Se trata de siete contratos de concesi\u00f3n que estaban vencidos y prorrogados ilegalmente, y que ahora administrar\u00e1 una empresa estatal. Aseguran que las acciones penales contra los funcionarios que habilitaron la continuidad persisten.
\nEl gobierno de Mauricio Macri decret\u00f3 hoy el traspaso de siete corredores viales a la \u00f3rbita de una empresa estatal\u00a0conformada por el Ministerio de Transporte y la Direcci\u00f3n Nacional de Vialidad.<\/p>\n
Fue a partir del dictado de la caducidad de contratos de concesi\u00f3n que se vencieron hace dos a\u00f1os y que fuero prorrogados ilegalmente por\u00a0el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el entonces director de Vialidad, Javier Iguacel, seg\u00fan una denuncia penal que avanza en la Justicia Federal, y que los responsabiliza por un desfalco de 30 mil millones de pesos.<\/p>\n
Mediante un decreto publicado hoy en el Bolet\u00edn Oficial, Macri le otorg\u00f3 la concesi\u00f3n de la \u201cobra p\u00fablica por peaje para la construcci\u00f3n, mejora, reparaci\u00f3n, promoci\u00f3n, ampliaci\u00f3n, remodelaci\u00f3n, mantenimiento, administraci\u00f3n, explotaci\u00f3n, y prestaci\u00f3n de servicios al usuario\u201d de los corredores viales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 a la sociedad CORREDORES VIALES S.A.<\/p>\n
La estatizaci\u00f3n afecta a los pesos pesados de la obra p\u00fablica. Seg\u00fan consign\u00f3 P\u00e1gina 12, las empresas que operaron con los contratos vencidos durante dos a\u00f1os son: CPC SA y Benito Roggio SA; Esuco SA y Decavial SA; Rovella Carranza SA y Jos\u00e9 Cartellone Construcciones Civiles SA; Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA; Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri (en la actualidad es Sacde SA); Corporaci\u00f3n Am\u00e9rica y Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA.<\/p>\n
Son, en total,\u00a0unos 3.374 kil\u00f3metros de rutas que pasan a manos del Estado. Dentro de la provincia de Buenos Aires est\u00e1n los corredores 2, que incluye la Ruta 188, de Pergamino a General Villegas; el corredor 8, que es la Ruta Nacional 8 desde Pilar hasta Col\u00f3n.<\/p>\n
Por el manejo de esos corredores, est\u00e1n imputados en la Justicia Federal Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, a partir de una denuncia realizada por el gremio de trabajadores de Vialidad Nacional, que denunciaron que los contratos debieron vencer el 21 de abril de 2016 y ten\u00edan un margen de ampliaci\u00f3n de 12 meses, con lo cual la caducidad se producir\u00eda irrevocablemente el 21 de abril de 2017.<\/p>\n
Por ese motivo, relata la denuncia, \u201cel Poder Ejecutivo orden\u00f3 al Ministerio de Transporte, Vialidad Nacional y OCCOVI para que se realice el inmediato llamado a licitaci\u00f3n de dichos corredores, pero nada se hizo\u201d.<\/p>\n
En cambio, contin\u00faa, \u201cel 21 de abril de 2017, el entonces Administrador General de Vialidad, Javier Iguacel, emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00ba 811\/2017, incumpliendo el mandato del decreto 1288 y lo convenido en cada uno de los contratos y prorrog\u00f3 las concesiones hasta por otros 12 meses y en caso de no cumplirse el nuevo plazo hasta que se celebren los nuevos contratos\u201d.<\/p>\n
El problema es que la resoluci\u00f3n, siempre seg\u00fan los denunciantes, \u201cfue dictada Ad-refer\u00e9ndum del PEN\u201d, de modo que \u201cno existe en el Derecho Administrativo Argentino, ya que carecen de efecto jur\u00eddico, no son leg\u00edtimos, ejecutables, ni ejecutorios\u201d. Las consecuencias fueron un perjuicio para el Tesoro, toda vez que el Estado se priv\u00f3 de obtener una mejor oferta por la compulsa de precios y un beneficio para las empresas, que evitaron competir<\/p>\n
\u201cPor 15 meses, las empresas concesionarias continuaron de forma ileg\u00edtima e ilegal cobrando peaje a los usuarios de las rutas nacionales y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas, gracias al Dictado de la Resoluci\u00f3n 346\/18\u201d, finalizaron desde el gremio.<\/p>\n
Se trata de siete contratos de concesi\u00f3n que estaban vencidos y prorrogados ilegalmente, y que ahora administrar\u00e1 una empresa estatal. Aseguran que las acciones penales contra los funcionarios que habilitaron la continuidad persisten.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":94564,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[21],"class_list":["post-94563","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-informe-nacional","tag-argentina"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94563","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=94563"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/94563\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media\/94564"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=94563"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=94563"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/argentinamunicipal.com.ar\/argentina\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=94563"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}