La Plata: Crece la pulseada Kicillof-Garro con denuncia penal en crisis por despidos
El intendente de La Plata, Julio Garro, presentó una denuncia penal contra el Ministerio de Trabajo bonaerense a raíz del conflicto que comenzó con el despido de 47 empleados de un centro de atención telefónica del municipio en el arranque de la cuarentena.
El intendente de La Plata, Julio Garro, presentó una denuncia penal contra el Ministerio de Trabajo bonaerense a raíz del conflicto que comenzó con el despido de 47 empleados de un centro de atención telefónica del municipio en el arranque de la cuarentena. El jefe comunal escaló así la crisis que mantiene con la administración de Axel Kicillof, quien por su parte lo había intimado a reintegrar a los trabajadores cesanteados bajo apercibimiento del pago de una multa.
La denuncia fue radicada por un apoderado de la intendencia contra dos funcionarias de la cartera laboral, que encabeza Mara Ruiz Malec. Garro acusó por presunta “violación de deberes de funcionario público” y “abuso de poder” a Jorgelina López, delegada regional de Trabajo y Empleo del Ministerio provincial, y a Natalia Villalba Lastra, directora de Negociación Colectiva de la repartición, quienes tramitaron el conflicto y le impusieron al municipio anular los despidos.
Garro, de Cambiemos, cesanteó a los 47 empleados municipales de la línea de atención telefónica 147 por no haber concurrido a sus puestos apenas implantada la cuarentena por el Gobierno nacional, el 19 de marzo. Al querer reingresar a sus labores se les impidió y recibieron la comunicación de que se encontraban despedidos. Desde entonces el municipio desoyó las órdenes de Gobierno bonaerense y no concurrió a la audiencias de la cartera laboral, indicaron desde el gremio de municipales platenses (Soemlp).
En la demanda penal la comuna rebatió los argumentos de Trabajo bonaerense y acusó a una de las funcionarias intervinientes en el expediente, Jorgelina López, de ser en paralelo integrante del sindicato perjudicado por las cesantías. En la cartera laboral afirmaron que la delegada renunció al cargo en el Soemlp en 2017 por lo que, a su criterio, no estaría alcanzada por las excusaciones propias de un funcionario público en la materia.
