Bolivia: la oposición levantó el paro tras la derogación de la ley antilavado
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y uno de los principales impulsores del paro, Rómulo Calvo, anunció la suspensión de la medida de fuerza pero advirtió que "la lucha debe continuar".
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y uno de los principales impulsores del paro, Rómulo Calvo, anunció la suspensión de la medida de fuerza pero advirtió que «la lucha debe continuar».
Las actividades volvieron progresivamente a la normalidad en Bolivia luego de que sectores de la oposición, comerciantes y transportistas levantaran un paro que duró nueve días hasta la derogación de una resistida ley antilavado. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció la suspensión de la medida de fuerza pero advirtió que «la lucha debe continuar». La misma decisión adoptaron los cívicos del departamento de Potosí, el otro epicentro de las protestas que el gobierno de Luis Arce evaluó como un nuevo intento de golpe.
Emergencia y cuarto intermedio
La oriental Santa Cruz, la región boliviana que encabezó las movilizaciones contra la anulada ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, decidió levantar las presiones aunque se mantiene en estado de emergencia. «Hemos conseguido este logro del pueblo, pero es sólo una batalla, la lucha debe continuar», indicó Rómulo Calvo en rueda de prensa.
«Levantamos el paro indefinido desde este momento y nos declaramos en emergencia y movilización permanente», anunció Calvo antes de insistir en que la administración de Luis Arce «ha salido derrotada» porque «no han logrado doblegar a un pueblo que valientemente defendió con firmeza y convicción su derecho».
La decisión de suspender el paro no fue bien recibida por ciertos sectores y, durante la noche del martes, grupos identificados con la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) cercaron el edificio que alberga al Comité Cívico Pro Santa Cruz para pedir la renuncia de Calvo, a quien tildaron de «traidor».
Por su parte, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) llamó a las autoridades a evitar la confrontación e ingresar a un «diálogo sincero, limpio y constructivo sobre una agenda nacional» porque la apertura hacia un «Estado autocrático» es el riesgo en caso de aprobarse proyectos y leyes de «dudosa constitucionalidad».
El tránsito en las calles cruceñas y la actividad económica se reestablecieron el miércoles luego del levantamiento del paro. Mientras tanto los cívicos de Potosí, el otro foco fuerte de las protestas, declararon un cuarto intermedio en sus movilizaciones hasta fin de año. Cabe recordar que en Potosí murió un campesino como consecuencia de los enfrentamientos entre cívicos y seguidores del MAS.
A pesar de la derogación de la ley 1386, algunos sectores en La Paz como la Asamblea de la Paceñidad adelantaron que se realizará una gran marcha a favor de la reposición de los dos tercios en las votaciones legislativas y el rechazo de algunas leyes en el marco del «regocijo» de la ley ya abrogada. En contrapunto, organizaciones sociales afines al gobierno también han convocado a cabildos y marchas en ciudades como El Alto, Santa Cruz y Chuquisaca en respaldo a la gestión de Arce.
Evaluación de pérdidas y nuevo proyecto
«Evaluamos las pérdidas causadas por el paro en algunas ciudades, y analizamos medidas para revertirlas», escribió en Twitter el presidente de Bolivia, Luis Arce, en una publicación en la que adjuntó fotografías de la reunión de gabinete ministerial de este miércoles. Por su parte, el expresidente Evo Morales aseguró: «Cada día, con esfuerzo y dignidad el pueblo trabajador derrota los afanes golpistas de cívicos racistas y derechistas que con paros violentos atentan contra la economía de Bolivia».
El gobierno boliviano promulgó en la noche del martes la norma que anula la ley 1386 y la publicó en la Gaceta Oficial, que era uno de los requisitos que exigían los sectores movilizados para levantar el paro. La medida de fuerza encarada por comerciantes, transportistas, cívicos y plataformas de opositores fue señalada por el gobierno como un nuevo intento de golpe de Estado similar al que se produjo durante la crisis de 2019.
De todas formas, algunas voces críticas dentro del oficialismo admitieron que lo que falló fue la «socialización» que debió hacer el Ejecutivo y los ministerios antes de la aprobación de una ley que la oposición consideró que atentaba contra las libertades ciudadanas. En esa línea, el gobierno boliviano aseguró que trabajará, en colaboración con los sectores pertinentes, en una nueva ley contra la regularización de las ganancias ilegales, cuyo borrador espera tener para diciembre.
