Los números finos y la ficha limpia
La caída de Ficha Limpia en el Senado de la Nación impactó de lleno en la previa electoral de la ciudad de Rosario donde se renovarán concejales el próximo 29 de junio.
La caída de Ficha Limpia en el Senado de la Nación impactó de lleno en la previa electoral de la ciudad de Rosario donde se renovarán concejales el próximo 29 de junio. El proyecto de ley hecho a medida para excluir a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de una potencial candidatura nacional, naufragó por la profunda interna abierta entre La Libertad Avanza y el PRO de Mauricio Macri, también en una previa electoral caliente en la ciudad de Buenos Aires. Pero aquí los cruces cambiaron de nombres aunque mantienen la intención de debilitar al rival en el camino a las urnas.
Así el intendente Pablo Javkin desempolvó un clásico antikirchnerista que le rindió en contiendas pasadas: Apuntó contra los sectores que festejaron que la medida no haya visto luz verde. «Son los mismos que le ponían Wi-Fi a los presos para que mandaran a matar rosarinos”, afirmó. Y agregó para que no quedaran dudas acerca de los destinatarios del mensaje, “festejan ellos y festejan sus socios, los viejos y los nuevos”. Es decir, Ciudad Futura, Juan Monteverde que le ganó las PASO a Carolina Labayru, la candidata del intendente.
Precisamente, la funcionaria también arremetió en redes sociales. “Da asco ver al kirchnerismo festejando porque se cayó Ficha Limpia. Ojalá no ganen nunca más en ningún lado”, escribió en X la candidata a concejala del oficialismo. Fuerte y al medio.
Pero no hubo consecuencias por el debate para Juan Pedro Aleart, candidato libertario a concejal que también se llevó una buena cosecha de votos en las primarias de abril. Ni siquiera tras conocerse la confesión del jefe político de Misiones, Carlos Rovira, que admitió conversaciones sobre el tema con el presidente Javier Milei para que los dos senadores de esa provincia inclinaran la votación hacia el rechazo de la Ficha Limpia.
En la provincia la cuestión no tuvo tanta repercusión. Aplacadas las aguas electorales tras la compulsa de candidatos a convencionales constituyentes, no hay necesidad de confrontar con el peronismo ni mostrar los dientes hasta el 2027, cuando venga la pelea de fondo por la Casa Gris. Pero la cuestión se metió en la agenda de la reforma constitucional cuya asamblea comenzará formalmente las discusiones el 14 de julio.
El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, que votó junto a todo el peronismo por el archivo de Ficha Limpia en la Cámara alta nacional aseguró que lo que se vió por ahora como proyecto para limitar candidaturas en Santa Fe de personas con asuntos pendientes con la justicia “es mucho más razonable” que lo presentado por el PRO a nivel nacional. Y admitió que como convencional constituyente estaría dispuesto a apoyar la medida que quedaría impresa en la nueva Carta Magna provincial.
Otra cosa es la gestión
Lejos del ruido electoral, esta semana Javkin presentó públicamente su «rendición anual de cuentas», donde es posible apreciar el enorme daño que las políticas nacionales le están haciendo a Rosario. «Por cada 100 pesos que los rosarinos pagamos en impuestos, solo 5 pesos vuelven a la ciudad», reprochó. Y consideró concluida una etapa de «déficit y endeudamiento», y abogó para que los municipios tengan voz y voto en la reforma impositiva por venir.
En un extenso powerpoint se pudo apreciar que la contribución de la población y la economía rosarina por impuestos nacionales ascendió el año pasado a 1.974.560 millones de pesos. La contracara de esa tributación fue la coparticipación federal que le tocó a esta ciudad: 104.353 millones de pesos de regreso, el 5%. Al respecto, el jefe municipal dió un ejemplo contrafáctico: «Si al menos devolvieran el 14%, se podría, por ejemplo, eliminar el Derecho de Registro e Inspección que hoy pagan miles de comerciantes».
También destacó que su gestión pudo “reducir la deuda municipal en 407%, estabilizar las cuentas y dejar de financiarnos con deuda para gastos corrientes». Y en contraste, consideró que «Rosario tiene el plan de obras más ambicioso de los últimos 50 años», mérito que atribuyó al ordenamiento contable que hizo antes. Le puso un número: 12 mil millones de pesos, aseguró, lo que llegaría a representar el año próximo un nivel de 11,9% del gasto destinado a ese área.
Ante una eventual reforma fiscal, Javkin propuso coparticipar el Impuesto al Cheque, por el que Casa Rosada recaudó $9,4 billones el año pasado y no distribuyó nada a provincias. Asimismo, planteó que el Impuesto a los Combustibles sea suprimido o, de lo contrario, coparticipado. Para Rosario –aventuró– podría equivaler a 5.000 millones de pesos anuales extra. Por esa carencia, el año pasado Javkin impuso lo que llamó «tasa de mantenimiento vial», aplicado a los combustibles en la ciudad.
Mi querido tribunal
La noticia pasó casi desapercibida -salvo para Rosario/12-, pero no por eso es menos importante. Esta semana la flamante Cámara de Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, que integran los jueces Mario Guedes, Valeria Haurigot y Horacio Pueyrredón consideró que las restricciones legales a la libertad condicional y asistida para reincidentes y condenados por ciertos delitos graves, no violan la Constitución ni los tratados internacionales.
El fallo surgió a partir de una consulta elevada por el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, quien pidió una opinión consultiva sobre la validez de los artículos del Código Penal y de la ley nacional 24.660 que limitan esos beneficios. El ministro del gobernador Maximiiano Pullaro impulsa una línea de endurecimiento en el régimen de ejecución de penas.
Según el Defensor Penal rosarino Martín Riccardi, entrevistado por el periodista de este diario José Maggi, «no existe en ningún lugar de la justicia argentina, la facultad ni de un juez, ni de una cámara , ni siquiera de la Corte, de realizar una opinión consultiva de nada. Por eso lo que hicieron es inconstitucional, y de hecho nosotros le dijimos que por más que el legislador lo haya regulado en la nueva ley de ejecución penal, esa regulación es inconstitucional y dejamos hecha la reserva para r a la Corte». Luego de esto, Riccardi ya no emitió más opiniones públicas ni tampoco lo hizo su superior, Estrella Moreno Robinson que es la Defensora Provincial del Servicio Público de Defensa Penal.
Por Leo Ricciardino
