Organizaciones sociales denuncian que crecen los sin techo en la ciudad de Buenos Aires
Perdieron sus trabajos o sufrieron desalojos y terminaron a la intemperie. Desde el gobierno porteño no hay una asistencia especial. Relatos de los nuevos sin techo.
24/08/2020 MUNICIPIOSPerdieron sus trabajos o sufrieron desalojos y terminaron a la intemperie. Desde el gobierno porteño no hay una asistencia especial. Relatos de los nuevos sin techo.
Entre las organizaciones sociales que trabajan con gente en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires hay un diagnóstico coincidente: desde la llegada de la covid-19 la cantidad de personas sin techo crece mes a mes. Con changas y trabajos informales cortados, hoteles y propietarios que desalojan a pesar de la prohibición oficial y paradores porteños a los que la gente prefiere no ir por “miedo al contagio” , las caras nuevas y la cantidad de raciones entregadas se multiplican en cada una de las ollas populares y repartos de viandas. Página/12 recorrió las calles de la ciudad para conocer la situación de estas personas y conversar con algunos de los referentes de las organizaciones.
Tercer viernes de agosto en la ciudad más rica del país. Pasado el mediodía, tras dos noches de frío polar en Buenos Aires, las voluntarias del programa Sopa de Letras, con delantales de enfermería, guantes, barbijos y máscaras, preparan viandas de arroz y verduras cocidas que, en dos recorridos en auto, alcanzarán a más de trescientas personas que viven en las calles de ocho comunas de la ciudad. En las diversas paradas, las voluntarias reparten la vianda y conversan con las personas. Aunque conocen a la mayoría porque realizan seguimiento de sus situaciones, Bárbara Alegre, coordinadora del programa, asegura a este diario que “desde marzo siempre encontramos caras nuevas».
Cuando el aislamiento social, preventivo y obligatorio fue decretado en todo el país, Juan Pucheta, que cartonea para ganarse el pan, vivía en un hotel de Constitución. Entonces, el hotel decidió cerrar con la gente adentro: aquel residente que saliera no podía volver a entrar. «Tuve que elegir entre quedarme ahí o seguir trabajando, y acá estoy», cuenta el hombre mientras señala su carro detenido junto a la ranchada de Manuel Samperio, bajo la Autopista 9 de Julio, lugar en el que ya había vivido antes de acceder a un hotel.
Jesús nació en Florencio Varela y desde el 4 de agosto duerme junto a un cajero automático de la 9 de julio. Tiene marcada esa fecha porque, por primera vez en su vida, se quedó sin trabajo y sin techo. Mientras que todos los días camina hasta el cruce de Suárez y Herrera, en Barracas, para limpiar vidrios de autos, sus hijas están en Varela al cuidado de su madre: «Ayer pude hablar con ella y me dijo que estaban bien, lo que yo saque de acá quiero llevárselo a ellas», comenta.
El de Fátima, que duerme junto a su pareja en el umbral de una casa abandonada en Parque Patricios, es un caso similar. «Hace unas semanas estuve viviendo diez días en una habitación, pero no pude pagar más y me echaron», señala. Es que, según asegura Alegre, a pesar de la prohibición, los desalojos continúan: «Nos encontramos con familias enteras que quedaron en la calle con todas sus pertenencias», sostiene.
Daniela también vive bajo la Autopista 9 de Julio. Afirma que una habitación en Constitución cuesta, en promedio, 8500 pesos mensuales. La mujer cobra la Asignación Universal por Hijo y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y, aun así, no le alcanza para costear una habitación y la comida de todos los días: «Tengo que elegir entre una cosa y otra. Si pagara 8500 por mes no me alcanzaría para comer», explica.
Anabela Ávalos, encargada de uno de los recorridos de Sopa de Letras, cuenta que «hay complicaciones con el subsidio habitacional, se retrasa y, cuando llega, ya los desalojaron. Eso hace que muchos estén yendo y viniendo entre una habitación y la calle». Aunque en las ranchadas se comenta que el IFE ayuda, las complicaciones para acceder también son varias: «Hay gente que ni siquiera tiene DNI o que no tiene los medios digitales para tramitarlo», indica la voluntaria de Sopa de Letras, que ayuda a las personas con los trámites.
En julio de 2019 se publicaron los resultados del Censo Popular de Personas en Situación de Calle , realizado por 500 voluntarios de organizaciones sociales. El relevamiento arrojó que, a ese momento, eran 7251 las personas que se encontraban en esa situación en la ciudad, de las cuales «5412 no tienen acceso a paradores ni a establecimientos con convenio con el gobierno de la ciudad, es decir que duermen en la vía pública», según se lee en la presentación del Censo realizada por el CELS.
Sin embargo, las organizaciones coinciden en que desde marzo ese número aumentó considerablemente. «En San Telmo tuvimos que conformar un Comité Solidario para transformar las ollas en diarias porque hay muchos grupos nuevos», sostuvo Yamila Abal, de la Asamblea Plaza Dorrego, quien agregó que «empezaron a venir muchas familias de hoteles, que trabajaban en el mercado informal y ahora perdieron el laburo».
