Hay 67 asentamientos irregulares en la capital tucumana
La organización social Techo presentó en la Legislatura los resultados de un relevamiento que efectuó durante seis meses en diferentes barriadas.
La organización social Techo presentó en la Legislatura los resultados de un relevamiento que efectuó durante seis meses en diferentes barriadas.
“No es ciudad si no es para todos”. El lema encierra la esencia del trabajo de la organización Techo, que pretende que los asentamientos informales del país superen la situación de pobreza en la que están sumidos. Para llevar adelante las acciones que emprende, basadas en el desarrollo comunitario, es clave determinar el estado de situación.
¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Cómo viven sus vecinos? Durante seis meses, la organización efectuó encuestas, entrevistas y recorridas por los asentamientos tucumanos (desde octubre de 2015 que la organización trabaja de manera continua en la provincia) para responder estos interrogantes. Obtuvo así “una foto” -tal como caracterizaron sus miembros- de lo que sucede en San Miguel de Tucumán: más de uno de cada 10 habitantes de la capital viven en asentamientos informales, según reveló el informe.
Se ubicaron y caracterizaron 67 de ellos en los que habitan 18.945 familias; es decir, 87.150 ciudadanos (utilizando para el cálculo la media nacional de 4,6 miembros por cada grupo familiar).
Los resultados fueron presentados ayer en la Legislatura, a instancias de la legisladora radical Adela Estofán, presidenta de la comisión de ONGs. Salvo ella, que inauguró la presentación, ningún otro parlamentario concurrió. La idea de la organización es que el relevamiento sirva como material para la elaboración de políticas públicas tendientes a mejorar la calidad de vida de los vecinos de las barriadas precarias.
Políticas públicas
“Es un problema estructural, nos duele y nos avergüenza a todos como seres humanos. Esperamos usar este informe”, afirmó Estofán tras felicitar a la organización.
Julia Tessari, directora general de la sede Tucumán de Techo, expresó que se reunieron con autoridades municipales y provinciales. Consignó que el informe puede ser un insumo importante para generar soluciones. Marina Morgan (Centro de Investigación Social) y Agustina Rodríguez Egaño (directora regional de Expansión Territorial) participaron también de la exposición. Explicaron que se tomaron como asentamientos los conjuntos que como mínimo tuvieran ocho familias, cuya mayoría no contaran con títulos de propiedad ni con acceso regular a al menos dos servicios básicos.
En total, se relevó a aproximadamente el 36% de la población de la provincia. Participaron referentes comunitarios y universidades, además de la organización. También se pidieron datos oficiales a los gobiernos municipales y provincial.
La mayoría de los asentamientos, detallaron, se encuentran alejados de la “ciudad formal”; es decir, que sus habitantes deben viajar hasta una hora, por ejemplo, para acceder a un hospital.
Distinguieron los asentamientos informales de las villas, por su tipología. Los primeros son el 94% en la capital y se caracterizan por ser una continuación de la trama de la ciudad y, además, son menos poblados que las villas. Cuentan con calles trazadas y con espacios verdes. Las segundas, en cambio, alcanzan el 6% y son más irregulares en sus formas. “Que sean más los asentamientos es una oportunidad mejor del gobierno municipal de trabajar para encarar políticas”, consignó Tessari. En la mitad de los asentamientos, afirmó, habitan menos de 100 familias, lo que se traduce en lazos comunitarios más fuertes.
El promedio de antigüedad, concluyeron, es de 25 años. “Es una problemática estructural, no se debe a un proceso económico o político, sino que se viene acarreando de hace muchos años”, subrayó la directora local. Añadió que el más antiguo registrado data de 1934.
Ocho de cada 10 se conformaron de manera espontánea sobre tierras fiscales. La falta de acceso al suelo y de planificación se encienden, a partir de estos datos, como luces de alerta. En cuanto a los servicios, revelaron que gran parte de la población no accede a ellos de manera formal. El 100% no tiene acceso al servicio de agua (presión muy baja, bombas o uso de mangueras) ni a cloacas. Advirtieron sobre los riesgos sanitarios y ambientales de estos dos aspectos. En relación al gas natural, es un bien muy escaso: en general se emplean garrafas o leña para cocinar o calefaccionar.
Sobre el asfalto, en siete de cada 10 barriadas no hay calles pavimentadas. El 25% no tiene ninguna. El alumbrado público está ausente en tres de cada 10 asentamientos, de acuerdo con el documento. En la mitad no ingresa el camión de la basura, por lo que los vecinos deben buscar maneras alternativas de deshacerse de los residuos domiciliarios.
La mayoría de las ocupaciones están a menos de 10 metros de factores de riesgo como ríos; rutas o vías. Ocho de cada 10 barrios se inundan cuando se producen tormentas intensas. Destacaron como esperanzador que en el 60% de los asentamientos los vecinos ya se organizaron para resolver las problemáticas de sus hábitats.
