Castillo ante un escenario de revuelta social
El presidente Pedro Castillo enfrenta las primeras protestas populares contra su gobierno. El alza en los precios de los combustibles, peajes, alimentos e insumos para el agro, gatilló las protestas en diferentes regiones del país.
El presidente Pedro Castillo enfrenta las primeras protestas populares contra su gobierno. El alza en los precios de los combustibles, peajes, alimentos e insumos para el agro, gatilló las protestas en diferentes regiones del país. Gremios de transportistas y agricultores iniciaron las movilizaciones contra el incremento de precios, las que se extendieron a otros sectores ciudadanos. Bloqueos de carreteras, saqueos a comercios y enfrentamientos entre manifestantes y policías han puesto en jaque al gobierno. La violencia estalló el fin de semana y este lunes se agravó. Se han reportado cuatro muertos, pero el gobierno ha salido a aclarar que no han sido consecuencia de la acción policial. Un niño murió ahogado al caer a un río cuando corría para alejarse de un choque entre manifestantes y policías, dos personas murieron atropelladas en medio del caos y otra al no poder llegar a recibir atención médica de urgencia por uno de los piquetes que bloqueaban una vía.
El gobierno enfrenta esta crisis social a poco más de ocho meses que Castillo asumiera la presidencia en medio de la esperanza popular de cambio, la que se ha venido diluyendo, y cuando está debilitado por la guerra que desde el primer día le ha declarado la derecha y por problemas internos, como nombramientos cuestionados, denuncias de corrupción y un alejamiento de su programa original de cambios.
Ha sido la cuna del partido de gobierno Perú Libre (PL), la región andina de Junín, donde se inició la violencia. Una declaración del presidente Castillo hecha el viernes acusando a los dirigentes de la protesta de estar pagados para atacar al gobierno encendió la ira popular. “Se anuncian paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes y algunos cabecillas, es necesario decirles que pondremos orden en las próximas horas”, fueron las palabras de Castillo que incendiaron un escenario social que ya estaba muy cargado de carencias agravadas con la pandemia y las últimas alzas, frustración y rabia.
El sábado, el gobierno envió a la ciudad de Huancayo, capital de la región Junín, a siete ministros para dialogar con los huelguistas. La violencia se había extendido en esa ciudad, con saqueos y ataques a locales públicos. La casa en Huancayo del secretario general de PL, Vladimir Cerrón, fue apedreada. Ministros y manifestantes se reunieron en un coliseo, en medio de un gran desorden. Afuera continuaban los enfrentamientos y el olor a gases lacrimógenos penetraba hasta el coliseo. En el tumultuoso encuentro los representantes del gobierno, para buscar bajar el malestar, comenzaron poniendo en los parlantes las disculpas de Castillo por sus cuestionamientos a los dirigentes de la protesta. “Si en algunas de esas declaraciones hubo un malentendido y lo tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo, lo tengo que hacer mil veces”, fue la disculpa del presidente.
Para atender los reclamos por las recientes alzas de precios, el gobierno anunció una reducción de impuestos a los combustibles para disminuir su precio, que entró en vigencia desde este lunes, y la eliminación del Impuesto General a las Ventas (equivalente al IVA argentino) para alimentos básicos de la canasta familiar, como el pollo, huevos, harina, azúcar, fideos. Esto último debe ser aprobado por el Congreso. También se anunció el incremento del sueldo mínimo de 930 a 1 025 soles (de 248 a 273 dólares) a partir de mayo. Se acordó la revisión de los contratos de concesión de los peajes para enfrentar las recientes alzas, y la adopción de medidas para reducir el costo para los agricultores de los fertilizantes. Se firmó un acta al final de la tarde del sábado y se anunció el levantamiento de los bloqueos y movilizaciones. Pero no todos los dirigentes aceptaron lo acordado y en otros casos buena parte de las bases desconocieron lo firmado por sus dirigentes. En ese escenario, no hubo tregua, ni levantamiento de bloqueos. Por el contrario, el lunes la convulsión social se agravó, los bloqueos, la violencia y los saqueos se extendieron a diferentes regiones del país.
Este lunes, la Panamericana Norte y Sur, y la Carretera Central que comunica Lima con la zona andina, las tres principales vías de comunicación del país, estaban bloqueadas por piquetes de manifestantes. Los saqueos a comercios se repitieron en distintas ciudades. En Lima, mercados y tiendas cerraron por temor a los saqueos. Durante todo el día se dieron los enfrentamientos entre manifestantes y policías. Con la violencia y el caos en las calles y carreteras, representantes del gobierno se reunieron nuevamente con dirigentes de los huelguistas. Esta vez en Lima. El ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, uno de los negociadores, dijo que el gobierno reconocía y respetaba las demandas sociales, que estaban abiertos a seguir dialogando, pero advirtió que “no se van a tolerar los bloqueos”. El ministro anunció que a lo acordado el fin de semana se sumarán otras medidas para atender las demandas de los gremios en protesta, pero no anunció cuáles serían. Las negociaciones seguían. Al cierre, uno de los gremios de transportistas anunció el levantamiento de la protesta.
Las alzas de los precios de combustible y alimentos, impulsadas por la crisis producida por la guerra en Ucrania, han agravado hasta el límite de la resistencia la precaria situación de un importante sector de la población que ya estaba muy golpeado por la pandemia. Esa desesperación estalló en rabia contra el gobierno. La derecha, que culpa por el alza de precios al gobierno desconociendo el escenario internacional, busca subirse a las protestas sociales de los sectores populares, las que antes siempre ha criminalizado, para sacarles provecho en su afán de desestabilizar al gobierno. Lo hace después de haber fracasado en su convocatoria desde el inicio del gobierno a movilizaciones antigubernamentales con discurso golpista, que quedaron limitadas a Lima y con escasa convocatoria. Estas protestas populares de los sectores que han sido la base electoral de Castillo cambian el escenario en las calles, jaqueando al gobierno como la derecha golpista no ha podido hacer.
