La reforma laboral enfrenta a los socios en el gobierno de España
El objetivo de la iniciativa es desmontar la flexibilización implementada en 2012 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, que disparó la precariedad laboral en el país.
El objetivo de la iniciativa es desmontar la flexibilización implementada en 2012 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, que disparó la precariedad laboral en el país.
La reforma laboral en España, que el Ejecutivo debe presentar antes de fin de año, provocó elevadas tensiones en la coalición de gobierno, dividida en torno a cómo reducir la precariedad y preservar el empleo. Esperada con impaciencia por los sindicatos, la iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez, un compromiso plasmado por escrito a fines de 2019 en el acuerdo de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la izquierda radical de Podemos, derivó en duros intercambios de palabras entre los dos socios. Buscando reducir los daños, Sánchez aseguró este lunes que «todo el gobierno» está comprometido en abordar la «modernización de la legislación laboral» para impulsar la competitividad de la economía española.
El objetivo de la reforma
La finalidad de la iniciativa, que debe ser negociada con sindicatos y empresarios, es desmontar la reforma del mercado laboral implementada en 2012 por el gobierno conservador de Mariano Rajoy que buscó relanzar una economía española devastada por la crisis financiera de 2008.
Sus críticos más situados a la izquierda estiman que dicha reforma disparó la precariedad laboral en el país con la mayor tasa de contratos temporales en Europa. Entre sus defensores, la patronal asegura que permitió reducir el desempleo, que rozó el 27 por ciento en 2013 y actualmente se ubica en el 16 por ciento.
El gobierno del socialista Sánchez apuesta por revisar sus aspectos más controvertidos, como la posibilidad del empleador de modificar unilateralmente el contrato de trabajo o la prioridad otorgada a los acuerdos de las empresas sobre los convenios colectivos, lo que según los antagonistas favoreció la baja de los salarios.
De todas maneras, el alcance de la reforma enfrenta a los socios de la coalición de gobierno. Mientras que la ministra de Trabajo y líder de la izquierda radical, Yolanda Díaz, promete una «auténtica revolución» en el mercado laboral para «adaptarlo al siglo XXI», la vicepresidenta de Economía y antigua directora de presupuestos en la Comisión Europea, Nadia Calviño, se muestra más reticente, sin llegar a hablar de «derogación» de la reforma del Partido Popular (PP).
La patronal, con los socialistas
La patronal, que no oculta sus miedos frente al enfoque de Podemos que juzga de «marxista», ha brindado su apoyo a Calviño, acusada de «injerencia» por Podemos por su intención de participar en las negociaciones. «El mercado laboral influye de una forma decisiva en la economía y es muy normal que también el ministerio de Economía pueda opinar», advirtió Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Esto irritó aún más a Podemos, que reclamó a los socialistas una reunión urgente de la comisión que supervisa la implementación del pacto de coalición, que tuvo lugar este lunes y que fue calificada de «constructiva» sin dar mayores precisiones. «Hay una parte del gobierno que no quiere que se cambie el modelo de relaciones laborales, es decir que se mantenga el ‘statu quo'», disparó Díaz, previsible candidata de Podemos en las próximas elecciones generales, muy aplaudida el fin de semana por el sindicato Comisiones Obreras, ante el que prometió cumplir «a pesar de todas las resistencias».
La vocera de Podemos, Isa Serra, se expresó en la misma línea al afirmar que «no van a permitir» que Calviño haga una «reforma laboral al servicio de la patronal». Serra destacó que uno de los motivos por el que nació su espacio político es precisamente la derogación de la reforma laboral y que Díaz, con «mucha capacidad» y «aciertos», está haciendo numerosos esfuerzos para conseguirlo.
Para Antonio Barroso, analista del gabinete Teneo, el PSOE «quiere una reforma más moderada, más en línea con lo que quiere Bruselas», pero derogar la reforma conservadora de 2012 fue «una de las promesas estrella» de Podemos cuando entró al gobierno a principios de 2020, y teme que si no la cumple «va a tener un efecto negativo en las urnas».
Pero si bien las tensiones son fuertes, «a ninguno de los dos miembros de la coalición le interesa que el gobierno caiga», con la mirada puesta en el avance de la derecha y la ultraderecha en los sondeos, subrayó Barroso.
Durante un foro económico celebrado este lunes en la sede del ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el presidente Pedro Sánchez remarcó su postura a favor del avance de la reforma al asegurar que «una legislación así, con vocación de perdurar, se hará en España como se hace en Europa: con diálogo social y con vocación de consenso».
Las transformaciones para lograr un crecimiento «justo de la economía» deben hacerse, según Sánchez, «con el mayor de los consensos» porque durante esta última década España ha sufrido «muchísimas contrarreformas». En concreto, el presidente señaló la contrarreforma laboral y la de las pensiones de 2012 y 2013 que, según Sánchez, «quebraron y rompieron» el diálogo social.
Bruselas espera
El tiempo apremia: Bruselas espera antes de fin de año una reforma exigida a cambio del megaplan europeo de recuperación, del que Madrid es uno de los principales beneficiarios con 140 mil millones de euros (unos 162.700 millones de dólares).
«El mercado laboral ha sido tradicionalmente un problema en España, con muchas diferencias entre los trabajadores más protegidos y los que menos», estimó el domingo al diario El País el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, de visita en Madrid esta semana.
«El camino elegido por España de negociar con los agentes sociales es una buena decisión. Pero esto no supone que las negociaciones estén abiertas ‘sine die’. Pasado un tiempo el gobierno debe decidir», agregó Gentiloni.
