi\u00f3 anulando la concesi\u00f3n mediante el decreto 993, en mayo de 2016.<\/p>\n
Para apoyar la decisi\u00f3n, enumer\u00f3\u00a0una serie de presuntos incumplimientos, como la retenci\u00f3n del servicio durante d\u00edas feriados y la falta de obras en el predio de disposici\u00f3n final, que la empresa atribuy\u00f3 a la falta de actualizaci\u00f3n tarifaria, que le imped\u00eda hacer frente a las inversiones y a los costos de operaci\u00f3n del servicio. L\u00f3gica pura.<\/p>\n
La empresa respondi\u00f3 entonces impidiendo el ingreso de los camiones que ven\u00edan de Gesell, que hab\u00eda acordado un nuevo servicio con la empresa Santa Elena. Es que el contrato anulado contemplaba la disposici\u00f3n final en Ecoplata. La r\u00e9plica lleg\u00f3, nuevamente, por la v\u00eda judicial: mediante una cautelar, Pereyra fue obligado a \u201cabrir la tranquera\u201d y permitir el ingreso de residuos, sin que se le brindara ning\u00fan tipo de contraprestaci\u00f3n durante cuatro meses, cuando logr\u00f3 que Gesell abonara la misma tarifa que percib\u00eda de parte de Pinamar.<\/p>\n
En ese lapso, la comuna adquiri\u00f3 una pesada deuda con los titulares de la empresa, que se estima superior a los 50 millones de pesos.<\/p>\n
El golpe m\u00e1s fuerte lo dio, sin embargo,\u00a0la municipalidad de General Madariaga, que en 2018, bajo el mando del radical Santoro, decidi\u00f3 quitarle a Ecoplata la operaci\u00f3n del predio, arguyendo incumplimientos contractuales de la empresa, referidos a \u201ccuestiones econ\u00f3micas\u201d y a la falta de trabajos de \u201cremediaci\u00f3n ambiental\u201d que una legislaci\u00f3n local que data de 2006 exig\u00eda, seg\u00fan comunic\u00f3 oficialmente. La decisi\u00f3n de Madariaga fue avalada por inspecciones del OPDS, la autoridad ambiental de la Provincia.<\/p>\n
En di\u00e1logo con INFOCIELO,\u00a0Pereyra admiti\u00f3 que nunca llev\u00f3 a cabo obras de remediaci\u00f3n y lo relacion\u00f3 con las abultadas deudas que las comunas manten\u00edan con la empresa.\u00a0Pero denuncia algo por dem\u00e1s inquietante: desde que entreg\u00f3 el predio, en diciembre de 2018, la municipalidad de Madariaga, que se qued\u00f3 con la operaci\u00f3n, tampoco las hizo. Y nadie m\u00e1s reclam\u00f3.<\/p>\n
De hecho,\u00a0el predio est\u00e1 en las mismas condiciones en las que fue entregado, el 14 de diciembre de 2018: tiene a medio terminar la obra del galp\u00f3n donde estaba previsto hacer el trabajo de separaci\u00f3n de residuos, como la instalaci\u00f3n de postes y luminarias en el acceso, y las mejoras en el camino de ingreso.<\/p>\n
El OPDS -Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible- no volvi\u00f3 a auditar el relleno sanitario desde que intervino la justicia.\u00a0Desde el organismo aseguran que se \u201cmonitore\u00f3\u201d la gesti\u00f3n que qued\u00f3 a cargo de la Comuna, pero que no hubo nuevas inspecciones. \u201cSe har\u00e1 una en los pr\u00f3ximos d\u00edas\u201d admitieron ante la consulta de este portal.<\/p>\n
El basural se hizo famoso este verano por un incendio que anul\u00f3 la visibilidad de los conductores que transitaban por la Ruta Provincial 11.\u00a0Ocho veh\u00edculos colisionaron y 11 personas resultaron heridas en el siniestro, por el que Pereyra apunta directamente a la Municipalidad.<\/p>\n
\u201cNosotros oper\u00e1bamos el relleno con m\u00e1quinas y hasta un cami\u00f3n tanque, con bomba, para dar respuesta a este tipo de situaciones. Ellos no ten\u00edan nada: tuvieron que intervenir los bomberos de Pinamar y Villa Gesell\u201d, remarc\u00f3 Pereyra.\u00a0El fuego todav\u00eda no fue extinto y el basural sigue humeando.<\/p>\n
Hasta la fecha, la situaci\u00f3n del predio es por dem\u00e1s endeble: decretos municipales y medidas cautelares dictadas por\u00a0el juez en lo Contencioso Administrativo de Dolores, Marcelino Escobar, sostienen la pretensi\u00f3n de General Madariaga de manejar el predio, que le puede generar ingresos a expensa de sus vecinos de Pinamar y Villa Gesell, a los que puede cobrarles entre 3 y 4 millones de pesos por mes para permitirles ingresar camiones.\u00a0Son m\u00e1s de 70 millones de pesos por a\u00f1o para una comuna que se maneja con un presupuesto de 350 millones de pesos.<\/p>\n
Los titulares de Ecoplata, en tanto, esperan que sus pedidos se resuelvan favorablemente de manera de poder prestar de manera eficiente el servicio. Para eso reclaman que se liquiden las deudas de los municipios\u00a0que acumulan 80 millones de pesos, y se le apruebe un plan de obras que garantice un manejo sustentable de los residuos.<\/p>\n
Mientras tanto, se espera una resoluci\u00f3n de la Justicia que le de corte definitivo a una situaci\u00f3n en la que un municipio explota un predio que no le pertenece sin tributar ning\u00fan beneficio a su propietario ni al inquilino. Quienes siguen de cerca el proceso temen que las presiones pol\u00edticas terminen sentando un precedente peligroso.\u00a0Se tratar\u00eda, ni m\u00e1s ni menos, de que el juez haga lugar a un pedido de las municipalidades de quedarse con el predio de manera definitiva, algo que s\u00f3lo puede hacerse mediante una ley provincial respaldada con un decreto del Ejecutivo.<\/p>\n
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