Villa Constitución: denuncian la puesta en venta de terrenos en área protegida del delta
Salvemos los Humedales asegura que la empresa holandesa Bema Agri está ofreciendo 10 mil hectáreas. Viejas denuncias sobre daño ambiental
Salvemos los Humedales asegura que la empresa holandesa Bema Agri está ofreciendo 10 mil hectáreas. Viejas denuncias sobre daño ambiental
Terraplenes, diques, y canalizaciones internas y almacenamiento de granos fueron detectados a lo largo de los años.
La agrupación Salvemos los Humedales Villa Constitución y la Multisectorial Humedales Rosario denunciaron la intención de la empresa Bema Agri de vender una porción de 10 mil hectáreas de islas frente a la ciudad del sur santafesino. Los terrenos forman parte de una extensión de 376 mil hectáreas declaradas «Reserva de Usos Múltiples» y es área natural protegida por Entre Ríos, provincia que tiene jurisdicción sobre la zona. Bema Agri fue denunciada en numerosas oportunidades por la construcción de terraplenes y endicados en zona de humedales, al punto que en 2018 la Justicia entrerriana le puso fin a sus actividades.
Desde la Multisectorial Rosario, Julieta Bernabé advirtió que «incluso, estamos viendo en venta otros campos en zona de islas, por lo que queremos investigar un poco más para ver si esto es generalizado».
«La empresa Bema Agri devastó un humedal y un bien común dejando a familias sin poder practicar sus artes tradicionales de subsistencia. Los habitantes más cercanos de la región fueron víctimas de las fumigaciones, y los que estábamos en las costas villenses, del humo. De más está decir que arrasaron con la biodiversidad del lugar y que lo único intacto que dejaron fue el desastre que provocaron», afirman las agrupaciones. Y abundan: «Este desastre ahora se vende por medio de una inmobiliaria que se llama Nordheimer y aparece en portales como Chacra.com y Agrofyp . Se vende el ecocidio con el mayor de los descaros y como si nada».
Desde las ONG destararon las características del campo que se pone en venta, algo que también fue chequeado por este diario: «24 kilómetros de terraplenes de gran altura, 25 kilómetros de caminos internos, 45 kilómetros de canales de drenaje, 25 mil horas de movimiento de suelo, estaciones de bombeo, silos, galpones y pista de aterrizaje». El costo estimado, aseguran, es de 15 millones de dólares. «Las tierras son ofrecidas por una inmobiliaria de Buenos Aires, pero la escritura de venta está en manos holandesas», afirman los integrantes del colectivo ambientalista.
Se ofrece además, dentro de las instalaciones, una «planta con cuatro silos de 120 toneladas y noria de 80 toneladas/hora, con descarga al barco; alteo de 2 hectáreas levantado 5 metros en altura para refugio (100 mil metros cuadrados de tierra). Su cota supera cualquier crecida cualquier crecida y permite tener un lugar seguro en caso de emergencia hidrológica para situar los animales y proceder su evacuación. Arriba de este alteo se construyó el galpón y los silos».
De hecho, en un aviso puede leerse, en rubro aptitud: «Muy buena isla para engorde, cría y recría por sus pasturas permanentes, pastosas, abundantes y de gran altura; 1.500 hectáreas aptas para siembra, 8.500 hectáreas con pasto natural. Posee habilitación de Senasa para exportación de carne del mismo ganado. Su perímetro se compone con ríos de buen calado (Los Laureles). Hasta en épocas de sequías su calado mínimo con el río bajo es de 10 metros. Siempre entra y sale el barco de hacienda o cereal».
Las 10 mil hectáreas a la venta «comprenden el área donde antes funcionaria Bema Agri, empresa multinacional holandesa con múltiples denuncias por daño ambiental», dice un informe de la ONG titulado «Sin ley de humedales…sigue la joda en el delta del Paraná». Y opina: «Hoy los holandeses pintan la fachada y ponen cartel de venta, alentando a los futuros compradores a continuar con actividades prohibidas y degradativas”.
Desde 2008
El conflicto con Bema Agri no es nuevo. Ya en agosto de 2008, La Capital publicaba bajo el título «Villa Constitución: advierten sobre un desastre ecológico en las islas», las primeras denuncias de vecinos y lugareños, quienes advertían que desde hacía «meses» estaban levantando terraplenes de más de cuatro metros de altura y hasta construirían canales para vaciar lagunas existentes y explotar la tierra con agricultura y ganadería. Se tratabade la misma multinacional holandesa.
«Estos extranjeros trajeron dos retroexcavadoras y tres tractores, todos flamantes, y están haciendo un movimiento de tierra gigantesco», describía un poblador isleño por esos días. «Aquí no queda más una nutria o un carpincho ni por casualidad, y si vacían las lagunas también va a afectar a la pesca. A eso hay que agregarle que están desmontando toda la zona, donde había árboles autóctonos», añadía el hombre con preocupación.
El terreno en cuestión, que ya dimensionaban en esa fecha en unas 10 mil hectáreas, está ubicado entre los arroyos Estévez, San Lorenzo y Los Laureles, en la zona conocida como Las Cuatro Bocas, a una media hora de navegación de Villa Constitución.
A fines de agosto de 2008, días después de la publicación de este diario, el gobierno entrerriano ordenó suspender la construcción ilegal de los terraplenes en la isla Irupé. Según detalló en un comunicado la Subsecretaría de Producción Agrícola, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de esa provincia, la situación «fue detectada por efectivos de la Policía victoriense, quienes tras confirmar que los propietarios del predio no estaban autorizados para realizar los grandes movimientos de tierra, elevaron el informe correspondiente».
Sin embargo, la empresa siguió explotando el lugar, y en 2015 este diario volvía a publicar un artículo sobre el almacenamiento de granos y oleaginosas en grandes silos construidos dentro del inmenso predio. La inundación de fines de ese año y principios del 2016 dejaron bajo el agua buena parte del emprendimiento, y en 2018 la Justicia frenó definitivamente la explotación en los terrenos. Los mismos que ahora están nuevamente a la venta. «Lo que vemos es que a pesar de que la Justicia se expidió, la venta de los terrenos son una clara oferta de continuidad del proyecto», advirtió Bernabé.
En el documento que emitieron al respecto, Salvemos los Humedales Villa Constitución y la Multisectorial Rosario hacen saber que con fecha 26 de noviembre se comunicaron con la Delegación de Islas de Entre Ríos para dar aviso de esta oferta inmobiliaria. Y que quedaron «a la espera de novedades». La referente de la entidad rosarina confesó que «no hubo hasta el momento una respuesta espontánea. Por eso, los próximos pasos será contactar abogados para ver si esto se puede parar jurídicamente», además de investigar otras posibles ventas en terrenos del delta.
“No podemos dejar de relacionar estos hechos con la necesidad urgente e imperiosa de una ley de humedales nacional que fije un piso mínimo de protección para estos territorios. Lamentablemente no se percibe voluntad política que haga vislumbrar un pronto avance. Hoy somos los ciudadanos los únicos guardianes de los bienes comunes que hacen a la calidad de vida de todos los argentinos”, cierra el escrito.
