Uruguay: avanza el negacionismo en las escuelas
El repudio de los docentes aumenta ante la decisión del gobierno de Lacalle Pou de denominar la violación de los derechos humanos por parte del Estado como una "suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos".
El repudio de los docentes aumenta ante la decisión del gobierno de Lacalle Pou de denominar la violación de los derechos humanos por parte del Estado como una «suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos».
La decisión del gobierno de Luis Lacalle Pou de eliminar el término «terrorismo de Estado» de uno de los programas educativos de historia del nivel secundario generó un revuelo en el ambiente académico uruguayo.
Los docentes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FeNaPES) estuvieron entre los primeros en reaccionar. A través de una publicación en redes sociales indicaron que no respetarán el cambio que propone el eufemismo «suspensión y avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos» para referise alterrorismo de estado de la dictadura uruguaya (1973-1985).
«Las cosas por su nombre. Al terrorismo de Estado le seguiremos llamando terrorismo de Estado. Y a los mentores de esta transformación regresiva: sepan que si no los despeina el viento los va a despeinar la historia», declaró el sindicato.
Todo comenzó días atrás cuando la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU) dio a conocer la modificación aplicada por la ANEP, el organismo rector de la enseñanza en Uruguay, sobre el programa de Primer Año de Educación Media Superior. La asociación remarcó en un comunicado que no se trata de un cambio inocente y que en 2022 se dio la misma discusión hasta que las autoridades dieron marcha atrás ante el rechazo de los profesores.
«La Comisión Directiva entiende fundamental denunciar estas modificaciones en los nuevos programas de Historia, que configuran intervenciones de carácter político e ideológico. Condena estas decisiones, que afectan el abordaje del pasado reciente, alejando los contenidos de los programas de la producción historiográfica nacional e internacional, y que, en última instancia, lesionan la condición laica y científica de la enseñanza de la Historia», manifestó APHU.
Reescribir la historia
En diálogo con PáginaI12, el secretario general de FeNaPES, Emiliano Mandacen, señaló que la eliminación del término es un intento claro de reescribir la historia por parte del bloque de poder hegemónico y justificar lo ocurrido en la dictadura, deslegitimando la importancia de hacer memoria. Según él, esto enmarca la historia reciente del país dentro de la teoría de los dos demonios y está asociado a un proceso de reconstrucción y realineamiento de la derecha a nivel global. «Se busca instalar en las nuevas generaciones que el capitalismo es un sinónimo de libertad y que cualquier proceso de izquierda es sinónimo de totalitarismo», apuntó.
Silvana Harriett, historiadora y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), explicó a este diario que el concepto de «terrorismo de Estado» tiene un gran consenso historiográfico dentro de la comunidad académica en los abordajes de la dictadura uruguaya y es clave para el análisis de la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado en ese periodo. «Como dijo el historiador Carlos Demasi en muchas de sus intervenciones públicas: eliminar ese concepto es querer de alguna forma suavizar una cierta perspectiva sobre la dictadura en cuanto a las violaciones de los derechos humanos o distribuir la responsabilidad de esos actos entre los actores políticos, cosa que conceptualmente tampoco corresponde», afirmó.
El historiador, politólogo y presidente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, Gerardo Caetano, manifestó que el reemplazo del término es inaceptable e implica un alejamiento no fundamentado del consenso historiográfico mencionado por Harriett. «El terrorismo de Estado no es solamente un desborde de la represión, sino que forma parte de todo un proyecto ideológico que busca congelar a las sociedades, impedir cualquier protesta social, a los efectos de establecer políticas de ajuste y grandes reformulaciones en las políticas públicas», precisó.
Caetano también estimó que la negación del concepto por parte de la coalición de gobierno se explica en términos electorales. «Capturar al electorado de ultraderecha, que tiene perspectivas más bien negacionistas sobre la dictadura, no deja de ser importante aunque sea un sector minoritario», destacó. Como ejemplo, mencionó que esta semana el senador, líder de Cabildo Abierto y precandidato a la presidencia de Uruguay, Guido Manini Ríos, sostuvo en un acto partidario que las Fuerzas Armadas son un freno frente al accionar de lo que considera instituciones antidemocráticas, como la central sindical única de Uruguay, el PIT-CNT.
Uruguay bajo el Régimen Militar
Durante la dictadura uruguaya desaparecieron 197 personas y miles debieron exiliarse. Esto se produjo en el marco del Plan Cóndor de represión ilegal coordinada entre las dictaduras de América del Sur bajo el impulso de Estados Unidos para combatir los movimientos revolucionarios de la década de 1970. Harriett remarcó que algunas de las características comunes de esta operación regional fueron el ejercicio de prácticas represivas terribles para la sociedad, que iban desde la prisión política a la desaparición de personas, la tortura y el asesinato político. «Son dictaduras basadas en la doctrina de la seguridad nacional como cuerpo ideológico, lo que implica un ensalzamiento de la seguridad como valor supremo», detalló la historiadora.
También dijo que fue una dictadura que promovió desde su equipo económico prácticas de carácter neoliberal, en sintonía con EE.UU. y los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, aunque no terminó de liberalizar totalmente la economía al mantener algunas empresas públicas.
Caetano agregó que en ese periodo las políticas económicas de la dictadura generaron una pauperización muy grande de la sociedad uruguaya y una transferencia de recursos muy grande entre los sectores bajos y medios hacia los sectores más ricos. «En la primera medición de pobreza de 1986, apenas un año después del fin de la dictadura, la sociedad uruguaya mostraba un índice nunca antes ni nunca después alcanzado: un 46% de la población por debajo de la línea de pobreza», describió.
Hacer memoria
Para el secretario general de FeNaPES, hacer memoria sobre ese periodo es una parte importante del aprendizaje de una sociedad para que estos procesos no se vuelvan a repetir en el futuro y considera que los centros educativos son fundamentales para alcanzar ese objetivo. «Hacer que una sociedad sea huérfana de su pasado reciente es condenarla al olvido», expresó Mandacen.
En la misma línea, Harriett sostiene que enseñar sobre la dictadura cívico-militar a niños y adolescentes es clave para la defensa de la democracia. «La democracia es una construcción frágil que hay que cuidar y tiene que ver con el respeto a los derechos individuales, el diálogo, la negociación, el respeto entre los actores políticos y sociales» subraya la historiadora. «Una sociedad puede llegar efectivamente a vivir en un régimen represivo dictatorial si no cuida la democracia. Para las nuevas generaciones tomar conciencia de esto es muy importante», añade.
Caetano coincide en la importancia de aprender de los hechos del pasado, pero piensa que los docentes no acatarán el reciente cambio en el programa educativo. «Un porcentaje enorme de ellos seguirán reconstruyendo la dictadura desde principios de verdad, lo cual los llevará a referir al concepto de ‘terrorismo de Estado’ y tendrán la responsabilidad de explicar a las nuevas generaciones lo que vive una sociedad en una situación así», afirma el historiador y politólogo. «Estas visiones que tienden a amortiguar lo que pasó durante la dictadura y a negar la práctica sistemática de terrorismo de Estado, con todo lo que eso implica, vuelven al ruedo. Pero desde mi oficio de historiador apuesto a que fracasarán», asegura.
