AMBA: Altos niveles de inseguridad laboral, económica y alimentaria
Los autores de la investigación rescatan el valor de las políticas del Gobierno para evitar que la situación fuese peor.
Los autores de la investigación rescatan el valor de las políticas del Gobierno para evitar que la situación fuese peor.
A más de un año del inicio de la pandemia de covid-19, gran parte de la población del AMBA continúa con niveles altos de inseguridad laboral, económica y alimentaria, según datos del 13° Monitor del Clima Social realizado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM). En general, las cifras muestran un aumento del 3 por ciento de «inseguridades sociales» con respecto a los números publicados el año pasado, aumento que, según el informe del Centro, «sería mucho más negativo si el gobierno nacional no hubiese desplegado importantes políticas públicas para sostener el tejido social».
El Monitor del CEM –conformado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham– está basado en una investigación de opinión pública a partir de un total de 2037 entrevistas telefónicas en el AMBA. En el informe final, las muestras se dividieron en tres «indicadores de inseguridad»: situación económica, alimenticia y laboral.
El 62 por ciento aseguró que «no le alcanza el sueldo», un aumento del 3 por ciento con respecto a los números del Monitor de mayo de 2020. Al mismo tiempo, el 42 por ciento consideró que su situación económica es peor que la del año anterior, ítem que en 2020 había alcanzado el 41 por ciento. En cuanto a lo laboral, el 50 por ciento señaló que cree probable «perder el trabajo en el corto plazo», un aumento del uno por ciento.
En términos alimentarios, el 53 por ciento dijo que tuvo que recortar las raciones de comida en el último año. En 2020, esa variable había alcanzado el 48 por ciento. Por último, el 30 por ciento de los encuestados indicó haber pasado hambre en los últimos 12 meses, mientras que el 28 por ciento había respondido eso en 2020. En general, según indicaron desde el CEM, «el malestar social aumentó un promedio de 3 puntos porcentuales respecto de la última medición de mayo de 2020».
«Desde 2017, con el macrismo, la devaluación, la caída de ingresos, todo ese deterioro económico que vivimos, los índices nos vienen dando altos. El año pasado, el cambio de gobierno mostró una expectativa en la población y los números bajaron con respecto a los anteriores», dijo a Página 12 Matías Barroetaveña, director del CEM y legislador porteño por el Frente de Todos, quien agregó que «ahora los números se mantuvieron más o menos estables. No es para alegrarse, nadie puede alegrarse con un porcentaje tan grande de personas con estos problemas, pero la verdad es que, frente a la situación atípica de la pandemia, hubo una decisión activa de presupuesto público por parte del Gobierno nacional».
«Con el IFE, la Tarjeta Alimentar, el Repro, la prohibición de despidos, el cambio en ganancias, se consiguió que se sostenga un empate en una situación muy mala, situación que acumula problemas estructurales, deterioro económico del macrismo y la pandemia», subrayó Barroetaveña.
«Se dispuso un conjunto de herramientas de emergencia que han logrado, junto al fuerte entramado organizacional e institucional que, a diferencia de nuestros vecinos, posee la Argentina, impedir que se profundice la crisis social y de representación», agregó. El legislador indicó que los números del monitor describen «una situación complicadísima» que amerita discutir «nuevas herramientas necesarias en un marco de nuevas restricciones por cuidado que limitaran las oportunidades laborales».
Pastor Masetti, director de la carrera de Trabajo Social de la UNAJ, detalló que, según las cifras obtenidas, «quienes viven en el segundo cordón del conurbano, los jóvenes y las mujeres son quienes más han sufrido». “La pérdida de poder adquisitivo y la caída de ingresos de los hogares ha provocado un aumento de la inseguridad social», agregó.
Por su parte, Andrea García, coordinadora del Consejo Social de la Universidad de Hurlingham, añadió que «se requieren aún más esfuerzos para la estabilización de los precios y el sostenimiento de los aportes del Estado para incrementar ingresos, pero entendemos que el Programa de Vacunación es uno de los pilares de la recuperación de la economía y la creación de oportunidades laborales».
