Larreta otra vez quiere ir a la Corte por la coparticipación
Desde el gobierno porteño anunciaron que la Procuración General de la Ciudad está trabajando en el planteo jurídico y que estiman que será presentado ante el máximo tribunal "en los próximos días".
Desde el gobierno porteño anunciaron que la Procuración General de la Ciudad está trabajando en el planteo jurídico y que estiman que será presentado ante el máximo tribunal «en los próximos días».
El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que, tal como había anunciado en la conferencia que dio el 2 de diciembre pasado, en los próximos días presentará una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Buscará así invalidar la ley aprobada la semana pasada por el Congreso, que tiene el objetivo de reordenar el modo de asignación de recursos que había establecido por decreto el expresidente Mauricio Macri en acuerdo con Rodríguez Larreta en 2016, y que le había permitido asignar recursos de más para la Ciudad. Fuentes del gobierno porteño explicaron a Página/12 que la Procuración General de la Ciudad, cuyo titular es Gabriel Astarloa, está trabajando en el planteo y que estiman que será presentado ante el máximo tribunal «en los próximos días».
La presentación que están preparando no es la primera que el gobierno de Rodríguez Larreta hará ante la Corte Suprema por este tema. El 17 de septiembre pasado el equipo legal del Jefe de Gobierno porteño, con la firma de la abogada María Cristina Cuello, presentó un amparo en contra del Estado Nacional contra el decreto 735/2020, que firmó el presidente Alberto Fernández, acusándolo de «inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta». El mandatario, en tanto, había asegurado que Rodríguez Larreta «debería estar agradecido», ya que desde el gobierno Nacional no le están reclamando «lo que recibió por cuatro años y no le correspondía».
La reasignación de recursos para la Ciudad fue convertida en ley el 10 de diciembre pasado y se estableció que, tanto el Poder Ejecutivo Nacional como la gestión de Rodríguez Larreta, tendrán dos meses para establecer el nuevo monto que destinarán para las fuerzas de seguridad. Si bien la norma fue aprobada con 40 votos positivos y 25 negativos en el Senado, la oposición, al votar en contra, reiteró que sus intenciones son llevar el debate al ámbito del Poder Judicial por considerar que la reasignación de recursos es «inconstitucional». La nueva presentación de la Ciudad iría en este sentido.
La Corte Suprema aún no emitió un dictamen sobre el primer amparo y las fuentes del gobierno porteño adelantaron a este diario que la presentación actual no es una «ampliación» de la demanda que presentaron en septiembre –como aseguraban algunas versiones periodísticas– sino que se tratará de dos presentaciones distintas. Desde Ciudad también puntualizaron que «aún no está listo el texto definitivo».
Respecto al anuncio de Rodríguez Larreta acerca de que se presentaría por segunda vez en la Corte Suprema por este tema, la diputada del Frente de Todos, Paula Penacca, aseguró en diálogo con este diario que “la judicialización de la política se tiene que terminar porque cada poder del Estado cumple un rol específico». «Si gobierna el Poder Judicial entonces estamos, de mínima, lesionando la democracia», agregó.
La diputada puntualizó que, desde el Gobierno porteño, «cuando no logran salirse con la suya desde el ámbito de lo político, toman el camino de la judicialización». «Nosotros no entendemos que ese sea un recurso válido», afirmó. El diputado Itaí Hagman también opinó sobre el tema: «estamos hablando de un decreto arbitrario de Macri, contra una ley del Congreso. Jurídicamente, es bastante evidente que tiene más legitimidad una ley».
El Gobierno de la Ciudad utilizó esta discusión para justificar un ajuste en el presupuesto de 2021 que se aprobó el jueves pasado en la Legislatura –en la que Juntos por el Cambio tiene mayoría automática–. El año próximo habrá en la Ciudad grandes recortes en áreas centrales como educación y obra pública. Además, la Legislatura aprobó nuevos impuestos para las tarjetas de crédito y las LELIQs e intentó subir un punto de ingresos brutos al sector financiero, pasando del 7 a 8 por ciento. Sin embargo, el Banco Central se presentó el viernes ante la Corte Suprema para que ésta declare la inconstitucionalidad de esas leyes, que gravan los títulos públicos y actividades reguladas por el BCRA con el impuesto de ingresos brutos.
Según un comunicado publicado en la página oficial del BCRA, desde el organismo solicitaron que “se ordene la inmediata suspensión de los efectos de la normativa señalada, debiendo ordenarse al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el gravamen aludido”. “Se encuentran en juego cuestiones de máxima gravedad institucional”, consideraron desde el organismo.
