El Gobierno de Colombia insiste en que aún se puede negociar
Las autoridades expresaron su disposición a negociar con las organizaciones que participan de multitudinarias protestas sociales, en las que la represión indiscriminada de las fuerzas de seguridad causó alrededor de 30 muertes.
Las autoridades expresaron su disposición a negociar con las organizaciones que participan de multitudinarias protestas sociales, en las que la represión indiscriminada de las fuerzas de seguridad causó alrededor de 30 muertes.
«El Gobierno Nacional, a partir de este momento, está en la plena disposición de adelantar una mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro»
El Gobierno de Colombia renovó este martes su disposición a negociar con las organizaciones que participan de multitudinarias protestas sociales en las que la represión indiscriminada de las fuerzas de seguridad causó alrededor de 30 muertes, a pesar de que el lunes a última hora las partes declararan fracasado el diálogo, en parte por la negativa de las autoridades de responder de manera afirmativa a los planteos del Comité Nacional de Paro.
«El Gobierno Nacional, a partir de este momento, está en la plena disposición de adelantar una mesa de negociación con el Comité Nacional del Paro, para avanzar en los temas de la agenda que acordaremos con el acompañamiento de la Iglesia católica y de las Naciones Unidas», anunció el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, a través de un video.
El funcionario enfatizó que el Ejecutivo había analizado y evaluado las propuestas presentadas en la primera reunión exploratoria para lograr un acuerdo para poner fin a las protestas en el país que llevan 13 días e incluyeron denuncias de violación de los derechos humanos, abuso policial y al menos 28 muertos, entre ellos, el joven Lucas Villa, el estudiante que se convirtió en símbolo de la represión y que murió esta mañana.
El anuncio de Ceballos fue considerado por especialistas como un logro del Comité del Paro, que insistió en llamar negociaciones a los encuentros para buscar soluciones entre Gobierno y ciudadanía y no diálogos ni acuerdos, como los presentaba el Ejecutivo.
«Con esto que cede el Gobierno, quedan otras condiciones que el Comité dejó muy firmes para poder concertar una metodología y empezar a negociar: el fin de la violencia por parte de la Fuerza Pública y la presencia del presidente Iván Duque en Cali», reportó el diario local El Espectador.
Al respecto, Ceballos volvió a rechazar las violaciones a los derechos de la ciudadanía por parte de la Fuerza Pública, los bloqueos en las rutas y la violencia de la que fueron objeto algunos uniformados.
«Habrá cero tolerancias a cualquier violación de la Constitución y la ley por exceder las funciones de los funcionarios públicos, entre ellos la Fuerza Pública», apuntó el alto comisionado, citado por el diario El Tiempo.
Tras la reunión del lunes en la casa de Gobierno (Casa Nariño), a la que asistieron Duque; su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; el representante de Colombia ante la ONU, Carlos Ruiz; el de la Iglesia Católica, monseñor Héctor Fabio Henao y el propio Ceballos, los delegados de las organizaciones que están en paro destacaron que no hubo acuerdo y anunciaron la convocatoria a nuevas jornadas de marchas en todo el país para este martes.
Tras este último anuncio, esta invitación podría, eventualmente, quedar en suspenso.
Sin embargo, Ceballos aclaró que solo podrán negociar «aquello que esté en manos de la posición del Gobierno».
«Hay muchas de las solicitudes y propuestas que hace el comité del paro que dependen del poder legislativo. Por supuesto, nos podemos comprometer a gestionar lo que esté a nuestro alcance», dijo.
En este sentido, además del pedido del cese de la violencia a quienes hacen ejercicio legítimo de su derecho a la protesta, el Comité Nacional del Paro exige una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, la defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.
Asimismo, reclama subsidios a las pymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.
En términos educativos, exige la matrícula cero y la no alternancia educativa.
La no discriminación de género, diversidad sexual y étnica y el fin de las privatizaciones.
Al respecto, el Gobierno planteó seis puntos de discusión: vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero.
