Río Grande: Otros 2 años y 125 millones de pesos para concretar la expropiación
El Poder Ejecutivo promulgó la ley que amplió en 2 años el plazo para que concrete la expropiación de 65 parcelas ubicadas en la Margen Sur de Río Grande, y que fuera autorizada a fines de 2019
El Poder Ejecutivo promulgó la ley que amplió en 2 años el plazo para que concrete la expropiación de 65 parcelas ubicadas en la Margen Sur de Río Grande, y que fuera autorizada a fines de 2019. Los legisladores destinaron en el presupuesto 124,6 millones de pesos a tal fin.
Para cumplir con la expropiación de 65 parcelas ubicadas en la margen Sur de Río Grande que fuera autorizada a fines de 2019 por ley 1287, el Poder Ejecutivo contará con otros 2 años, ya que ese el nuevo plazo que prevé la ley aprobada por la Legislatura el 20 de diciembre de 2021 y promulgada el pasado miércoles 5.
La ley 1402 extendió por 2 años, contados a partir de la promulgación de la norma, el plazo establecido en la ley 421 para promover los juicios de expropiación, que era de 2 años, pero únicamente para el caso de las tierras declaradas de utilidad pública y sujetas a la expropiación dispuesta en la ley 1287. Además, en la ley de presupuestos 2022 se afectaron específicamente al pago de la expropiación de esas 65 parcelas de la sección K del departamento Río Grande 124,6 millones de pesos.
El 29 de noviembre de 2019 la Legislatura aprobó la ley que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación las inmuebles ubicados en la ciudad de Rio Grande, identificados catastralmente como Macizo 63, parcelas 5, 6, 8 a 11, 14 y 16; Macizo 64, parcelas 1 a 12, 20, 21, 23 a 25; Macizo 65, parcelas 1 a 9, 14 a 21; Macizo 66, parcelas 1 a 20; Macizo 68, parcela 1; y Macizo 69, parcelas 1, 2 y 4, todos de la Sección K, para “desarrollar un polo productivo de pequeña escala para la agricultura familiar, producción de animales de granja y otros subproductos”. Para cumplir con ese objetivo, la referida norma estableció que “los bienes expropiados serán cedidos a título oneroso a sus actuales ocupantes, regularizándose la posesión y la tenencia mediante el otorgamiento de los respectivos títulos”, y que “el precio de dichas transferencias deberá garantizar el recupero de los fondos invertidos por el Estado en la indemnización de las expropiaciones”.Para garantizar la concreción de ese polo productivo a pequeña escala se determinó que la subdivisión, mensura y deslinde de los predios deberá contemplar que “las chacras resultantes” cuenten con “una dimensión mínima de 2.500 m2 y una máxima de 10.000 m2”.De acuerdo al relevamiento realizado hace ya más de tres años por la Secretaria de Agroindustria y Pesca, existían en ese sector de la Margen Sur 347 chacras, de las cuales 182 se encontraban improductivas, 47 en estado de abandono y 165 con producción avícola, porcina u hortícola.
Se impuso además como condición que “los destinatarios de las parcelas, así como sus sucesores, quedan obligados a mantener el perfil productivo del sector, quedándoles prohibido ceder, transferir o arrendar la tierra o el establecimiento, por un plazo que se extiende hasta 20 años a contar desde el perfeccionamiento del título de propiedad”, como asía también que “los negocios otorgados en violación a esta prohibición son absolutamente nulos y generan para el cedente, transferente o arrendador la obligación de indemnizar al Estado provincial con una suma igual al doble de lo pagado hasta ese momento”.
