Bolivia: la crisis económica y la minería ponen en peligro a los pueblos indígenas
Líderes indígenas e investigadores están preocupados por el avance de la minería, ya que el Gobierno de Bolivia apuesta por la extracción para impulsar la economía y el suministro de combustible
En noviembre de 2024, el columnista de Bloomberg Juan Pablo Spinetto calificó la situación económica de Bolivia como una «tragedia». En un análisis basado en cifras y hechos concretos, como la escasez de dólares y combustibles, Spinetto describió el futuro del país en tres palabras: «devaluación, impago y caos».
El artículo de opinión de Spinetto causó revuelo en los medios bolivianos, pero, en los cinco meses transcurridos desde entonces, sus predicciones se han cumplido en gran medida. Aunque no ha habido una devaluación oficial de la moneda, debido al tipo de cambio fijo de 1 dólar estadounidense por 6.96 bolivianos (BOB), los bancos han impuesto elevadas comisiones y los tipos de cambio en el mercado autorizado de criptomonedas de Bolivia han alcanzado los 12 BOB por dólar.
El origen de la crisis está en la «decadencia del sector del gas natural», dijo el economista Gonzalo Chávez en septiembre pasado. Hasta 2014, el Estado percibía U$ 5489 millones al año por la exportación del hidrocarburo. A partir de entonces, la producción empezó a bajar, llegando a US$ 1635 millones en 2024, por diversos factores. Los más citados: menor demanda de los principales mercados, Brasil y Argentina, y el declive en las reservas.
A ello se sumó la decisión de mantener un tipo cambiario fijo, de 6.9 BOB por dólar, y el aumento significativo de la deuda pública debido a los subsidios tanto a combustibles como a alimentos.
En Bolivia, el diésel y la gasolina se compran a precio internacional (US$ 1.2 el litro, aproximadamente) y se venden internamente en 3.74 y 3.72 BOB (US$ 0.54), el litro, respectivamente. Esta situación se mantiene desde 2004, y el gobierno ha absorbido el aumento de los costos del petróleo desde entonces.
Como consecuencia de todo esto, desde 2023 el país atraviesa una escasez de dólares que se ha profundizado al extremo de no poder proveer combustible porque no puede pagar a las empresas que lo venden.
La respuesta del presidente Luis Arce en cuatro años de gestión, que terminan este 2025, ha sido apostar por la construcción de plantas de producción de biodiésel, en un esfuerzo por reducir la necesidad de subsidios a los carburantes.
Arce también relanzó el proyecto de explotación de litio para aprovechar el auge de la demanda de este metal para la transición energética mundial y anunció la exploración de nuevos pozos petroleros, incluso en Parques Nacionales, para revertir la baja producción de hidrocarburos, entre otras medidas.
Hasta ahora, los resultados no han sido los esperados, debido a que la única planta de biodiésel está lejos de sustituir las importaciones de combustible. El proyecto del litio tampoco arranca, debido a observaciones a la rentabilidad y el impacto ambiental; mientras que la exploración petrolera es rechazada por la vulnerabilidad de los ecosistemas.
En respuesta, el gobierno asegura que estos proyectos contribuirán a mejorar sus ingresos, pero los pueblos indígenas del país afirman que son ellos quienes siempre terminan pagando el precio.
Recursos naturales en la mira
Para Ruth Alipaz, indígena del pueblo Uchupiamona en la Amazonía boliviana, la respuesta de Arce es la que siempre eligen los gobiernos frente a crisis como la detallada.
«Acuden a la extracción de recursos naturales», dice a Dialogue Earth la lideresa, reconocida por la defensa de su territorio frente a la minería ilegal del oro, la contaminación con mercurio de los ríos y la construcción de hidroeléctricas que amenazan con inundar zonas. Ella recuerda que antes de la creación áreas protegidas, se acudió al petróleo y la minería del estaño en tierras altas (Altiplano), a la goma y la extracción de madera en los años 90, al gas natural en los 2000, y ahora a la minería del oro y la introducción de palma africana en la Amazonía.
«Es un patrón que se repite y los pueblos indígenas pagamos el alto costo: pérdida de nuestros territorios y nuestros medios de vida», dice Alipaz.
En Bolivia, la minería ha sido una de las principales fuentes de ingreso desde la época colonial. Sin embargo, las regalías que deja -3%, según la Ley de Minería-, no se ven reflejadas en la economía. Una de las razones es que gran parte de la producción de minerales (55%) está en manos de asociaciones de mineros conocidas como cooperativas. Ninguna paga impuestos sobre utilidades, al considerarlas «entidades autónomas sin fines de lucro», explica una investigación de la Fundación Jubileo.
«Lo que sí deja son daños ambientales, contaminación, deforestación y afectación a derechos», apunta Alfredo Zaconeta, investigador sobre el tema en el Centro de Estudios Laborales y de Desarrollo Agrario (Cedla).
Riqueza económica versus riqueza natural
En su análisis, Zaconeta advierte que la minería «no es algo de lo que podamos prescindir». Pero sí una actividad que requiere una discusión que involucre no solo a los mineros, como sucede actualmente, sino también a la academia, la sociedad civil «y a los afectados en zonas donde la minería es algo más atentatorio que beneficioso».
Los proyectos extractivos han sido durante mucho tiempo objeto de críticas por parte de la sociedad civil y los grupos indígenas por la falta de participación genuina en los proyectos, la falta de acceso a la información o el acceso a información sesgada. Esto ha generado un sentimiento de desconfianza y rechazo entre las comunidades indígenas y campesinas, tanto dentro como fuera de las zonas ricas en minerales, como los salares de Uyuni y Pastos Grandes en Potosí, y Coipasa en Oruro.
Estos extensos mares de sal han sido señalados por el gobierno boliviano para emplazar plantas industriales de EDL (Extracción Directa de Litio), con el fin de explotar el recurso y venderlo con valor agregado. Esto debido a que juntos suman una de las mayores reservas de litio en el mundo (23 millones de toneladas cuantificadas).
En Bolivia se han establecido varios marcos jurídicos importantes para la protección del medio ambiente, los pueblos indígenas y su derecho a la información y la consulta. Entre ellos figuran la Ley de Medio Ambiente y la Ley para la Protección de las Naciones y Pueblos Indígenas en Situación de Alta Vulnerabilidad. La primera establece los derechos ambientales y la participación de las comunidades tradicionales en las cuestiones relacionadas con el desarrollo y el uso de los recursos naturales en sus tierras; mientras que la segunda se centra en la protección y las salvaguardias para los grupos expuestos a amenazas a su territorio y a su modo de vida, incluido el uso de los recursos. Bolivia también ha ratificado el Acuerdo de Escazú, el tratado latinoamericano sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental.
En noviembre pasado, la compañía rusa Uranium One Group firmó un contrato para construir una planta industrial de carbonato de litio, componente clave para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, en Pastos Grandes. Se firmó otro acuerdo con Hong Kong CBC, un consorcio chino formado por el gigante de las baterías CATL y su filial Brunp, además de la empresa minera CMOC, que construirá otras dos plantas en el Salar de Uyuni. Por el momento, estos contratos están paralizados en el Congreso boliviano, a la espera de la documentación «completa y legalizada», refiere una nota de prensa local.
