Dirigentes de cinco pueblos originarios presentaron su caso ante delegaciones indígenas del mundo. Buscan que la recolección de datos las escude frente al riesgo de perder territorio costero
Primero habla en mapudungún y luego en español. Yohana Coñuecar Llancapani (42 años, Calbuco en la Región de Los Lagos) cuenta cómo, a través de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, están monitoreando el agua; su biodiversidad. Lo hace frente a delegaciones y representantes indígenas de varias partes del mundo en Ereván, Armenia, durante la Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU (COP17). “Somos mujeres que defienden el mar que nos alimenta, que nos permite comer, vivir, navegar, llorar, sufrir y amar. El mar que nos permite, cuando ya nuestro ciclo de vida termina, llevarnos al horizonte donde se pone el sol para descansar”, dice la dirigente mapuche williche chilena.
Convocadas en 2022 para escribir un libro sobre sus experiencias territoriales, la red reúne hoy a 11 coordinadoras, ocho equipos técnicos y 15 encargadas de monitoreo que, entre otras cosas, se dedican a recolectar datos de lo que sucede en sus aguas dulces. Lo hacen con kits de monitoreo, sensores multiparámetro para conocer variables como cuál es el pH del agua y a través de GPS. También tienen en cuenta el conocimiento local, ese que Coñuecar recuerda que han ido heredando de generación en generación y que les cuenta cómo han cambiado las especies, la pesca y los paisajes.
Regadas a lo largo de Chile, desde Atacama hasta la Patagonia, están conformadas por mujeres de cinco pueblos originarios: dieguitas, changos, mapuches lakfenche-williche, kawésqar y yagán. La base de trabajo no es mayor a 30 personas, pero gracias a las capacitaciones que hacen sobre cómo monitorear la biodiversidad, son en realidad “un movimiento de más de 400 personas”.
A través de este proceso ya tienen la certeza de que su agua se puede beber. Además, el próximo año empezarán a medir otras variables, pero en el mar. “Lo que vamos a hacer es documentar de aquí en adelante cómo ha cambiado nuestra biodiversidad”, agrega la co-coordinadora de la red. “Nos gustaría poder saber cómo se transformó desde que nos otorgaron el territorio. Y, aunque no es posible, sí tenemos relatos de la gente que nos dice: ‘Aquí antes no había marisco y ahora sí. Antes no había algas, y ahora las vemos’”.
A lo que se refiere es que su comunidad, como la de muchas que hacen parte de la red, ha logrado que su territorio se convierta en un Espacio Marino Costero de Pueblos Originarios: una figura de protección que existe en Chile y que les reconoce su uso histórico y ancestral, permitiéndoles la gobernanza de las áreas que se delimitan como tal. Tener mediciones que muestren que donde ellos toman decisiones hay más biodiversidad y sostenibilidad que en donde, por ejemplo, se ubican las salmoneras, es una estrategia para escudarse. Para demostrar, a través de la ciencia moderna, lo que ellos ya saben por medio de su conocimiento ancestral —esa ciencia que “los Estados escuchan más”, dice Coñuecar durante su intervención.
La ley que creó esa figura en 2008 está siendo disputada. Junto a Myriam Yefi Jaramillo, dirigente territorial lafkenche y una de las voces que ayudó a impulsar la norma en ese entonces, denuncian que han existido varios intentos por modificarla e incluso derogarla. Actualmente, hay tres tentativas, incluyendo una propuesta del Gobierno de José Antonio Kast que busca cambiar los mecanismos para asignar estos espacios y exigir pruebas más estrictas sobre su uso ancestral. Es el proyecto más avanzado de los tres. Incluso el Gobierno ya está empezando a preparar la consulta previa con las comunidades indígenas, el paso que se debe cumplir antes de ingresar las modificaciones a través del Congreso.
“Chile siempre ha sido un estado negacionista de los derechos del pueblo originario”, continúa Coñuecar en la COP17. “Pero hoy día estamos viviendo un retroceso que nos pone aún en mayor peligro”.
El caso de la red es uno de los 58 elegidos por el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad para construir un reporte global sobre cuáles son las contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales para la conservación de especies y ecosistemas. El foro, conformado por representantes de siete regiones del mundo, es uno de los organismos que asesora oficialmente al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de Naciones Unidas y a los países que lo firmaron.
En el documento, publicado durante la primera de dos semanas de la conferencia, se reitera que, a pesar de ser guardianes clave para la protección de la biodiversidad, las amenazas sobre indígenas y comunidades locales crecen.
Los Gobiernos nacionales siguen sin involucrarlos en la toma de decisiones ambientales. Sus tierras, dice el reporte, cubren mínimo el 36 % de las áreas clave para la biodiversidad. Sin embargo, solo el 25 % de los países que hacen parte de la CDB —es decir, todos menos Estados Unidos y el Vaticano— han reportado que colaboraron con sus pueblos indígenas y locales para avanzar en las metas nacionales para evitar la pérdida de biodiversidad. El caso de la red de chilenas, igualmente, demuestra cómo se elevan ante lo que es otro vacío general: solo un 25 % de los países han incluido a las mujeres en sus planes.
Tras lograr la ley de 2008, recuerdan Yefi Jaramillo y Coñuecar, fueron los hombres los que tomaron las vocerías: se visibilizaron, se volvieron alcaldes. “Pero el 70 % de las personas que lideran las solicitudes para los espacios costeros son mujeres”, dice la segunda. Ellas se organizaron para darle la vuelta. Además de monitorear la biodiversidad, se han capacitado en formación administrativa, legislativa, técnica y también de autoestima.

