Chile: La Contituyente rechazó definir al país como “un Estado social y democrático de derecho”
Una de las normas más solicitadas por la población desde el estallido social volverá a la Comisión de Principios Constitucionales para que sea revisada, modificada en ciertos aspectos y luego enviada nuevamente para su votación.
Una de las normas más solicitadas por la población desde el estallido social volverá a la Comisión de Principios Constitucionales para que sea revisada, modificada en ciertos aspectos y luego enviada nuevamente para su votación.
El Pleno de la Convención Constitucional chilena rechazó plasmar en el borrador de la nueva Constitución un artículo que definía al país como “un Estado social y democrático de derecho” -una de las demandas del estallido social de 2019-, en reemplazo del rol subsidiario que le asigna la actual Carta Magna actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, que transfiere la provisión de servicios y derechos fundamentales al sector privado.
El inciso 1 del artículo fue rechazado tras no alcanzar el quórum de dos tercios, con 100 votos a favor (necesitaba 103), 47 en contra y 4 abstenciones, por lo que vuelve a la Comisión de Principios Constitucionales para que sea revisado, modificado en ciertos aspectos y luego sea enviado nuevamente para su votación en el pleno.
El inciso 2 y 3 de dicho artículo, que hablaban de “República Paritaria” y decían que el Estado debe garantizar el bienestar de las personas, la sociedad y la naturaleza, también fueron rechazados y volverán a la comisión para ser revisados.
La convencional de Independientes No Neutrales, Tammy Pustilnick, fue una de las que argumentó en contra de estos dos incisos y dijo que se debe aclarar que lo que debe ser paritario es la democracia, no la República.
El convencional del Colectivo Socialista Claudio Gómez, defensor del artículo, argumentó previo a la votación que aprobar el inciso en cuestión sería “el punto de partida para la satisfacción de los derechos sociales, garantizando el acceso a mínimos de bienestar y participación política”.
El rechazo al artículo 1 generó críticas de los propios convencionales y la opinión pública, debido a que esta era una de las normas más solicitadas por la población desde el estallido social y previo al plebiscito por una nueva Constitución.
El exvicepresidente de la Convención Jaime Bassa se mostró molesto por la decisión de rechazar el artículo y llamó a los colectivos que no se sumaron a que “reflexionen”, porque “es una declaración que construye el país desde la igualdad, desde los derechos sociales, desde el trabajo, desde la vivienda».
“¡De no creer! Se perdió el estado social de derecho, que permitía superar, por fin, el estado subsidiario herencia de Pinochet. Era empezar a dejar la Constitución del 80 atrás», publicó en Twitter la convencional del Frente Amplio Beatriz Sánchez, excandidata presidencial en 2017.
«De la derecha dura lo esperaba, pero no de la Coord. Plurinacional que venia a ‘cambiar las cosas’ «, agregó.
Todos los incisos rechazados en particular en el pleno deben volver a sus comisiones para ser revisados, mientras que los que ya fueron aprobados son parte del borrador de propuesta de la nueva Constitución, que deberá ser aprobado en un plebiscito de salida para pasar a ser de manera oficial la nueva Carta Magna.
Votaciones de esta jornada
Durante la jornada de este jueves se realizarán votaciones en las comisiones de formas de Estado, medio ambiente, sistema de justicia y derechos fundamentales, y el próximo miércoles se sesionará nuevamente en el pleno con normas que hayan sido aprobadas en las últimas semanas en cada comisión.
Actualmente en Chile está vigente la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Tras las movilizaciones y el estallido social de 2019, en las que se señalaba a Constitución como el origen de las desigualdades en el país, el 25 de octubre de 2020, mediante un plebiscito nacional, se aprobó por amplia mayoría la redacción de la nueva Constitución. Para ello se eligieron más 155 convencionales en mayo de 2021.
La Convención, cuyos miembros fueron elegidos de forma paritaria y con escaños reservados para pueblos indígenas, se instaló el 4 de julio pasado. El plebiscito sobre el nuevo texto se celebrará en el segundo semestre de 2022, ya durante el mandato de Gabriel Boric, que asumió la presidencia el viernes pasado.
