Inequidades del sistema previsional: El costo que todos los santafesinos pagan para 2,8 % de la población
La reforma definirá -incluso a igualdad de derechos y condiciones- cuánto ponen de sus bolsillos los que cobran menos para financiar a quienes perciben más.
07/08/2024 POLÍTICALa reforma definirá -incluso a igualdad de derechos y condiciones- cuánto ponen de sus bolsillos los que cobran menos para financiar a quienes perciben más.
La provincia de Santa Fe tuvo que poner de sus recursos fiscales $1,3 millón promedio por cada beneficiario de su sistema previsional, lo que totaliza el 5% de su gasto primario total. Eso lo financia -por afuera de los aportes propios del sistema- el conjunto de los santafesinos con sus impuestos; el beneficio es para el 17% de los jubilados que viven en la provincia (2,8% de la población total) y cobran en la Caja provincial. En 2023 percibieron un promedio de 603.762 de haber promedio.
Los santafesinos que cobran en el Sistema Integrado Previsional Argentino (lo que comúnmente llamamos en la Anses) representan el 79,2% del total de los jubilados que viven en la provincia (13,1% de la población total) y percibieron a diciembre un beneficio de $198.143 pesos (incluye contributivos) a diciembre de 2023.
La inequidad manifiesta entre aportantes y beneficiarios -a igualdad de derechos pero en distintas cajas- se agrava si se considera que entre los beneficiarios de la caja previsional santafesina, el haber promedio del Poder Judicial fue de $2,8 millones (siempre a diciembre del pasado año) para un subsegmento que no discute salarios en paritaria propia sino que parte de bases relativas siempre superiores y está «enganchado» al sistema nacional, sea que el Tesoro santafesino tenga o no recursos para pagar salarios, aportes y beneficios del sector.
Los datos surgen de distintos estudios del Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal de Inversión (CFI).
El fenómeno no es sólo santafesino. «El financiamiento de una parte de estos haberes implicó transferencias de recursos equivalentes al 3,5% del gasto en la PBA, 5,0% en Santa Fe y 7,8% en Córdoba. Los subsidios representaron entre $1 millón por beneficiario por año en la PBA, $1,3 millones en Santa Fe y $1,9 millones en Córdoba; equivalentes a 5,7 AUH anuales en la PBA, 7,4 AHU en Santa Fe y 10,7 AUH en Córdoba».
El comparativo es del profesor Hugo Bertín, docente de Economía de la Seguridad Social en las universidades de La Plata y Rosario, miembro del Centro de Estudios de la Seguridad Social, FCE-UBA.
La comisión legislativa de Análisis Previsional en Santa Fe ultima por estas horas su informe al gobernador respecto de la reforma bajo análisis, que procura atemperar el déficit de la Caja -$130 mil millones en 2023- sin contar con los millonarios recursos que Nación le debe a la provincia para cubrir parte de ese rojo fiscal.
Problema fiscal e intergeneracional
¿Cómo lograr beneficios justos, compatibles con las cuentas santafesinas sin sobreexigir al 97,2% de los santafesinos que no son ni serán beneficiarios directos del sistema , entre ellos a los jubilados nacionales santafesinos que cobran un tercio de sus pares provinciales?
El desafío de los legisladores no está sólo en la ecuación fiscal del sistema provincial. Involucra a toda la población y es además intergeneracional. «La Caja tiene un déficit previsional crónico como consecuencia de la existencia de parámetros más laxos que el SIPA y una relación entre los activos y pasivos que se viene deteriorando en los últimos años; los efectos de la insuficiencia de recursos propios no se podrán menguar a menos que medie una reforma paramétrica que los adecue al proceso de envejecimiento poblacional», ha advertido Bertín.
El dato interpela en especial a los docentes del sector público santafesino. «La feminización de la base de pasivos provinciales (69% del total), en especial en el subsistema de docente (38,4% del total), contribuye a una mayor duración promedio de la permanencia de los beneficios, en virtud de su mayor esperanza de vida y la menor edad a la cual pueden acceder al sistema», señaló el especialista en su informe.