Cesanteados en la dictadura: podarán lista de beneficiarios rionegrinos
La Provincia reconoció “inconvenientes presupuestarios”. Achicaron la nómina de los que buscan cobrar una indemnización. Hay 60 anotados y definirán beneficiarios.
La Provincia reconoció “inconvenientes presupuestarios”. Achicaron la nómina de los que buscan cobrar una indemnización. Hay 60 anotados y definirán beneficiarios.
El gobierno rionegrino barajó y dio de nuevo con motivo de reencauzar el pago de la indemnización a los cesanteados en la última dictadura que viene demorado desde 2015. Emitió un segundo decreto que dejará afuera a algunos potenciales beneficiarios y abrirá en los próximos meses la posibilidad de cancelación.
Tal como lo anticipó “Río Negro”, se revisarán algunos casos con la reciente vigencia del decreto Nº 949. Allí se exige a los que buscan cobrar que presenten certificación de servicios para determinar si fueron reincorporado antes del 8 de junio de 1984. Es que ese momento -primera etapa de la democracia- figuró como fecha de corte para aquellos que se acogieron a la ley Nº 1.794 de retorno al Estado.
La mencionada norma les reconoció a los expulsados durante la dictadura militar la antigüedad, aportes previsionales y ascensos; a cambio de renunciar a indemnizaciones o juicios.
Un segundo decreto que emitió el gobierno rionegrino dejará afuera a algunos potenciales beneficiarios.
Algunos interesados en cobrar estarían dentro de esa franja. El secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri, relativizó que unos pocos quedarían excluidos. Indicó que de los primeros 60 anotados se debe evaluar la documentación de por lo menos la mitad y pocos se verían afectados.
Agregó que gran parte ya fue reincorporado después de esa fecha de corte y por otras leyes.
Aun así, a los aspirantes a este derecho se les pedirá más documentación burocrática como para acreditar el beneficio.
De acuerdo al segundo decreto -que remplaza al de la Ley de reconocimiento Nº 5.042- deben exhibir ante el organismo de Minieri una copia del despido más una nota. Allí deben brindar un relato claro, preciso y cronológico de los hechos por los cuales fueron víctimas de la desvinculación laboral en el Estado rionegrino.
El funcionario provincial reveló que la nueva reglamentación surgió además para habilitar el cumplimiento del compromiso mediante la efectivización de bonos.
A la vez, explicó que sigue anotándose gente, con lo cual el registro de interesados ya supera los 300.
El secretario de Derechos Humanos, Duilio Minieri, relativizó el hecho de que algunas personas van a quedar excluidas.
Antes de sufrir la demora y ser pulida por dos decretos, la Ley 5.042 solamente pidió a los despedidos que acrediten su relación laboral con el Estado provincial con anterioridad al 10 de diciembre de 1983, que fueron dados de baja por aplicación de las normas de prescindibilidad de 1974 o bien la legislación de la dictadura.
Por otro lado, sólo se les pedía aportar la documentación probatoria correspondiente y/o acreditar por cualquier medio probatorio, idóneo o información sumaria, las causales políticas, ideológicas, gremiales o similares, que determinaron el cese de la relación laboral.
Forzada y olvidada
El oficialismo pasó por varios estados ante el proyecto y luego la ley de “resarcimiento” para los cesanteados del Estado entre 1974 y 1983.
Habilitó y aprobó esa iniciativa -del radical Beletú- para sumar votos para la elección de Pedro Pesatti como vicegobernador. Luego se sorprendió por el impacto en las arcas provinciales, entonces lo promocionó políticamente. Al final, volvió sobre sus pasos y acotó la aplicación.
Con la norma aprobada en marzo del 2015, la ministra de Educación Mónica Silva se sorprendió por el volumen de fondos para su cumplimiento y se quejó por la inconsulta aprobación de su bloque. No sabía de la razón “suprema”.
En diciembre último, Juntos defendió el presupuesto 2018 y alentó la “restitución de derechos” con el financiamiento de 700 millones en esta “reparación histórica de la que se hará cargo este gobierno”, decía Facundo López en el recinto. Ese cálculo de Economía es bien controvertido, En su ocasión, la hoy exsecretaria de Derechos Humanos, Laura Méndez habló sólo de 70 millones con la adhesión más amplia, a pesar que ya admitía unos 60 inscriptos. Las previsiones serán aún menores por otro viraje gubernamental.
