El Congreso salvadoreño aprobó una iniciativa de Bukele que reduce la cantidad de municipios
El gobierno cree que la medida permitirá un ahorro de 250 millones de dólares. Para la oposición, solo busca profundizar el control territorial.
El gobierno cree que la medida permitirá un ahorro de 250 millones de dólares. Para la oposición, solo busca profundizar el control territorial.
El Congreso de El Salvador aprobó este miércoles una ley de reestructuración territorial que impulsó el presidente Nayib Bukele para reducir el número de municipios de 262 a 44 a partir de mayo de 2024, una iniciativa que según la oposición le permitirá al oficialismo profundizar su control en los gobiernos locales. La primera modificación territorial de El Salvador en 84 años se aprobó con el voto afirmativo de 67 de los 84 diputados del pleno, luego de casi seis horas de debate.
«Con supermayoría, la Asamblea Legislativa de El Salvador acaba de aprobar la Ley Especial para la Reestructuración Municipal. ¡Historia!», celebró Bukele en su cuenta de Twitter. El presidente del Parlamento, Ernesto Castro, explicó que el objetivo de la modificación territorial es «agilizar la coordinación de planes de desarrollo» y aseguró que es una acción que «se debió tomar hace décadas».
Cuando la ley entre en vigencia, dentro de un año, los municipios pasarán a ser distritos y quedarán agrupados por regiones en cada uno de los 14 departamentos. Según Castro, la reducción del número de municipios «permitirá un ahorro de 250 millones de dólares anuales» en las arcas del país, al reducirse las erogaciones en pago de varios gastos fijos que poseen los actuales municipios.
En un comunicado publicado en el sitio web del Parlamento, el órgano legislativo aseguró que los distritos no perderán sus oficinas administrativas y agregó que la medida no afectará la extensión de partidas de nacimiento, las tarifas de impuestos municipales ni otros servicios que prestan las comunas. Lo que si cambiará es la distribución de los concejales, que se distribuirán en función del número de habitantes.
Si bien la ley señala que no habrá despidos en las alcaldías, aclara que en mayo próximo se suprimirán los puestos de los miembros de aquellos concejos municipales que dejen de funcionar, aunque no aclara cuantas personas son.
Para el diputado opositor Jaime Guevara, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la reducción de municipios es «una táctica del gobierno por mantener el control territorial». Mientras que para el diputado Christian Guevara, jefe de la bancada del oficialista Nuevas Ideas, se trata de una decisión «histórica» que permitirá «destinar más fondos para la atención de las necesidades de la población».
Se extiende el estado de excepción
Además de la reestructuración territorial, el Parlamento aprobó el martes la decimoquinta prórroga del estado de excepción que rige desde marzo de 2022 y que permitió detener a unos 65 mil presuntos miembros de pandillas. El estado de excepción habilitó al gobierno salvadoreño a suspender ciertas libertades y garantías constitucionales, desplegando militares en las calles, extendiendo el plazo máximo de detención provisional de 72 horas a 15 días y prohibiendo el derecho a reunión.
La ONU y organismos humanitarios como Human Rights Watch o Amnistía Internacional alertaron sobre las «evidencias graves» de abusos a los derechos humanos desde que rige el estado de excepción. El gobierno, por su parte, hace oídos sordos a las críticas y se centra en las cifras de reducción de homicidios.
«Enero cerró con 22 días sin muertes a causa de la violencia y febrero lo hizo con 21 días. En marzo se registraron 20 días sin homicidios, mientras que en abril se acumularon hasta 24 días sin asesinatos, siendo el mes más seguro en la historia de El Salvador. Mayo cerró con 18 días sin asesinatos y junio acumula diez días», según la página web del Congreso.
Desde su llegada el poder, Bukele introdujo distintas reformas para poder llevar adelante sus planes. Con una asamblea de amplia mayoría oficialista, en marzo de 2021 destituyó a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al titular de la Fiscalía General del Estado. La semana pasada, el Congreso aprobó reducir de 84 a 60 los escaños en el órgano legislativo.
