El fiscal sorprendi\u00f3 con la apertura de la investigaci\u00f3n durante la feria judicial. Adem\u00e1s del presidente est\u00e1n involucrados Dietrich e Iguacel. Es por el pago por decreto de casi 500 millones de d\u00f3lares a la empresa concesionaria del Acceso Norte.<\/p>\n
El fiscal Carlos Stornelli orden\u00f3 una bater\u00eda de medidas de prueba para determinar la responsabilidad del presidente Mauricio Macri; del ministro de Transporte Guillermo Dietrich y del ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel en las irregularidades en el proceso de renegociaci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n en favor de la empresa Ausol SA.<\/p>\n
En el inicio de la feria judicial, Stornelli sorprendi\u00f3 con la apertura de la investigaci\u00f3n de la denuncia presentada por los diputados Rodolfo Tailhade, Adri\u00e1n Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau.<\/p>\n
Macri, Dietrich e Iguacel quedaron imputados por el pago por decreto de casi 500 millones de d\u00f3lares a la empresa concesionaria del Acceso Norte, para que esta desistiera de una demanda ante el Ciadi. El pago ocurri\u00f3 cuando todav\u00eda el Grupo Macri ten\u00eda un porcentaje accionario de Ausol.<\/p>\n
Seg\u00fan la denuncia, tres d\u00edas antes de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia, Ausol simul\u00f3 una demanda contra el Estado Nacional ante el Ciadi por m\u00e1s de 1100 millones de d\u00f3lares por presuntos retrasos tarifarios. El objetivo habr\u00eda sido forzar una renegociaci\u00f3n del contrato que deriv\u00f3 luego en un arreglo multimillonario, sin la realizaci\u00f3n de un dictamen, informe o auditor\u00eda alguna sobre la operaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda por parte de las autoridades. El Grupo Socma (Sociedades Macri) fue accionista de Ausol hasta mayo de 2017, cuando vendi\u00f3 su participaci\u00f3n. Con la asunci\u00f3n de Macri como Jefe de Estado, la mayor\u00eda de los directores de la empresa pasaron a formar parte de Vialidad Nacional.<\/p>\n
Las pruebas
\nSeg\u00fan pudo saber\u00a0P\u00e1ginaI12, entre las pruebas solicitadas en el dictamen de Stornelli se encuentra gran parte de lo propuesto por los denunciantes y no se descarta que ordene m\u00e1s medidas cuando termine la feria judicial. El fiscal ya le solicit\u00f3 al Procurador del Tesoro y ex abogado del Grupo Macri, Bernardo Saravia Fr\u00edas, toda la documentaci\u00f3n vinculada a la denuncia ante el Ciadi. Esa demanda, seg\u00fan los denunciantes, fue una suerte de simulacro de Autopistas del Sol S.A. que s\u00f3lo buscaba la justificaci\u00f3n para disparar la renegociaci\u00f3n del contrato de concesi\u00f3n, cuya finalizaci\u00f3n operaba en 2020. La denuncia contra el Estado Nacional fue por m\u00e1s de 1100 millones de d\u00f3lares por supuestos retrasos en las tarifas.<\/p>\n
\u201cDescartando las numerosas defensas que pod\u00edan alegarse ante el Ciadi, Dietrich e Iguacel dispusieron arreglar por la suma de 499 millones de d\u00f3lares\u201d, se\u00f1ala la presentaci\u00f3n de los diputados. Por eso es que otra de las pruebas solicitadas es el detalle de la intervenci\u00f3n por parte del gobierno anterior. Esas carpetas la tiene actualmente Vialidad Nacional y es muy importante para la causa. Es porque ah\u00ed estar\u00eda acreditado que era falso el monto que Ausol dec\u00eda que hab\u00eda perdido por el cuadro tarifario establecido por el Estado. En concreto, la sospecha es que el n\u00famero fue inflado por los empresarios en la denuncia ante el Ciadi. Adem\u00e1s, el proceso del supuesto arreglo de la demanda habilit\u00f3 un aumento en la cotizaci\u00f3n de las acciones de Ausol del 400 por ciento desde la asunci\u00f3n de Macri hasta mediados de 2017, cuando el grupo Socma vendi\u00f3 sus acciones.<\/p>\n
Otra de las pruebas solicitadas es la documentaci\u00f3n administrativa sobre la negociaci\u00f3n para la firma del nuevo contrato, que incluy\u00f3 numerosos privilegios para Ausol. Por ejemplo, le garantizaron a la empresa el flujo vehicular, es decir que, si no pasan por el peaje una determinada cantidad de autos por hora, el Estado paga la diferencia. Tambi\u00e9n eliminaron la obligaci\u00f3n de levantar las barreras si pasa una cantidad de tiempo estipulada de espera para el usuario, entre otros beneficios.<\/p>\n
La testigo clave
\nLos diputados que iniciaron la denuncia que hoy investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral van a insistir con el pedido para que declare como testigo la abogada Julieta Ripoll. Se trata de la ex directora del departamento de Asuntos Jur\u00eddicos de Vialidad Nacional. Ripoll estuvo en las primeras reuniones entre los funcionarios y los directivos de la empresa, en las que se negoci\u00f3 el pago cash y por decreto de casi 500 millones de d\u00f3lares para Ausol. La mujer, que era empleada de planta permanente del organismo, conoce al detalle esas conversaciones. Sugestivamente, en medio de las negociaciones fue despedida del cargo.<\/p>\n
Otra concesi\u00f3n bajo sospecha
\nStornelli incorpor\u00f3 en la imputaci\u00f3n a otra de las firmas administradoras de los peajes y le solicit\u00f3 al denunciante Tailhade que aporte la documentaci\u00f3n sobre la concesi\u00f3n del Acceso Oeste. El Grupo Concesionario del Oeste (GCO) habr\u00eda sido protagonista de una maniobra muy similar a la de Ausol, con un costo para el Estado en este caso de 245 millones de d\u00f3lares. Sin embargo, el ojo est\u00e1 puesto sobre todo en el caso de Autopistas del Sol, ya que se trata de la firma con participaci\u00f3n del Grupo Macri, y que -como se dijo- se habr\u00eda beneficiado directamente por el decreto presidencial que orden\u00f3 el pago millonario. Para los denunciantes, la supuesta demanda ante el Ciadi de Ausol s\u00f3lo oper\u00f3 como fachada para justificar un pago que no pod\u00eda tener respaldo legal ni econ\u00f3mico de ning\u00fan tipo. Y, seg\u00fan Tailhade, \u00abno hay dudas de que el dinero fue repartido entre los funcionarios y los empresarios\u00bb hecho que, como se\u00f1ala la presentaci\u00f3n, implic\u00f3 un verdadero \u00abdespojo\u00bb para las arcas del Estado<\/p>\n
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