Ante la Justicia Federal, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunci\u00f3 \u00abun plan criminal organizado desde la m\u00e1s alta esfera del Estado\u00bb para que las comunidades mapuches \u00abdepongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras\u00bb.<\/p>\n
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y parte de su gabinete acaban de ser denunciados penalmente por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) ante la Justicia Federal porte\u00f1a como autores de un plan criminal de represi\u00f3n ilegal contra la comunidad mapuche, cuyas consecuencias fueron las muertes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. \u201cEl nexo causal de la muerte de esos j\u00f3venes es el abuso de autoridad y por lo tanto son responsables de homicidio agravado por abuso de autoridad seguido de muerte\u201d, dice la denuncia presentada con la firma de las presidentas de la APDH, Gisela Cardozo, Norma R\u00edos y Mar\u00eda Elena Naddeo, a la que accedi\u00f3\u00a0P\u00e1ginaI12. La presunci\u00f3n es que ese plan fue \u201celaborado desde las m\u00e1s altas autoridades del ministerio; perge\u00f1ado, organizado y desarrollado en calidad de autores mediatos por Bullrich, Pablo Noceti, Gonzalo Cane y Gerardo Milman, as\u00ed como todo otro funcionario o miembro de fuerzas de seguridad que la investigaci\u00f3n determine que hayan participado\u201d, reza en el escrito del abogado Mauricio Rojas. El Parlamento Mapuche acompa\u00f1\u00f3 la denuncia que qued\u00f3 radicada en el Juzgado Federal de Mar\u00eda Eugenia Capuchetti, con la intervenci\u00f3n de la fiscal\u00eda 5.<\/p>\n
\u201cTodos los funcionarios aqu\u00ed denunciados contra los que venimos por la presente a instar la acci\u00f3n penal, habr\u00edan encabezado desde diciembre de 2015 un plan criminal organizado desde la m\u00e1s alta esfera del Estado, con el objeto de llevar adelante un accionar ilegal contra las distintas comunidades mapuches, aprovech\u00e1ndose del aparato coercitivo estatal de manera ilegal, con el prop\u00f3sito de coaccionar ilegalmente a los mismos a fin de que depongan su derecho a ejercer la protesta y sus reclamos de tierras, y de esta manera favorecer negocios inmobiliarios de terceros y\/o amigos y\/conocidos y\/o empresarios o entidades patronales\u201d, fundamentaron desde la APDH, organismo que hab\u00eda presentado el primer habeas corpus cuando Maldonado llevaba apenas horas como desaparecido. \u201cLos il\u00edcitos se habr\u00edan desarrollado con una conducta criminal que consisti\u00f3 en una serie de delitos que, analizados en su contexto general, nos hace tener la convicci\u00f3n de estar frente a un grupo de personas que se confabul\u00f3 para llevar adelante un plan ilegal de represi\u00f3n, que abarc\u00f3 desde tareas de inteligencia prohibidas por la ley, el uso de coacci\u00f3n agravada, lesiones graves, hasta la comisi\u00f3n del delito de abuso de autoridad seguida de muerte, entre otros delitos, que el devenir de una investigaci\u00f3n judicial podr\u00eda demostrar\u201d, indic\u00f3 el texto de Rojas y de los abogados Gabriel Macaggi, Guillermo Torremare y Ramiro Geber.<\/p>\n
La Justicia Federal deber\u00e1 ahora analizar estos argumentos y las conductas descriptas en la denuncia, que recoge todos los episodios represivos que sufrieron las comunidades originarias de la Patagonia. \u201cEl uso de la coacci\u00f3n, el amedrentamiento y la represi\u00f3n desmedida, sin importar los da\u00f1os colaterales, provocaron a su paso lesiones graves y grav\u00edsimas, torturas f\u00edsicas y psicol\u00f3gicas, maltrato de mujeres y ni\u00f1os, destrucci\u00f3n de sus viviendas y por \u00faltimo, fueron el nexo causal de las muertes de los j\u00f3venes Santiago Maldonado y Rafael Domingo Nahuel Salvo\u201d, describieron los abogados de la APDH. Por lo que venimos a denunciar que la presente instancia penal se investigue bajo la hip\u00f3tesis de la calificaci\u00f3n legal m\u00e1s gravosa del C\u00f3digo Penal, como es homicidio agravado, en concurso real con coacci\u00f3n agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico y violaci\u00f3n de la Ley de Inteligencia, entre otros tantos presumibles delitos cometidos por los autores denunciados\u201d, agregaron.<\/p>\n
En di\u00e1logo con\u00a0P\u00e1ginaI12, el vocero del Parlamento Mapuche, Orlando Calluqueo, expres\u00f3 que \u201cno puede haber un nuevo pacto social en Argentina si no se traduce en un reconocimiento de un genocidio fundante del Estado, repensar el INAI, la penalizaci\u00f3n del conflicto territorial que est\u00e1 irresuelto en Argentina, la demanda de tierras aptas para las comunidades y las falta de pol\u00edticas p\u00fablicas de desarrollo en el territorio\u201d. Y enfatiz\u00f3 que \u201cen ese marco la denuncia penal a la ministra es un hecho pol\u00edtico necesario para visibilizar el conflicto pol\u00edtico, social e hist\u00f3rico con los pueblos originarios\u201d.<\/p>\n
El fallo de la C\u00e1mara de General Roca que propici\u00f3 la reciente detenci\u00f3n del prefecto Javier Pintos por el asesinato de Nahuel present\u00f3 una larga fundamentaci\u00f3n sobre el encubrimiento montado por el Gobierno para defender a sus fuerzas de choque. A la ministra Bullrich le imputan lo mismo, como autora intelectual de las muertes que conmocionaron al campo popular, s\u00f3lo queda ver si el Comodoro Py soplar\u00e1n los mismos vientos que empiezan a llegar desde la Patagonia.<\/p>\n
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