El presidente Castillo, entre la continuidad y el cambio en la política frente a la coca
Cientos de agricultores protestan contra el Gobierno por la detención de la actividad en los cultivos, pese a las acusaciones de la oposición de derecha contra el ministro del Interior, y la disputa sobre conservar el fracasado modelo estadounidense o explorar "otras opciones".
Cientos de agricultores protestan contra el Gobierno por la detención de la actividad en los cultivos, pese a las acusaciones de la oposición de derecha contra el ministro del Interior, y la disputa sobre conservar el fracasado modelo estadounidense o explorar «otras opciones».
Las actividades están prácticamente paralizadas desde la semana pasada en el distrito peruano de San Gabán, sureño departamento de Puno, donde cientos de agricultores protestan contra el Gobierno por retomar la erradicación forzada de cultivos de coca.
Las protestas, que supuestamente solo se detendrán cuando el presidente Pedro Castillo detenga los trabajos, incluyen choques con la Policía, hostigamientos a los trabajadores encargados de erradicar y cierre de las vías de la zona, que conducen no solo a los departamentos de Cusco y Madre de Dios, sino también a Brasil por la carretera Interoceánica.
Todo eso en momentos en que sectores políticos y mediáticos acusan al ministro del Interior, Luis Barranzuela, de pretender favorecer a los productores de coca, con cuyos gremios tuvo relación como abogado antes de que asumiera el Ministerio hace dos semanas.
“Las erradicaciones continúan. No he autorizado tal despropósito (detenerlas), porque estaría actuando en contra de la ley”, dijo en una entrevista Barranzuela, quien unos días antes de llegar al Gobierno se había manifestado en un acto público contra esa práctica.
“Las erradicaciones continúan. No he autorizado tal despropósito (detenerlas), porque estaría actuando en contra de la ley” LUIS BARRENZUELA
“Cuando hablo lo hago en sentido figurado. No hay que ser tan semánticos, ni tan literales”, justificó la aparente contradicción el funcionario, que está en la mira de la oposición por sus antecedentes.
“Lo importante no es lo que piensa el ministro, sino lo que piensa el Gobierno”, matizó en una entrevista con Télam uno de los mayores expertos que tiene Perú en el tema de la coca, el economista Hugo Cabieses, investigador, consultor, asesor y autor de incontables publicaciones sobre esa materia.
Castillo, que recibió apoyo de productores de coca en la campaña, ha sido cauto al hablar de erradicación, pero de hecho ya ordenó que se la retomara tras el receso derivado básicamente de la pandemia de coronavirus.
El Presidente ha preferido hacer énfasis en la industrialización de la coca y en la inclusión del sector en los beneficios que se esperan de la llamada Segunda Reforma Agraria.
Para Cabieses, la decisión del presidente debería estar entre si sigue para la coca el modelo impulsado por Estados Unidos, “que ha fracasado en los últimos 40 años”, o si se explora otras opciones, que pudieran parecerse por ejemplo a la “muy exitosa” de Bolivia en el Gobierno de Evo Morales.
Ese “fracaso” se sustenta en cifras: desde que empezó la erradicación, en 1981, Perú ha arrancado coca de miles de hectáreas, pero sin embargo en la actualidad, según cifras de Washington, tiene 88.000 hectáreas sembradas, es decir, el doble de las que la misma Casa Blanca reconocía en 2016.
La meta es erradicar 25.000 hectáreas por año, aunque en 2020 solo se hizo con unas 7.000, por la pandemia, y este año también se está lejos. “Pero el fracaso va más allá, es de siempre. Los cultivos que se erradican reaparecen en otros lugares”, apuntó Cabieses.
Para el experto, la erradicación forzada desata tres fenómenos: el “globo”, que hace que los cultivos reaparezcan en otro lugar; el “mercurio”, que ocasiona que se dispersen dentro de una misma zona, y el “embrión”, que genera que se vayan a las fronteras con otros países, donde hay mayor permeabilidad a la corrupción y más obstáculos para la represión.
Sobre la planta
La hoja que se cultiva legalmente en Perú es adquirida en monopolio por la estatal Empresa Nacional de la Coca (Enaco), que la destina al consumo tradicional –casi 6 millones de personas la “chacchan” (mascan) según tradiciones ancestrales- y para la industrialización, lo que incluye mates y otros derivados y hasta la exportación para la Coca Cola.
Pero ese destino, según diversos estudios, se cubre con 10 o 15 % de la producción nacional.
La hoja no es una droga, pero sí es el insumo fundamental para la cocaína, lo que explica que Perú sea a la vez segundo productor mundial tanto de coca como de cocaína, en ambos casos alternando el liderazgo con Colombia.
Aun así, para Cabieses y muchos otros destacados “cocólogos” –como se les suele llamar-, enfrentar el problema pasa por distinguir claramente lo legal de lo ilegal y adoptar políticas diferentes para cada uno.
“Al final es cuestión de mercado”, señaló el experto, quien recordó que el momento en que más de redujeron las hectáreas con coca en Perú fue entre 1992 y 1997, cuando el Gobierno de entonces, de Alberto Fujimori, dejó de erradicar.
En el hecho tuvieron también que ver otros factores asociados a la oferta y la demanda.
“A la derecha no le interesa el bien del país, lo que quiere es vacar (destituir) al presidente” HUGO CABIESES
En el proceso boliviano –criticado desde otros sectores por razones políticas e ideológicas-, una diferencia fue la inclusión del concepto de “control social”, en la que se dejó en manos de las comunidades la decisión de cuánta coca producir.
Eso se hizo sin detener la erradicación y con medidas destinadas a mejorar los mercados para otros productos y a generar mejores condiciones para que el campesino, que es solo la primera rueda del engranaje, no quede a merced de los narcotraficantes.
Para Cavieses, un problema para Castillo en caso de que decidiera imitar lo de Bolivia, adaptado a las particularidades, sería que desde la oposición se le acusaría de crear un “narcoestado”.
“A la derecha no le interesa el bien del país, lo que quiere es vacar (destituir) al presidente”, aseguró.
La coca y su relación con la cocaína generan problemas de diverso tipo para Perú: además de la relativización moral y las distorsiones económicas, trae violencia –en solo 2020 fueron asesinados seis ambientalistas- y se sufren graves daños ecológicos en el piedemonte amazónico, en tierras a entre 1.500 y 2.000 metros de altura, que es donde se concentra la producción.
Ahora Castillo, además del asunto específico de San Gabán, tendrá que evaluar todas las aristas, empezando por la reestructuración de Enaco y de la entidad encargada de la lucha antidrogas, Devida, pero pasando por la definición de si se queda o no Barranzuela, de cuyo despacho depende todo el asunto.