En Sopa de Letras miden el aumento por cantidad de viandas y comentan que ya son varias las veces que, en el mismo día, no alcanzaron las raciones y tuvieron que regresar a cocinar: «El tercer día de cuarentena llegamos al Hospital Penna, un punto al que vamos siempre, y cuando bajamos aparecieron familias que no conocíamos, llorando porque el comedor al que iban había cerrado. Tuvimos que volver a cocinar para salir otra vez», señala la coordinadora del programa para graficar la situación.
Por su parte, Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7, que tiene a su cargo cinco Centros de Integración donde duermen cerca de 350 personas en situación de calle, asegura que esos lugares están “explotados”: «Todo el tiempo llaman para pedir lugar. Gente que se acerca o manda por Facebook pedidos de personas sin lugar», detalla. La organización tuvo que transformar uno de sus Centros, que hasta la pandemia funcionaba como centro de día, para agregar más camas.
Pero el caso de Proyecto 7 contrasta con la situación de los Centros de Inclusión Social, conocidos como «paradores», que dispone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, solo están ocupadas el 60 por ciento de las 3299 camas –durante la pandemia se agregaron 1280– distribuidas en 42 centros.
Aunque desde el Ministerio aseguraron a este diario que, desde el inicio de la pandemia, mucha gente que antes no quería ingresar a los paradores finalmente decidió hacerlo, en la calle la percepción es distinta. «Todos los dispositivos tuvieron algún caso de covid-19 y hay una idea de que es más seguro estar en la calle», explica Ávila. Desde que el 13 de mayo el Gobierno tuvo que cerrar el parador Retiro porque 79 de las 92 personas que dormían allí se habían contagiado , en las ranchadas comenzó a circular el rumor de que los paradores no eran lugares seguros en términos sanitarios.
«Yo prefiero quedarme acá», asegura Daniela, que ya estuvo en un parador antes de la pandemia, y agrega que no regresaría porque no recibió buenos tratos. Además, aquella vez le robaron sus pertenencias: «Un día desapareció todo y nadie se hizo cargo, no había seguridad ni nadie que controlara, terminé decidiendo irme», cuenta. Ávila, que vivió siete años en la calle, afirmó que, aun así, desde su organización intentan convencer a la gente para que vaya a los paradores: «En ningún lugar se está peor que en la calle», sentenció.
Tras dos noches de frío polar y un invierno signado por el virus, al ser consultadas por este diario, en la calle las personas señalan que solo esporádicamente se acercan «los del 108». Así llaman ellos a los trabajadores del Programa Buenos Aires Presente que, al recibir llamadas a la Línea 108 –según el Ministerio durante la pandemia llegaron a 86.352–, se acercan a alcanzar viandas y ropa.
Además del 108, este año se adelantó el «Operativo Frío». Los números oficiales indican que, entre «secas» y «calientes», en lo que va del operativo que comenzó el 25 de mayo se repartieron 28 mil viandas. Si se toman los números del censo de 2019, sin incluir el incremento producido desde entonces, 5412 personas duermen en la calle. En el caso utópico de que las viandas del operativo llegaran cada día a esa cantidad de personas, solo alcanzarían para algo más de cinco noches.
Sin embargo, el Ministerio también maneja otros números sobre la cantidad de personas en situación de calle. Aseguran que son 1146 y que la diferencia con el número del censo popular se debe a la aplicación de una metodología distinta de medición. Entre otras cosas, sostienen que las organizaciones incluyen en los más de siete mil totales a las personas que ya duermen en paradores. Según informó Ávila, cuya organización impulsó el censo popular, allí se utilizó la definición de la Ley porteña 3706, de «Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle». La ley, aprobada en 2010 y reglamentada en 2013, define a estas personas como aquellas que habitan «en la calle o espacios públicos de la Ciudad en forma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno».
«Sabemos que hay campañas del Gobierno para entregar kits sanitarios, pero en las ocho comunas que recorremos no hemos encontrado un solo elemento», señala Alegre en relación a los «insumos de higiene personal y limpieza para prevenir el coronavirus», que asegura entregar el Ministerio. Todas las personas que Página/12 consultó en su recorrido indicaron que adquirieron o confeccionaron ellos mismos su propio barbijo o, en su defecto, lo recibieron de una organización social.
Detrás del tapabocas, Pucheta comenta que sufre de EPOC y que, desde que se enteró de la llegada del virus al país, trata de cuidarse lo mejor posible por ser grupo de riesgo. Desde entonces, extrema los cuidados cada vez que sale a cartonear con el barbijo puesto. Su hija Jésica señala la ranchada donde duerme el padre y se pregunta: «¿Cómo quieren que cumplamos con el distanciamiento viviendo acá?».