A trav\u00e9s de un DNU, Macri busca convertir a la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal. As\u00ed lo denunci\u00f3 la fiscal Boquin y advirtieron tres gremios.<\/p>\n
La fiscal Gabriela Boquin denunci\u00f3 que el gobierno de Mauricio Macri intenta formalizar a trav\u00e9s de un DNU \u2013como advirtieron varios gremios– la instalaci\u00f3n de una guarida fiscal en la Ciudad de Buenos Aires mediante la creaci\u00f3n de un organismo porte\u00f1o equivalente a la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ), pero con controles laxos para sociedades locales y extranjeras, lo que burlar\u00eda una medida cautelar que est\u00e1 vigente hace una d\u00e9cada, que orden\u00f3 detener el armado de esa dependencia. Es evidente que el Presidente intenta crear un sistema aut\u00f3nomo que facilite, c\u00f3mo es cl\u00e1sico en las sociedades offshore, el ocultamiento de los verdaderos due\u00f1os y minimice la fiscalizaci\u00f3n de su funcionamiento. Es m\u00e1s, la presentaci\u00f3n se\u00f1ala que el gobierno porte\u00f1o no s\u00f3lo mont\u00f3 en 2017 esa dependencia judicialmente impugnada, sino que su titular, Hern\u00e1n Najenson, present\u00f3 informes de gesti\u00f3n, ya se dedic\u00f3 a hacer convenios con el Estado nacional, y reclam\u00f3 la remuneraci\u00f3n por el cargo. Boquin hizo el planteo ante la Sala I de la C\u00e1mara en lo Contencioso Administrativo, que est\u00e1 por resolver una discusi\u00f3n de hace a\u00f1os sobre la legitimaci\u00f3n de su fiscal\u00eda para actuar en el caso. Se\u00f1ala una \u201csituaci\u00f3n sumamente an\u00f3mala, inconstitucional y contraria a las bases de nuestro sistema federal\u201d.<\/p>\n
El origen de esta pol\u00e9mica se remonta a febrero de 2009, cuando quien ocupaba el cargo de fiscal ante la C\u00e1mara Comercial era Alejandra Gils Carb\u00f3 y plante\u00f3 la inconstitucionalidad de la ley 2875, aprobada por la Legislatura Porte\u00f1a impulsada por el PRO, para crear un Registro P\u00fablico de Comercio y Contralor de Personas jur\u00eddicas en el \u00e1mbito de la Ciudad. La ex procuradora dec\u00eda que ese organismo duplicaba las funciones y competencia de la IGJ, y que -adem\u00e1s- era contrario a una ley nacional, la llamada Ley Cafiero, que daba autonom\u00eda a la Ciudad de Buenos Aires pero manten\u00eda la IGJ dentro de la jurisdicci\u00f3n del Estado nacional. Tambi\u00e9n anunciaba que era un artilugio para permitir el funcionamiento de sociedades off shore, que se utilizan para ocultar los due\u00f1os y beneficiarios de grandes negocios.<\/p>\n
Gils Carb\u00f3 volvi\u00f3 a explicar ante la consulta de algunos medios lo que ya hab\u00eda planteado hace diez a\u00f1os: las caracter\u00edsticas de la IGJ porte\u00f1a seg\u00fan la ley son las de un sistema de registro simplificado, beneficioso para las sociedades, que pone en peligro a los consumidores, ahorristas, proveedores de grandes empresas, porque si se relajan controles para inscribir balances, hacer fusiones o concentraciones, no se podr\u00e1 determinar si lo que est\u00e1 en juego son negocios l\u00edcitos o no. Un organismo de estas caracter\u00edsticas es clave para un monitoreo judicial, para controlar a los verdaderos due\u00f1os de negocios que las estructuras offshore u otras variantes. La IGJ que depende del Estado nacional, tiene de la \u00e9poca de la gesti\u00f3n de Ricardo Nissen, un sistema riguroso de control de operaciones con el uso de sociedades offshore y otras \u00fatiles para el ocultamiento de maniobras de todo tipo. Ante aquel pedido de Gils Carb\u00f3 ante el juez comercial M\u00e1ximo Astorga hizo lugar a una medida cautelar que impidi\u00f3 la implementaci\u00f3n el esa IGJ paralela o Registro P\u00fablico. Todo esto explica la inquina de Macri contra la ex jefa de los fiscales, a quien presion\u00f3 con denuncias a trav\u00e9s de organizaciones afines hasta lograr su renuncia.<\/p>\n
La ley de la IGJ porte\u00f1a permit\u00eda que el \u00f3rgano se fuera implementando a trav\u00e9s de convenios con el Estado Nacional. Pese a la prohibici\u00f3n judicial, Rodr\u00edguez Larreta lo cre\u00f3 por decreto en 2016 y puso como director a Najenson, quien comenz\u00f3 firmando un convenio con la IGJ nacional, que depende del Ministerio de Justicia, para implementar un traspaso. Najenson comenz\u00f3 a trabajar con otras \u00e1reas porte\u00f1as para directamente apurar la creaci\u00f3n de empresas en el \u00e1mbito de la Ciudad. Por esto ambos fueron denunciados penalmente y los investigan el fiscal Franco Picardi y el juez Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi.<\/p>\n
En los \u00faltimos d\u00edas, una serie de indicios hac\u00edan suponer que la C\u00e1mara en lo Contencioso estaba por resolver contra la continuidad de la fiscal Boquin en el caso, lo que podr\u00eda allanar el camino legal a la IGJ porte\u00f1a, pero simult\u00e1neamente tres gremios (Uni\u00f3n de Empleados de la Justicia, Asociaci\u00f3n Trabajadores del Estado y Uni\u00f3n Personal Civil de la Naci\u00f3n) denunciaron \u201cel posible dictado de un decreto de necesidad y urgencia para formalizar esta situaci\u00f3n sumamente an\u00f3mala, inconstitucional y contraria a las bases de nuestro sistema federal\u201d, plante\u00f3 Boqu\u00edn en una presentaci\u00f3n realizada ante los camaristas, para que tengan en cuenta todos los elementos actuales a la hora de resolver. Tambi\u00e9n record\u00f3 que es \u201cde por s\u00ed irregular\u201d que el gobierno porte\u00f1o haya \u201cavanzado en la ejecuci\u00f3n del traspaso de competencias de la IGJ al organismo creado por ley de la legislatura porte\u00f1a desconociendo la medida de no innovar vigente. Ello con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Naci\u00f3n\u201d, advirti\u00f3.<\/p>\n
Al sintetizar el panorama la fiscal de C\u00e1mara se\u00f1al\u00f3: que el gobierno porte\u00f1o avanz\u00f3 en crear el \u00f3rgano en cuesti\u00f3n pese a una orden judicial que lo imped\u00eda, que tambi\u00e9n pese a eso el Ministerio de Justicia a cargo de Germ\u00e1n Garavano \u201ccolabora con la implementaci\u00f3n de la operatividad\u201d, que se aprob\u00f3 un informe de gesti\u00f3n de Najenson que revela que en 2016 se dedic\u00f3 a organizar el organismo, suscribi\u00f3 convenios con la cartera de Justicia nacional y reclam\u00f3 el pago de un sueldo por su cargo. \u201cEl ministerio de Justicia y Derechos Humanos facilit\u00f3 informaci\u00f3n en relaci\u00f3n a recursos humanos a un director de un ente que no pod\u00eda estar en funciones por la medida de no innovara dictada\u201d y que sigue vigente.<\/p>\n
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