Colombia: El Comité del Paro hace una pausa en las protestas y Duque anuncia nueva reforma tributaria
La decisión del CNP fue anunciada por Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, aunque aclaró que esto no significará seguir en la calle durante los próximos meses.
La decisión del CNP fue anunciada por Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, aunque aclaró que esto no significará seguir en la calle durante los próximos meses. Mientras que el Gobierno anunciaba que el 20 de julio comenzará el debate de una nueva ley tributaria.
El Comité Nacional de Paro (CNP) de Colombia, que promovió las protestas antigubernamentales desde el 28 de abril, anunció este martes la suspensión de las movilizaciones hasta el 20 de julio y su reemplazo por otras actividades, aunque resta ver qué actitud asumirá la llamada “primera línea” de jóvenes que participa de las marchas y que no está integrado a esta plataforma de organizaciones sociales y sindicatos.
Mientras tanto, el Gobierno de Iván Duque hizo dos anuncios: por un lado, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez prometió que los responsables de los 21 homicidios ocurridos durante las protestas responderán ante la Justicia y, por otro, el propio mandatario adelantó que el 20 de julio comenzará el debate de una nueva reforma tributaria –disparador de las movilizaciones- que “no afectará ni a la clase media ni a los sectores más vulnerables”.
El titular de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Francisco Maltés, explicó que el CNP decidió “hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes de los miércoles”, pero aclaró que eso no significaba que “la movilización social se pare en Colombia, sino que continúa porque las causas que la generaron se mantienen vigentes”.
En declaraciones a Blu Radio, Maltés anunció que el 20 de julio el sector presentará en el Congreso varios proyectos de ley, diseñados con académicos y discutidos con diferentes actores sociales, en base al llamado pliego de emergencia de 2020, y que ese paso se acompañará con movilizaciones hacia la sede legislativa.
También habrá este domingo un concierto nacional denominado “Duque no negocia”, en coincidencia con el primer aniversario de la presentación de esas demandas.
El pliego nacional de emergencia surgió en medio de la pandemia de coronavirus e incluye varios pedidos de carácter económico y social, como una renta básica para 30 millones de personas, matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y la defensa de la producción nacional.
Con todo, persiste la incógnita de cómo reaccionará la denominada “primera línea”, el grupo de jóvenes que, sobre todo en las grandes ciudades, motorizó los cortes de calles y rutas y que no está integrado al CNP, sino que actúa de modo más independiente.
Testimonios anónimos citados por el sitio del diario El Nuevo Siglo y Caracol Radio señalaron que el sector persistirá en las calles en busca de una negociación directa con el Gobierno.
Las protestas que sacuden el país desde hace casi 50 días comenzaron como una movilización contra la reforma fiscal planteada por el Gobierno, pero una vez retirada, la convocatoria se amplió a otras demandas para atajar la desigualdad en el país y la feroz represión con que el Gobierno respondió a las protestas.
Al menos 61 personas, dos de ellos policías, murieron desde que iniciaron las protestas, según autoridades y la Defensoría del Pueblo (ombudsman), que vela por los derechos humanos; no obstante, la Fiscalía solo dio cuenta de 21.
Este martes, durante un encuentro en Madrid, donde se encuentra de visita, la vicepresidenta y canciller Ramírez dio por seguro que los responsables de esos 21 homicidios ocurridos durante las protestas responderán ante la Justicia, sean de las fuerzas de seguridad o civiles.
«De esas 21 muertes, tiene que haber responsables, cualquiera que sea; si es de la fuerza pública o si es un civil que ocasionó esas muertes, tiene que tener su responsabilidad penal», afirmó Ramírez, citada por la agencia de noticias AFP.
Según el Ministerio de Defensa, cerca de 2.500 personas, entre civiles y miembros de la fuerza pública, quedaron lesionados en el contexto de las movilizaciones.
Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó la semana pasada a Colombia para analizar 584 presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas durante las protestas, la mayoría a manos de la fuerza pública.
Se espera para las próximas semanas un pronunciamiento de la organización dependiente de la OEA.
En tanto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, celebró la interrupción de las protestas, porque “después de 45 días de aglomeraciones y un exceso de mortalidad relacionado de cerca de 5.000 decesos, los colombianos deben parar del todo esta situación”.
“El Comité del Paro debe entender que la situación epidemiológica no da más”, dijo Ruiz, quien se limitó la cuestión a la situación del coronavirus, de por sí grave, porque Colombia viene de superar su récord de muertes en tres jornadas consecutivas.
Mientras tanto, su par de Defensa, Diego Molano, anunció que tras un trabajo conjunto entre la fuerza pública y las autoridades locales se logró el desbloqueo de todas las vías principales para garantizar el abastecimiento y libre movilidad de los ciudadanos.
“No vamos a cantar victoria. Seguiremos en la tarea de garantizarle al país la movilidad, el abastecimiento, el derecho al trabajo y a la salud. Nuestros soldados y policías están para servirles a los colombianos a lo largo y ancho del país y ahí se mantendrán”, concluyó el ministro, que recientemente sobrevivió a un intento de destitución en el congreso por la represión en las calles.
La Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo en su trabajo de seguimiento y búsqueda de personas informaron hoy que se ubicó a 335 personas que habían sido reportadas como desaparecidas y que a través del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) continúan activas 84 solicitudes.
Paradójicamente, el presidente Duque anunció, casi en coincidencia con la suspensión de las movilizaciones, que el 20 de julio el Congreso comenzará a discutir una nueva reforma tributaria, que negoció con más de 40 entidades empresarias, pero no con el Comité Nacional del Paro, en el diálogo que finalmente fracasó la semana pasada.
«Quiero resaltar el respaldo para que tengamos, a partir del 20 de julio, una discusión sana y clara sobre cómo conseguir recursos fiscales para proteger a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas, haciéndola sin tener ninguna afectación a la clase media o a los más vulnerables, sino logrando la mayor participación y eficiencia del sector privado», aseguró el presidente.
